En 35 pedidos de informes recibidos este año, el Ministerio de Industria solo respondió dos. El Ministerio de Salud Pública contestó 14 de 40y Vivienda 9 de 39. En 367 pedidos realizados este año por legisladores a la Administración Central y organismos de contralor, solamente fueron respondidos 107, es decir, el 30%.

El diputado nacionalista Pablo Abdala considera que es un porcentaje "bajísimo" para uno de las tres herramientas de contralor que tiene el Parlamento sobre la gestión pública (las otros son los llamados a sala y las comisiones investigadoras). Abdala presentó ayer un proyecto de ley que pretende "ampliar el elenco de las entidades públicas a las cuales se puede dirigir la consulta, incluyendo a la Presidencia de la República, Servicio Civil y Planeamiento y Presupuesto".

Entiende que Presidencia ha ido incorporando competencias y concentrado poder, por lo que se hace necesario instrumentar un mayor contralor de esas actividades por parte del Parlamento.

Por otra parte, el proyecto de ley propone acortar los plazos para responder que rigen en la actualidad. Abdala entiende que esos plazos son "por demás extensos y que, la mayoría de las veces, las respuestas se producen alejadas de los hechos o inquietudes que motivaron el pedido de informe, si es que acontecen. Sin perjuicio, se mantiene la triple instancia que hoy tiene la Administración para contestar, pero reduciendo el plazo de 45 días hábiles a 30 y los de 30 días hábiles a 15, para lograr así una mayor celeridad en el trámite y un mayor compromiso del Poder Ejecutivo".

Abdala dijo a El País que los legisladores necesitan de los pedidos de informes y los ministerios no cumplen con las respuestas como debieran hacerlo dado que se trata de una obligación que está consagrada en la Constitución. "Necesitamos rapidez y cumplimiento", dijo.

Abdala pide cambios