¿FIN DEL PROBLEMA?

El Estado va a pagar a los judiciales US$ 50 millones

En votación secreta aceptaron fórmula que pondría fin a un largo conflicto.

El sindicato implementó una votación secreta en todo el país. Foto: Marcelo Bonjour
El sindicato implementó una votación secreta en todo el país. Foto: Marcelo Bonjour

El gobierno tuvo ayer una satisfacción cuando en un referéndum interno cuyo escrutinio fue transmitido por Facebook, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay aprobó por 1470 votos a favor, 1018 en contra, 37 anulados y 3 en blanco, la fórmula que el Poder Ejecutivo planteó para resolver el prolongado conflicto originado por la postergación del "enganche" de las remuneraciones de este grupo de trabajadores con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. De todas formas, resta que el 80% de quienes habían entablado acciones judiciales contra el Estado en reclamo de los pagos desistan de ellas. El dirigente Sandino Schiavone dijo a El País que el resultado de la votación implica que la dirigencia gremial queda habilitada a negociar los últimos detalles del arreglo.

El costo para el Estado no es menor y supondrá una erogación durante dos años de US$ 50 millones. De todas formas, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, saludó la decisión sindical que puede suponer la solución del diferendo, una meta que el presidente Tabaré Vázquez se había marcado para este año. "Es una buena noticia que por referéndum interno se haya aceptado la propuesta que realizara el Poder Ejecutivo. Esto habilita a recorrer el camino de recoger el 80% de adhesiones para validar el acuerdo. Si esto ocurre, se podrá poner fin a un largo diferendo, lo cual tiene consecuencias positivas para los funcionarios judiciales, pero sobre todo para el país en su conjunto", dijo Ferreri a El País. En el punto más álgido del conflicto, en octubre, el sindicato analizó un paro general por tiempo indefinido. La moción fue rechazada por 671 votos a 630.

La decisión de dirimir el asunto en una votación secreta fue adoptada en una asamblea realizada en diciembre pasado.

El sindicato había dado prioridad a lo que denomina "actualización", o sea al incremento salarial. Entendía que correspondía un incremento de 21,6% y el gobierno le ofreció un 18,8%. También entendía que "la deuda" generada debía calcularse también aplicando un 21,6%. Aquí la oferta del Estado no fue tan generosa ya que ofreció solamente un 14%. En números gruesos, se asignarán US$ 30 millones para la deuda y unos US$ 20 millones para el incremento. El reclamo inicial del sindicato totalizaba US$ 70 millones. La dirigencia gremial entendió que, si bien no obtendrá todo lo que pretendía, ya era hora de cerrar un conflicto extensísimo que estaba generando un gran desgaste en la militancia. El aumento salarial que recibirán en promedio los trabajadores rondará los $ 2.500. Esta estimación se aplica para los trabajadores administrativos de rango medio con 20 años de carrera que cobran hoy unos $ 32.000 nominales, dijo Schiavone. En febrero pasado el sindicato había rechazado en asamblea una fórmula que hubiese supuesto pagos que hubiesen sido un 20% inferiores a los que ahora recibirían los trabajadores. La solución abarca también a algo más de 200 actuarios. Por concepto de la "deuda" a cada trabajador le corresponderán este año unos $ 98.000 y una cifra algo inferior en 2019.

"No nos cambia la vida, por supuesto. Pero llevamos siete años de un conflicto de los más largos desde el punto de vista sindical. Este conflicto permanente ha menoscabado la salud de muchos compañeros. Este tipo de elementos también pesan a la hora de resolver. Hacíamos hincapié en la adecuación salaria porque es lo que más nos interesaba como colectivo porque es lo que queda para adelante", dijo Schiavone. El sindicalista considera que el resultado de la votación es "bien representativo" dada la alta participación de los afiliados al gremio. Ya en las primeras horas de la tarde se vislumbraba que la oferta del gobierno iba a ser aceptada porque en Montevideo los votos afirmativos rondaban el 60% y se esperaba que en el interior la tendencia a aceptar la fórmula se consolidase ya que allí los trabajadores habían enfatizado más en los meses previos que querían llegar a un acuerdo que permitiese mejorar sus ingresos.

El acuerdo establece beneficios extrasalariales como lentes, prótesis y órtesis del Banco de Previsión Social (BPS) para los judiciales y un incremento a 14 semanas de la licencia por maternidad, entre otros aspectos. En la elaboración de la propuesta realizada por el gobierno también se había involucrado la Suprema Corte de Justicia.

En diciembre el sindicato había presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el artículo de la Rendición de Cuentas que el gobierno logró aprobar el año pasado que en los hechos postergaba sin fecha los pagos a los judiciales. Estos ya tenían a su favor una sentencia favorable del 23 de diciembre de 2012 que obligaba al Estado a pagar la deuda.

Un problema menos para el gobierno

ORIGEN. El larguísimo conflicto se originó cuando, durante la anterior legislatura, se estableció, de manera inadvertida por el oficialismo, el "enganche" de los salarios de los trabajadores judiciales con los de los ministros tanto los de Estado como los de la Suprema Corte. Los jueces llegaron a un convenio a fines de 2016 con el gobierno por separado.

GUARDERÍA. El acuerdo supone también que se analizará la situación de las funcionarias judiciales que, además, son maestras y que se desempeñan en la guardería para hijos de los trabajadores. La situación ha sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas que entiende que es irregular porque las empleadas no cumplen funciones para el Poder Judicial directamente, como correspondería.

IDAS Y VUELTAS. El conflicto tuvo muchas idas y vueltas y la oposición castigó con dureza al gobierno en varias oportunidades por el tema por entender que lo que ocurría se debía a su imprevisión. El sindicato llegó a amenazar con afectar la entrada en vigencia del Nuevo Código del Proceso Penal. El gobierno buscó postergar lo más posible los pagos a los judiciales, preocupado por el impacto fiscal de la situación, en un contexto de desequilibrio de las cuentas públicas, pero le jugaban en contra las sentencias judiciales firmes que lo obligaban a atender los reclamos.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)