Indenmizarán con US$ 270.000

Pago récord por muerte en un ascensor

El Poder Judicial debe indemnizar con casi US$ 270.000 a la familia de una funcionaria judicial que falleció al caer en la fosa del ascensor de la Defensoría de Familia de Montevideo en abril de 2013.

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Suprema Corte de Justicia

La sentencia de primera instancia del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, a la que accedió El País, condena a pagar por daño moral, daño emergente y lucro cesante al padre y a la hermana de la funcionaria.

Zulma Macchi tenía 64 años y 33 de servicio en el Poder Judicial. El 26 de abril de 2013 llamó al ascensor (en realidad es un montacargas adaptado) del Juzgado de Familia desde la planta baja. La puerta de este se abrió cuando la cabina no estaba en su lugar y la mujer cayó al vacío, unos cinco metros, falleciendo en forma instantánea.

El accidente laboral mortal "pudo haberse evitado" porque "la situación de riesgo se había producido con anterioridad", afirma la sentencia en base al resultado de investigaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bomberos y la Intendencia de Montevideo.

El abogado Luis de Freitas, representante de la familia de Macchi, dijo a El País que la sentencia es "muy interesante" y que refleja que los jueces actúan con "independencia" y "objetividad". "Si bien es de primera instancia estimo que quedará firme porque es contundente", afirmó, y no ocultó su alegría por el fallo.

Negligencia.

El mal funcionamiento del ascensor fue permitido, según la sentencia, durante casi tres años. La Defensoría de Oficio de Familia de Montevideo funciona desde diciembre de 2010 en un edificio alquilado por el Poder Judicial en la calle Uruguay 941, donde antes había un salón de fiestas. En la dependencia trabajan 76 funcionarios y asisten unas 250 personas por día.

"Poseía un defecto grave conocido por el Poder Judicial. El cambio de partidas retráctiles del ascensor, en más de una oportunidad, demuestra la falla constante que se producía en el mecanismo de seguridad", dice la sentencia.

Hay constancia, además, que el intendente del edificio informó en reiteradas ocasiones, desde el año 2011, que el funcionamiento del ascensor "nunca fue el correcto" y explicó en más de una ocasión: "Se abre la puerta aunque el ascensor no ha llegado al piso señalado, quedando al vacío el ducto".

De hecho el mismo día del accidente, por la mañana, la empresa que se encargaba del mantenimiento de los ascensores del Poder Judicial había estado trabajando en la reparación de una de las puertas del elevador y había una cartel que alertaba: "atención cuando se apaga el pulsador el ascensor está en el piso. No intente abrir la puerta". "El mensaje, poco claro, indica el conocimiento de la situación", explica el juez Alejandro Martínez de las Heras, que firma la sentencia con fecha 19 de marzo.

En su defensa el Poder Judicial señaló como responsable a la empresa que se encargaba del mantenimiento de los ascensores.

"No podía clausurar el ascensor cuando la empresa certificó que funcionaba sin inconvenientes (...) El Poder Judicial no podía prevenir ni prever la ocurrencia de un accidente de estas características", afirmó en su defensa.

La empresa, que también desarrollaba esa tarea en otras sedes judiciales y con la cual la SCJ rescindió el contrato ese mismo año, se defendió argumentando que las causas reales del fallo de la traba fue "el constante uso inapropiado por parte del público concurrente a las oficinas" del Poder Judicial. Dice que en el contrato firmado están exonerados de responsabilidad por los daños y perjuicios que se originen en el uso abusivo del equipo.

El juez Martínez de las Heras concluye que el Poder Judicial es "el guardián" de lo ocurrido en el edificio y que "no tuvo la diligencia necesaria para el cumplimiento de la vigilancia". Afirma también que "toleró en forma injustificada incumplimientos" por parte de la empresa que debía realizar el mantenimiento del elevador.

¿QUÉ RECLAMÓ LA FAMILIA?

Reclamaron un total de US$ 543.852.

A tres meses del fallecimiento de Zulma Macchi, su padre (de 94 años) y su hermana presentaron una demanda civil contra el Poder Judicial por US$ 543.852, asesorados por el abogado Luis De Freitas. Ambos convivían con la mujer y reclamaron por daño moral un total de US$ 350.000. Además, pidieron por concepto de lucro cesante, la pérdida del ingreso mensual con el que la víctima contribuía al mantenimiento del hogar considerando su expectativa de vida ya que tenia 63 años, por un total de US$ 182.727. La familia reclamó también daño emergente por la compra de un panteón en el Parque del Recuerdo por un total de US$ 11.126. La Justicia hizo lugar a una cifra de casi US$ 270.000. Zulma Macchi murió al caer en la fosa del ascensor de la Defensoría de Oficio de Familia de Montevideo, que funciona en un edificio de la calle Uruguay desde el año 2010. En la dependencia trabajan 76 funcionarios y concurren por lo menos 250 personas por día. En todo el país hay cerca de 400 sedes, entre edificios propios y arrendados por el Poder Judicial. La División Arquitectura tiene a su cargo la supervisión y evaluación del estado de los edificios.

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