UNA GESTIÓN BAJO LA LUPA

Megadenuncia por anomalías en Rocha, Hospital de Ojos y otros centros.

EDUARDO BARRENECHE

Integrantes de la oposición iniciaron contactos hace diez días para preparar en conjunto una megadenuncia penal sobre eventuales irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En la próxima semana, las reuniones se intensificarán para definir si las supuestas anomalías que detecte la comisión investigadora de Diputados, en el análisis de cada una de las unidades ejecutoras de ASSE, serán enviadas a la Justicia a medida que se vayan confirmando o si se hará "un paquete" al finalizar el trabajo, como ocurrió con Ancap.

Los partidos Nacional y Unidad Popular pretenden que los avances de la comisión investigadora sobre irregularidades en los contratos de una empresa de ambulancias en Bella Unión y en las "presuntas irregularidades administrativas" en la contratación de servicios en Rivera se entreguen ahora a la Justicia Especializada en Crimen Organizado y al Juzgado Penal de Rivera respectivamente.

En cambio, los partidos Independiente y Colorado entienden que todo el conjunto de irregularidades debe ser enviado al Juzgado de Crimen Organizado al finalizar la investigadora como se hizo con la denuncia sobre irregularidades en Ancap durante la gestión de Raúl Sendic (2010-2015).

El tema será definido en los próximos días en el ámbito de la investigadora.

El líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, confirmó la existencia de contactos en la oposición para definir una estrategia judicial común ante las eventuales irregularidades detectadas en ASSE.

"Hubo reuniones de los partidos de la oposición para ver qué hacemos sobre este tema. Hay a esta altura claramente irregularidades en ASSE. Tengo la opinión de que la denuncia hay que hacerla al final de todo el proceso investigativo como lo hicimos con Ancap. No sé si ese es el planteo que prefiere el resto de la oposición", agregó.

En la próxima semana, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien pidió la conformación de la investigadora, se reunirá con la abogada María del Carmen Dávila para definir qué estrategia jurídica seguirá la agrupación.

Rubio dijo a El País que los elementos recogidos por la comisión sobre la contratación de la empresa Siemm para efectuar traslados en ambulancias en el Hospital de Bella Unión y eventuales irregularidades en el Hospital de Rivera deben pasar ahora a la Justicia.

El representante del Parti- do Nacional en la comisión investigadora de Diputados, Martín Lema tiene una opinión similar.

Según Rubio, hace una semana, la oposición acordó en la investigadora que los temas encaminados (Bella Unión y Rivera) se llevarán a la Justicia. "No vamos a esperar a terminar la investigadora para volcarlos a la Justicia", explicó. Enseguida agregó: "Los otros temas (Hospital de Rocha, Hospital de Ojos y otros centros cuestionados) quedamos de conversar cómo hacíamos la denuncia, si al final como ocurrió con Ancap o a medida que aparezcan", dijo.

Rubio coincidió con Mieres: "Lo mejor es hacer un expediente junto", al igual que la denuncia sobre Ancap.

A título personal, el diputado colorado en la investigadora, Ope Pasquet consideró que la denuncia penal sobre ASSE debe hacerse al final de todo el trabajo de la asesora luego de obtener todas las conclusiones. "Proceder desde ya me parece que sería anticiparnos al curso de la investigación", dijo Pasquet a El País.

En la oposición, relató Rubio, hay dos puntos de vista: hay sectores que quieren acelerar las presentaciones de las denuncias penales y otros que opinan que hay que juntar todo en una sola. Después que la investigadora termine con el análisis de las supuestas irregularidades en Bella Unión y Rivera, será auditada la gestión de cada una de las unidades de ASSE.

Los tres dueños de la empresa Siemm son jerarcas de ASSE y, en el pasado, dos de ellos fueron directores del Hospital de Bella Unión.

El jueves 16, a instancias del diputado colorado Ope Pasquet, la comisión investigadora envió una carta al fiscal especializado Luis Pacheco donde le informaba que estaban a su disposición todas las actuaciones de la investigadora sobre el Hospital de Bella Unión.

Tres representantes de los usuarios de Salud Pública declararon ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía e Interpol por una denuncia que hicieron en 2013 sobre el servicio de ambulancias Siemm S.R.L. contratado por el hospital artiguense.

La denuncia fue comunicada a la entonces ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, hoy presidenta del Directorio de ASSE, quien dice desconocer la situación.

El próximo lunes, la comisión investigadora también analizará la gestión del exdirector del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, quien fue destituido el 22 de agosto por el Directorio de la ASSE luego de que la propia administración admitiera "presuntas irregularidades administrativas" en la contratación de servicios.

Ese lunes, Toriani dará su versión en la comisión investigadora. Luego la asesora evaluará si presenta denuncia o no ante la Justicia de Rivera.

El integrante del Partido Independiente en la comisión investigadora, Daniel Radío, coincidió con Lema sobre que los avances de la comisión sobre el Hospital de Rivera deben ser derivados a la Justicia lo antes posible.

El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, denunció en la comisión investigadora supuestas irregularidades en una obra en la Emergencia del Hospital de Rocha.

En la comisión, el parlamentario dijo que la remodelación costó US$ 1.000.000 y tiene varios inconvenientes.

El 18 de enero de este año, la directora de ASSE, Susana Muñiz envió una carta al Tribuna de Cuentas de la República donde se refirió a los propietarios de la empresa de ambulancias Siemm, que realiza traslados para el Hospital de Bella Unión. "En la contratación se cumplió con las etapas preparatorias del procedimiento licitatorio. (...) Se presentó una sola oferta", dijo. Muñiz señaló que los dueños de la empresa, tres jerarcas de ASSE, "no son ordenadores de gasto" en el hospital que realizó el llamado.

Esta semana ocurrió una situación particular: el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, presentó en la sede ministerial los diez desafíos para avanzar en la reforma de la salud, la denominada segunda generación de reformas o la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). La apuesta del Frente Amplio fue realizar una campaña en todo el interior del país para defender el actual sistema de salud pública y ahora también lo hace la propia secretaría de Estado. Esta semana el flamante subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, recorrió el Hospital de Salto, centro que atraviesa grandes dificultades, según consta en auditorías internas del organismo. Unos de los ejes de la reforma será la instrumentación de cambios en el primer nivel de atención de la salud, la puerta de entrada al sistema sanitario. Basso afirmó que "debemos profundizar en el cambio del modelo de atención y trabajar en mejorar sustancialmente la resolutividad en el primer nivel de atención". Agregó que "hay suficiente evidencia que demuestra que si el equipo de salud tratante funciona adecuadamente, es capaz de resolver buena parte de los motivos de consulta de la población, evitando la sobreutilización de especialistas, problemas con los tiempos de espera, los copagos y evitando gastos innecesarios tanto para el usuario como para el sistema de salud".

Basso anunció que en 2018 se desarrollará una convocatoria a presentación de proyectos, por parte de las instituciones de salud, orientados a su acreditación en buenas prácticas en el primer nivel de atención. En el acto, el ministro reclamó mayor involucramiento de la población: "Necesitamos un fuerte involucramiento de la sociedad en su conjunto para poder generar los cambios en el modelo de atención", indicó. El Frente Amplio conformó una comisión de salud integrada por legisladores y exjerarcas, encabezada por su presidente, Javier Miranda.