Oficialismo quiere dejar aprobadas leyes claves para que rijan en 2017.

Lunes 19 de diciembre. Once días para terminar el año. La bancada del Frente Amplio quiere finalizar 2016 con algunas leyes aprobadas y por eso apura el paso en el Parlamento. El Senado se reunirá al menos una vez en estos días, el miércoles 21, y la Cámara de Representantes dos veces —el miércoles 28 y el jueves 29 de diciembre— para sancionar algunos proyectos de ley vitales para el gobierno, como la postergación del retorno de las tropas en Haití, el impuesto a los retirados militares y el proyecto sobre transparencia fiscal.

Uno de los proyectos es la piedra en el zapato para el Frente Amplio: la presencia de tropas en la fuerza de paz de ONU en Haití. Uruguay está presente en la fuerza multinacional de paz desde hace años y por eso han dejado sus bancas dos diputados, Guillermo Chifflet y Luis Puig (este último, meses después de renunciar en 2013 volvió a asumir el escaño). Muchos legisladores oficialistas han afirmado que no votarían una nueva prórroga para la presencia de los efectivos uruguayos en la isla, pero el Poder Ejecutivo pidió una nueva extensión, supuestamente hasta abril de 2017, y ahora el tema está sobre la mesa. La urgencia es que debe votarse en ambas Cámaras antes del 31, fecha en la cual expira el anterior permiso dado por el Parlamento hace un año.

El viernes último, la Mesa Política del Frente Amplio consideró necesario que se apruebe la última prórroga del mandato de las tropas militares de Uruguay en Haití. En ese sentido, recomendó a las bancadas parlamentarias que extremen "esfuerzos para compatibilizar el texto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con el espíritu de esta resolución".

Hoy lunes, los ministros de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y de Defensa, Jorge Menéndez, comparecerán ante la comisión de Defensa del Senado para informar sobre la propuesta del gobierno.

Al momento, Uruguay tiene 249 efectivos en el contingente militar, la mayoría de ellos en la localidad de Morne Casse, mientras que otra cantidad se mantiene en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Este proyecto debe pasar por el Senado y por la Cámara de Representantes luego.

El segundo proyecto que el gobierno quiere aprobar de apuro es la implementación de un nuevo impuesto sobre los retiros y pensiones de los militares como forma de equilibrar las finanzas del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) antes de reformarlo. En octubre, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley creando un impuesto para los retirados militares con el que se financiará el SRPM, la mal llamada Caja Militar. También este proyecto debe pasar por el Senado y por la Cámara de Representantes.

La iniciativa, que dispone la creación de una prestación pecuniaria obligatoria "gravará las sumas nominales correspondientes a los retiros y pensiones" de los militares, señala el texto, enviado a la comisión de Hacienda del Senado.

Desde hace un tiempo el Poder Ejecutivo piensa en la reforma de la Caja como se la conoce, porque anualmente demanda una financiación de unos US$ 400 millones de Rentas Generales. Por eso, como primer paso, se intenta la creación de este impuesto que afectará a los retiros y pensiones.

En Uruguay hay 53.197 retirados militares y solamente 27.247 cotizantes, lo que equivale a dos pasivos por activo.

Asimismo, se intentará aprobar antes de fin de año un proyecto ya aprobado por Diputados y que debe ser analizado por el Senado, que fuera enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en julio, que da "un golpe casi mortal" al secreto bancario —según dijo el presidente del Banco Central, Mario Bergara— y establece que las instituciones financieras deberán informar al fisco los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y extranjeros. Además, la norma obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales.

El artículo inicial establece la obligación de las instituciones financieras (bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros) de informar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) "el saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil así como su promedio anual durante el referido año" de todos aquellos clientes residentes y no residentes.

En la futura reglamentación el Gobierno definirá el monto mínimo a partir del cual será obligatorio el reporte al fisco. Según adelantó tiempo atrás el subsecretario de Economía Pablo Ferreri, no quedarán incluidas las denominados cuentas sueldo y otras de bajo monto.

La sanción debe ser antes de finalizar el año dado que Uruguay se comprometió a comenzar en 2018 el intercambio automático de información tributaria —una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la que ya adhirieron otros 86 países— y para ello necesita los reportes de rentas en cuentas bancarias de no residentes del ejercicio 2017.

Haití: permanencia de tropas

Es un problema para el Frente Amplio. Hay diputados oficialistas que no votarán el pedido del Gobierno, aunque igual será aprobado. Se esperan fuertes debates en ambos plenarios.

Deporte: casos de violencia

La comisión especial sobre violencia en el deporte termina el año con actividad intensa. Mañana martes recibirá al subsecretario de la cartera de Interior, Jorge Vázquez.

Transparencia: prioridad para el gobierno

Da "un golpe casi mortal" al secreto bancario y establece que las instituciones financieras deberán informar los saldos y rentas en cuentas bancarias de residentes y extranjeros.

Retirados: impuesto sobre la pasividad

Es un tema urticante para el gobierno por la fuerte resistencia de la oposición y de los afectados, que afirman que recibirán un segundo impuesto sobre el mismo bien.

Investigadoras: regasificadora y espionaje

Al final del año se formaron dos comisiones investigadoras en Diputados. Una por la planta regasificadora y otra por las denuncias de espionaje militar en los años de democracia.

DANIEL ISGLEAS

A CONTRARRELOJDANIEL ISGLEAS