Las medidas de los actuarios también bloquean la tenencia de menores

Pensiones alimenticias están trancadas por conflicto judicial

Pensiones alimenticias sin resolver, tenencias de menores y prestaciones sociales trancadas. Estas son solamente algunas de las situaciones que se repiten hoy en los juzgados, según Juan Pablo Pío Guarnieri, responsable del programa Consultorios Jurídicos en el Interior del País.

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Actuarios. Desde el año pasado mantienen medidas

Los ejemplos que plantea el abogado surgen, a su entender, del actual conflicto que mantienen los funcionarios del Poder Judicial con el Estado. Los actuarios son los únicos funcionarios que actualmente sostienen medidas de protesta y los expertos temen por el cuello de botella que se va a generar cuando el conflicto caiga.

Consultorios Jurídicos atiende unas 4.000 consultas anuales y, según Pío Guarnieri, hoy existen trámites por tenencias de menores trancados desde 2014.

"Los más afectados son los de siempre", dijo el experto, argumentando que las personas de bajos recursos y sin contactos son los mayores perjudicados del conflicto. Dijo, por ejemplo, que el conflicto impide que madres reciban pensiones alimenticias para sus hijos, ya que los empleadores no descuentan dinero de los salarios de los padres sin la notificación de los actuarios.

"Una vez fijadas y comunicadas (las pensiones) al empleador, el proceso se paraliza y por más que resulte necesario que se fije cuanto antes la pensión definitiva, ello se posterga indefinidamente", coincidió por su parte el presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello.

"También en el caso del régimen de visitas cuando el acceso a los niños es obstaculizado por la madre o padre tenedor, como en el de las autorizaciones de viaje o las autorizaciones para radicarse en el extranjero de niños o adolescentes, que pueden ser urgentes, se generan demoras que causan serios perjuicios con consecuencias que pueden ser irreversibles", agregó.

Selección.

El presidente del sindicato de actuarios, Diego Pardo, dijo ante la Comisión de Hacienda de Diputados —convocado por el diputado Ope Pasquet— que "todo lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias se atiende". "Los niños no pueden ser vulnerados en sus derechos", afirmó, contradiciendo la versión de Pío Guarnieri.

El problema se genera con la utilización del criterio del actuario como variable para decidir qué trámite se firma.

En asamblea, la Asociación de Actuarios definió medidas que, a su criterio, son muy precisas.

No se realizan ni notificaciones ni citaciones, lo que frena todas las audiencias judiciales. En los juicios en los que el Estado tiene algún interés no se hace ninguna actuación. En los casos de los juzgados de Aduanas se tramitan ocho expedientes por día y en los de la Central de Notificaciones de Montevideo se procesan 150 diarios.

Pero queda a criterio de cada funcionario si se realiza una excepción. Esto hace que reine la incertidumbre y que, como clarifica Pío Guarnieri, hay audien-cias que son prorrogadas hasta cuatro veces por ausencia de notificación.

"Esto coloca en una situación de absoluta incertidumbre a los justiciables sobre cuándo y de qué manera podrán ejercer sus derechos. Además, se ve afectado el principio de igualdad", opinó el presidente del Colegio.

Penal.

Durante la convocatoria en la Comisión de Hacienda, Pardo fue consultado específicamente cómo se están cumpliendo las medidas en lo referente a la materia penal. Pasquet manifestó preocupación sobre el cumplimiento de las libertades condicionales y la correcta diligencia de pruebas para que se cumpla con los procesos judiciales.

Un juez penal dijo a El País que su sede está "prácticamente paralizada". "Se vulnera en forma flagrante la igualdad de las personas, todas tienen derecho a un proceso en tiempo razonable. Me parece una barbaridad", opinó el magistrado. "En materia penal, las libertades se cumplen y nunca se dejaron de cumplir", aclaró Pardo. "Por otro lado, si el juez entiende que el actuario no hace la excepción y está convencido de la realización de la audiencia, también puede hacer la notificación". "No hay gente perjudicada en sus derechos básicos y fundamentales, simplemente los expedientes tienen un trámite más lento", dijo.

Sindicato: "Cuatro años de paciencia".

La Asociación de Actuarios mantiene las medidas de protesta y mañana lunes se reunirá en asamblea para definir el camino a seguir.

"Me gustaría saber si en la historia gremial del Uruguay hay algún otro gremio que haya tenido cuatro años de paciencia", dijo el sindicalista Diego Pardo, argumentando que el gremio inició las movilizaciones el 17 de noviembre, mientras el conflicto comenzó en 2010.

Los actuarios solicitaron en cinco oportunidades, según Pardo, un encuentro con el presidente Tabaré Vázquez. Fueron recibidos por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien les advirtió que deben resolver el conflicto en la órbita del Ministerio de Trabajo. Ernesto Murro, por su parte, pospuso la reunión fijada para el pasado jueves. "Tengo mis dudas que el Ministerio esté empapado en el conflicto", dijo Pardo.

Conflicto interno y contra el estado.

El conflicto por el reclamo de 26% de aumento que enfrascó a la Asociación de Funcionarios Judiciales se vio empañado en los últimos días por fuertes disputas internas del sindicato, el que debe definir si apela la sentencia de primera instancia. Los judiciales piden retroactividad desde 2011. La Justicia condenó al Estado a pagar lo adeudado desde 2012. En medio de este dilema, el sindicato debe enfrentar también la renuncia de dos comisiones internas y un llamado adelantado a elecciones, luego de que se detectaran irregularidades en el manejo de dinero. La Comisión Fiscal, una de las renunciantes, presentó un informe que da cuenta de facturas inválidas, viáticos no autorizados y falta de aportes al Banco de Previsión Social. La directiva no aceptó el informe y en asamblea se solicitó una auditoría interna. El clima distrae del conflicto con el Estado. El reclamo de los funcionarios judiciales surgió porque la ley de Presupuesto vigente desde 2011 dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio. Pero los judiciales van "enganchados" con los jueces.

El gobierno de José Mujica dejó sin efecto el aumento a los funcionarios mediante una ley que, a su vez, fue declarada inconstitucional. Al año siguiente el Ejecutivo volvió a "desengancharlos" mediante una Rendición de Cuentas, lo que también fue declarado inconstitucional. Por otro lado está la Ley 19.310 que les otorga 8% de aumento. Para esta se presentó un recurso de inconstitucionalidad.

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