Los otros cambios que trae la nueva Rendición de Cuentas

A partir de la promulgación de la ley ninguna persona física que preste servicios personales en organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República; los Gobiernos Departamentales; las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, podrá tener un salario mensual permanentesuperior al 60% de la retribución total del Presidente de la República

Crean una Comisión de Análisis retributivo y ocupacional para estudiar el sistema ocupacional del Estado y adecuar cargos y resolver sobre niveles salariales sobre las actividades calificadas siempre que haya créditos suficientes para esto. Además el Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados,  las personas de derecho público no estatales, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, antes de iniciar un proceso de selección de personal deberán informar sobre perfiles, salarios, vacantes, crédito presupuestal y funciones previstas.

“En ningún caso se habilitarán horas a compensar por tareas extraordinarias dentro del horario correspondiente. La compensación de las horas no podrán ser por más de 10 días al año ni el jerarca podrá exigir extensiones de la jornada laboral que superen tal tope y deberán gozarse dentro del año en que se hayan generado.

Se recortan todos los créditos presupuestales extraordinarios para los actos eleccionarios de cualquier tipo y también se corta cualquier pago retributivo por mayor carga horaria a esos funcionarios o participación de elecciones.

En contrapartida se crea una retribución mensual como Complemento de la Permanencia a la Orden, para los funcionarios de la Corte Electoral que efectivamente desempeñen tareas en el organismo en régimen de cuarenta horas semanales y aquellos de otros organismos que en régimen de pase en comisión presten funciones en la Corte Electoral hasta un máximo de 31 horas.

Para eso se destinarán 153 millones de pesos. 

Se habilita al Instituto Uruguayo de Meteorología a recibir  un precio por la certificación documental, desarrollo técnico o elaboración de informes para las instituciones o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que lo requieran, incluyendo los informes técnicos destinados al Poder Judicial. También podrá prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en el área de su especialidad, tanto en el territorio de la República como en el exterior. 

Instituto Uruguayo de Meteorología podrá crear y reglamentar un sistema de practicantes para estudiantes de Licenciatura de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de la República.

Practicantes: Se les elimina el límite de 60 horas semanales de remuneraciones de otros empleos a los practicantes internos de ASSE designados por concurso siempre que no exista superposición social o parcial entre los empleos. 

Se amplía el alcance de la fiscalización de la Secretaría contra el Lavado de Dinero y se suma que no solo los sujetos obligados sino “todos aquellos que hayan tenido participación, directa o indirecta, en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando” deberán cumplir con proporcionar documentación y comparecer ante la autoridad si se lo solicita. En este sentido también se establece que se podrán hacer inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, además de en los sujetos obligados en todos aquellos que hayan tenido participación, directa o indirecta, en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando.

Se crean en el Poder Judicial 98 cargos para cumplir con la reforma del proceso penal y se le asignan 82 millones de pesos en 2017 y 164 millones de pesos en 2018 para pagar esos cargos.

Se crean 36 cargos más con vigencia 1º de julio de 2017, con destino a oficinas del ámbito administrativo que brindarán soporte a la infraestructura creada para la reforma procesal con una partida de más de 19 millones de pesos en 2017 y 39 millones de pesos en 2018. 

Para el funcionamiento de la reforma se asignan 10 millones de pesos en 2017 y 20 milllones en 2018.

También se crean 32  cargos para el Instituto Técnico Forense, con una partida de $ 17 millones  para el ejercicio 2017 y de $ 35 millones para el 2018.

Se establece que pasará a ser gratis la expedición de copias autenticadas de partes de accidentes de tránsito que expida el Ministerio del Interior. Hasta ahora se cobraba según una disposición de 1979 y el dinero era para el mantenimiento, funcionamiento y mejoramiento de servicios.

Por otra parte se deroga el impuesto a los bailes públicos, la tasa a cobrar por el certificado de vecindad y el impuesto a los permisos para carreras de caballos.

