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Partidos reclaman solución para deudores del BHU

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Deudores se dicen buenos pagadores y se sienten discriminados. Foto: Archivo El País

BUSCANDO UNA SALIDA

La 711, blancos y los independientes quieren salida para 23.000 familias.

En el sistema político algunos actores comienzan a hacerse eco de la situación de alrededor de 23.000 familias deudoras del Banco Hipotecario (BHU) y, en menor medida de la Agencia Nacional de Vivienda, cuyas cuotas, al ajustarse tomando en cuenta la Unidad Reajustable (UR) que varía en función del Índice Medio de Salarios (IMS) y no por la inflación, ponen una fuerte presión sobre sus finanzas. Es que si bien la inflación se ha desacelerado y ha convergido al "rango meta" establecido por el gobierno, los salarios han subido mucho más. La inflación se ubicó en los doce meses cerrados a octubre en 6,04% (el rango establecido por el gobierno va de 3 a 7% anual). El IMS creció en el mismo lapso un 9,5%.

La lista 711, que responde al exvicepresidente Raúl Sendic, ha tomado la bandera del reclamo en las últimas semanas. El diputado Felipe Carballo, de este sector, dijo a El País que lo ideal sería cambiar el criterio de ajuste de la cuota, pero que mientras esto no ocurra se pueden adoptar varios paliativos. Carballo presentó a la bancada del oficialismo la propuesta, en primer lugar, de eliminar los denominados "colgamentos". Los "colgamentos" supusieron el diferimiento del pago de cuotas hace tres décadas al final del período de repago, lo que genera una sobrecarga en los últimos años. Esta idea ya fue planteada en 2001 por el Frente Amplio y lo mismo hizo en 2011 el Partido Nacional.

Carballo también impulsa la eliminación de multas, moras y recargos por refinanciaciones generadas por atraso entre los años 1999-2005, como forma de reconocer que en ese lapso hubo un proceso de crisis económica profunda. Para aquellos deudores que en aquellos años perdieron la calidad de buenos pagadores se les recalcularía la deuda a la tasa de buen pagador (4,5% anual). Este grupo paga hoy entre 7,5 y 8%.

"El cambio de la Unidad Reajustable (UR) a la Unidad Indexada (UI) no es la primera vez que se plantea. Es cierto que el BHU dio la oportunidad de ese pasaje en el año 2007, pero en ese año el banco decía "no hay problema en pasar a la UI, pero tenés que pagar los títulos de tu casa nuevamente". Eso te costaba entre US$ 4.000 y US$ 5.000. La inmensa mayoría de la gente no lo hizo porque no tenía esa plata al contado para pagar este pasaje", explicó Carballo.

Una vez implementados estos puntos, quienes sigan teniendo deudas hipotecarias tendrían derecho a acogerse a la Ley de Subsidio Habitacional que se está discutiendo a nivel parlamentario, que, en principio, no los incluye, planteó.

El Partido Independiente también tomó el tema y volvió a presentar recientemente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes un proyecto que en la anterior legislatura no fue tomado en cuenta, de autoría del diputado Iván Posada, que apunta a que el reajuste anual de las cuotas se haga por inflación. "Proponíamos redefinir los créditos dado que la diferencia entre la UI y la UR había sido muy acentuada en la última década. Hay que retasar el saldo deudor que se ha ido a las nubes y es mayor que el valor de la vivienda, y en función de eso reajustar las cuotas hacia adelante. Los deudores están en situación de injusticia. En la medida que crece la economía se agudiza el problema. Y los colgamentos alargan el período de pago", dijo Mieres a El País.

En el mismo sentido, el senador nacionalista Jorge Larrañaga señaló que los deudores "lamentablemente están en una situación de angustia porque después de muchísimos años siguen debiendo buena parte de la vivienda".

Visión de deudores.

Gustavo Firpo es representante de los afectados, y considera que "en este momento los deudores están en una desprotección total porque la ley orgánica del BHU habilita a iniciar juicio ejecutivo y la continuidad de su casa pende de un hilo". "A los tres meses de incumplida una cuota, ya te inician el juicio. Y hay juicios", señaló. Puso un ejemplo que ilustra la presión que suponen las cuotas sobre los hogares. "Si una cuota de $ 5000 en 2007 se indexó en UI, como se ofreció a los nuevos clientes, hoy está en $ 14.000. Y si se ajusta en UR como a los antiguos clientes, está en $ 21.000. El banco decidió ofrecerles a los nuevos clientes créditos hipotecarios en UI y a los antiguos clientes los dejó en UR, sin darles la chance de pasarse a UI", explicó Firpo.

"Nosotros lo que pretendemos es otra mirada del banco que se tiene que dar cuenta, como dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hay un contrato que, después de muchísimos años, perdió visos de realidad y está favoreciendo muchísimo a una parte y perjudicando mucho a la otra", sostuvo. "Ellos no tienen ningún problema. El problema lo tenemos nosotros. Esta población es una población excepcionalmente buena pagadora que ha atravesado todas las crisis y que ha protegido su casa y que hace cualquier sacrificio para seguir pagando. La morosidad es baja. Porque es una población a la que se ha perjudicado pero ha mantenido su techo con su sacrificio", explicó.

Advierten renuencia en el "astorismo"

Firpo señala que los deudores han encontrado eco en varios sectores oficialistas y en la oposición pero no en el Banco Hipotecario y en el Frente Líber Seregni ("astorismo"). "En general lo que sucede es que cuando un partido político es oposición toma el tema nuestro y cuando es oficialismo le busca vueltas para no tomarlo", señaló. De todas formas, recientes declaraciones del ministro de Economía, Danilo Astori, le hacen abrigar alguna esperanza. "Astori en los informativos reconoció una gran suba de la UR y un gran agobio financiero que padecían los deudores en UR. Se comprometió a trabajar para traerles un alivio. Nosotros estamos esperando y nos ofrecemos para volcar todo nuestro trabajo. No nos consta ningún avance hasta el momento", señaló. Este grupo de deudores está, además, "muy dolorido y preocupado" por no haber sido tomado como potencial beneficiario de los subsidios para vivienda a estudio del Parlamento.

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