El Estado gastó $ 400,4 millones (unos US$ 14,6 millones) el año pasado en arrendamiento de oficinas.

La Cancillería, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Poder Legislativo y el Instituto Uruguayo de Meteorología fueron los únicos que no verificaron gastos en este sentido, según la rendición de gastos presentada al Parlamento.

El año pasado en el Parlamento surgió la polémica porque la ministra de Industria, Carolina Cosse, concretó el arrendamiento de un edificio en la peatonal Sarandí de la Ciudad Vieja para instalar las oficinas de la cartera por el que pagará $ 540.000 por mes, durante cinco años, prorrogables.

Según la Rendición de Cuentas ese ministerio tuvo en todo 2015 un gasto por alquileres de $ 7 millones. Pero no fue el que destinó más a este rubro. El que encabeza el ranking es el Poder Judicial que desembolsó $ 108,4 millones, seguido de la Administración Nacional de Educación Pública con $ 72,4 millones y el Ministerio de Economía y Finanzas con $ 40,4 millones.

Luego figuran el Ministerio de Educación y Cultura con $ 34 millones, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay con $ 30 millones y la Universidad de la República con $ 16,8 millones. Por el contrario el Ministerio de Transporte lidera entre los que menos pagó por alquiler: $ 173.000.

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