A semanas de que el gobierno defina los recursos para el presupuesto quinquenal, el exministro Daniel Olesker planteó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, que faltan recursos para cumplir con las promesas electorales que hizo el presidente Tabaré Vázquez.

Olesker planteó que deberían aumentar impuestos a los más ricos o bajar las exoneraciones que se otorgan a las inversiones extranjeras.

El planteo fue realizado durante una reunión del Ejecutivo del Partido Socialista con García en la noche del pasado lunes 22, dijeron a El País fuentes del sector. El director de la OPP dio un informe titulado "Desafíos y dificultades para el quinquenio. Perspectivas de cara al presupuesto".

Sin manejar ninguna cifra, García brindó una visión general sobre el presupuesto, donde afirmó que las prioridades serán educación, el sistema nacional de cuidados y las obras de infraestructura. Sobre la situación económica, el director de OPP se mostró bastante optimista. Si bien dijo que hay indicadores que "no se pueden perder de vista", la situación "no es de alarma".

A su turno, Olesker planteó lo que llamó "el dilema presupuestal" que deberá enfrentar el gobierno, ya que a su entender existe una "brecha" entre las prioridades presupuestales y los recursos financieros para concretarlas.

Según sus cálculos, faltan entre 600 y 1.000 millones de dólares para cumplir con las promesas de campaña. Olesker manifestó su preocupación por alcanzar el 6% del PIB para la educación, el "fonasamiento" de ASSE y del sistema nacional de cuidados.

El exministro planteó que sin aumentar impuestos no se cumple con las promesas de campaña, ya que entiende que hay una brecha entre las prioridades y los recursos que se destinarán al presupuesto.

García dejó en claro que no habrá un incremento de impuestos, porque hay una realidad internacional de competitividad que hace "complicado" dar ese tipo de pasos. El director de la OPP explicó que Brasil está en recesión y necesita inversiones para salir de eso, Argentina está en una situación similar y por eso Uruguay no está en condiciones de cambiar las reglas de juego.

Esta no es la primera vez que Olesker plantea el incremento de la carga impositiva para financiar el cumplimiento de las promesas electorales. En plena campaña, y cuando aún era ministro del Mides, Olesker alertó sobre la necesidad de aumentar impuestos bajo la filosofía de que el que "gane más que pague más".

Durante la campaña electoral, Vázquez dijo que no crearía nuevos impuestos, salvo el cobro del Impuesto de Primaria a los productores rurales que será votado a principios de julio por la Cámara de Diputados.

En un documento titulado "Las Políticas públicas y el modelo de desarrollo", al que accedió El País, Olesker plantea que se necesita un poco más de US$ 3.000 millones para cumplir con el gasto social comprometido por el Frente.

Según Olesker, el 6% del PIB para la educación supone una inversión de US$ 1.978.670.241, para el "fonasamiento" de ASSE hacen falta US$ 180 millones y para el sistema de cuidados US$ 225 millones. A eso le agrega la extensión del plan "siete zonas" que costaría US$ 200 millones y la construcción de viviendas por US$ 400 millones.

Además de referirse a lo que llama "dilema presupuestal", Olesker plantea en el documento que presentó al Comité Central del Partido Socialista que "de no hacerse nada, el proceso económico tiende a la concentración y exclusión". Para decir esto, el exministro se basa en las cinco leyes de acumulación de capital de Carlos Marx.

Olesker afirma que a raíz de las concepciones económicas diferentes dentro del gobierno "con predominio liberal" y "visiones cuestionadoras de la integración regional", resulta "imprescindible el rol que asuma el Partido Socialista" en la elaboración del presupuesto.

En ese marco, el exministro hace referencia a una resolución del Comité Central del PS donde se indica que "las políticas de protección social deben ser atendidas, no descartando la reasignación de recursos (...), así como los ajustes de las políticas tributarias que permitan el rescate de los recursos incrementales desde los sectores que registran ganancias extraordinarias y disminuyan la presión fiscal sobre los trabajadores de más bajos salarios".

Como cambios impositivos, Olesker propone la modificación de la ley de inversiones y de subsidios públicos. Para él son "objetables" las exoneraciones impositivas a la enseñanza privada y a las zonas francas.

En otro documento anterior, presentado en junio de 2014, Olesker afirmaba que "el modelo económico" estaba "agotado" y planteaba cambios a la estructura impositiva. Entre los que se encontraba la suba del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), el aumento del Impuesto Específico Interno (Imesi) a productos "suntuarios" y la aplicación de un IVA personalizado focalizado en los sectores medios.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entregó a los ministerios un instructivo para bajar los gastos de funcionamiento ante la necesidad de reducir el déficit fiscal que se ubica en el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Antes, se había elevado otro instructivo a las empresas públicas conteniendo una serie de medidas que deben cumplir para aumentar los aportes que realizan a Rentas Generales. El gobierno pretende que las transferencias se eleven a US$ 640 millones.

Entre las medidas a aplicar están la reducción de los gastos de publicidad y el no cubrimiento de 25 vacantes cada 100.

A su vez, los viajes que se realicen en los diferentes incisos deben ser autorizados por la Secretaría de Presidencia de la República. Un decreto firmado este mes por el presidente Tabaré Vázquez establece también que el pedido de misión oficial debe llegar en un plazo no inferior a quince días hábiles. La única excepción será para Defensa Nacional, ya que los militares participan en misiones de paz.

En consonancia con estas políticas de austeridad fiscal, el gobierno de Vázquez decidió aumentar los controles sobre las empresas públicas como forma de mejorar sus desempeños fiscales.

El director de la OPP, Álvaro García, admitió que de acuerdo a un monitoreo efectuado por Presidencia, los balances financieros de cinco empresas públicas están atrasados. "Esto es una vieja mala costumbre que no puede ser de ninguna manera", aseguró el pasado martes en declaraciones a varios medios.

García dijo que aunque pueda parecer una mera formalidad, "es importante porque la oficina que tiene como uno de sus cometidos el contralor de las empresas públicas conocerá en tiempo y forma los resultados de cada uno de los balances".

Olesker advierte que no se podrá cumplir con las promesas electoralesVALERIA GIL