Asimismo la expedición de certificados de antecedentes judiciales, solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las Oficinas Consulares y Representaciones Diplomáticas de la República, serán gratuitos, en aquellos casos excepcionales que por motivos de vulnerabilidad, sean requeridos por ciudadanos uruguayos que residan en el exterior.

Se amplían los cargos para los que se podrán incluir expresos en obras ganadas por licitación. Hoy quienes ganan licitaciones de obras y servicios públicos están obligados a contratar un mínimo del 5% de su plantilla de peones o similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Con la Rendición de Cuentas se amplía a que los cargos podrán ser de peones así como medio oficial, oficial o similares.

También se establece un sistema de pasantías productivas como mecanismo de reinserción social de las personas que estuvieron privadas de libertad. Esa actividad no será computada a efectos jubilatorios y por tanto no estará gravada con las contribuciones de seguridad social. Sí se obligará a contratar seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Cada pasantía durará máximo un año aunque se podrá finalizar antes por causa justificada. La retribución a cobrar será equivalente a un salario mínimo.

“La realización de promociones comerciales de productos y servicios con otorgamiento de premios para cuya obtención intervenga el azar, requerirá autorización expresa de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. Dichas promociones no podrán estar sujetas a obligación de compra del bien o servicio promocionado. El premio no podrá consistir en la entrega de dinero en efectivo”. Incumplir esto tendrá una multa equivalente a 3.000 Unidades Reajustables, hoy $ 2,7 millones. En este marco, se elimina la prohibición de otorgar premios en efectivo o en especie a los consumidores de los productos cualquiera fuese el procedimiento empleado para ello.

Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas a autorizar el ingreso al país de un vehículo automotor vía terrestre, bajo el régimen de turista, de aquéllos uruguayos que residieron en el exterior por un período mayor a dos años y que decidan residir definitivamente en el país, mientras se sustancia el trámite de exoneración.

Se autorizó la venta al MGAP de ocho hectáreas del predio ubicado en el Padrón Nº 60.012, el cual tiene frente a la Ruta 8, Km. 17.500, y a la Ruta 102. El mismo había sido manejado como de utilidad para construir un estacionamiento para el Club de Peñarol. Lo que se obtenga de la venta se destinará al “crecimiento, mejoramiento y remodelación de la infraestructura edilicia y mobiliaria de las dependencias y servicios” del ministerio.

Se autoriza al MGAP a decomisar definitivamente y sin más trámite, los animales y productos de origen animal y vegetal que ingresen al país en contravención a las normas zoosanitarias o fitosanitarias de importación. Además se autoriza al sacrificio sanitario y destrucción total, según corresponda, de acuerdo a las normas sanitarias, medio ambientales y de bienestar animal vigentes, cuando constituyan un riesgo para la salud humana, animal, vegetal o para el medio ambiente. En este caso, sus propietarios o tenedores, no tendrán derecho a indemnización, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones legalmente establecidas y de las acciones penales que pudieren corresponder.

Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los inmuebles ubicados en zona urbana del Departamento de Montevideo, empadronados con los números 6.177 y 7.751, a quien resulte adjudicatario en el llamado a Licitación Pública que proyecta efectuar para la construcción de una Terminal Fluvio Marítima en el predio con frente a la Rambla Costanera Sur de Montevideo, conocido como "Predio Mauá". Dicha enajenación se realizará en concepto de contrapartida por las obras portuarias terrestres y marítimas objeto del llamado que deberá construir el adjudicatario y en los términos y con las condiciones y gravámenes que determine el pliego.

Se constituirá un Fondo integrado con inmuebles administrado por un fuiduciario financiero autorizado por el BCU para vender los mismos y administrar el producido.a destinadrse a la reparación o remodelación del edificio del MSP, reparaciones o remodelaciones en las sedes de las direcciones departamentales de salud, adquisición de nuevos inmuebles. Se trata de 24 padrones en Montevideo y dos en el Interior, en Paysandú y Canelones. 

El ministerio de Vivienda podrá reclamar ante la Justicia el dinero entregado por expropiación de tierras en el marco de los planes nacionales de vivienda si los propietarios no lo reclamaran luego de cinco años.