La confirmación por parte de OSE de la existencia de focos de agua no potable en Maldonado, despertó el interés de legisladores de la oposición por encontrar responsables políticos en el caso.

Los resultados de las muestras de 150 puntos que fueron conocidos ayer, tras el pedido de Acceso a la Información Pública que realizó El País, demostraron la presencia de coliformes, heterotróficos y Escherichia coli por encima de los valores permitidos, al menos en algunos de los parajes de análisis de la calidad de saneamiento de Maldonado.

En la última muestra del informe, obtenida el 16 de marzo en la caseta de La Cañada Salada en el predio Charruitas, incluso se detectaron coliformes fecales. Este análisis coincide con el día en que comenzó el evento de olor y sabor nauseabundo que sintieron varios fernandinos al abrir los grifos en sus casas. Es decir, el estudio demuestra la presencia de agentes contaminantes antes del debate público.

"Si ese informe estuvo escondido hubo un riesgo importante para la población", advirtió el senador Pablo Mieres. "En ese caso hay una responsabilidad evidente de los directores y deben renunciar". El legislador por el Partido Independiente cuestionó: "¿Esto no configura un delito?".

En una línea similar se expresó el senador colorado Pedro Bordaberry. "No puedo decir si hay un delito, porque eso le corresponde a un juez, pero sí veo que OSE tiene en esto una responsabilidad que debe ser analizada", manifestó en diálogo con El País.

"OSE pone en riesgo la salud de la población, oculta información de algo que puede afectar a la gente, entonces claramente eso es algo que debe analizar la Justicia", expresó.

El senador dijo que el diputado colorado Germán Cardoso, al interpelar a mediados de abril a la ministra de Vivienda y Medio Ambiente, Eneida de León, ya había planteado el hecho de que OSE tenía conocimiento de que el agua no era potable en Maldonado.

"Entonces es aún más grave, porque fueron al Parlamento y lo negaron. Cardoso dijo que la ministra llevaba un mes en la cartera y que por lo tanto no se la podía hacer responsable, pero sí que ella debía ejercer la vigilancia del directorio de OSE", subrayó el líder colorado.

Bordaberry lamentó que se haya "ocultado y negado información al Parlamento y a la gente", y señaló que en definitiva, "se toma de rehén a la población de Maldonado".

Por su parte, la senadora nacionalista Carol Aviaga va más allá. A su criterio, los datos publicados por El País "confirman lo que ya se viene denunciando hace cinco años: toda el agua de Maldonado no es potable por el estado de la Laguna del Sauce".

La legisladora, quien realizó un pedido de informes —ahora debe reiterarlo porque no obtuvo respuesta— al Ministerio de Medio Ambiente y a la comisión administradora de la Laguna, entiende que aún con los datos sobre la mesa "no se toman medidas de fondo".

¿Por qué? "Lo que origina la contaminación es el uso y abuso de agrotóxicos en la zona cercana a la Laguna del Sauce", dice la senadora y, en particular, le preocupa la actividad industrial de los tambos de la zona.

"Por lo que sé, extraoficialmente, es muy difícil tratar el tema por el acoso que hay sobre los trabajadores (técnicos) de OSE que vienen hace tiempo denunciando lo preocupante de la situación del agua, elevando las medidas a las autoridades y, sin embargo, son dejados de lado, puestos en penitencia, les prohíben hablar públicamente de los datos", dijo la legisladora nacionalista.

En ese marco, opinó: "Ahora se ve que la situación es tan incontenible que salieron estos datos a la luz", y luego dijo: "Estamos evaluando hacer una denuncia en los organismos internacionales", más en concreto, "llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Y remarcó: "Estamos hablando de la vida de la gente, de la salud".

El debate sobre el estado del agua potable supera la situación de Maldonado y de la Laguna del Sauce. Otras cuencas también están bajo la mira, en particular el río Santa Lucía, desde donde se provee el agua para el consumo de los habitantes de la zona metropolitana. De ahí que existe una discusión latente sobre cuál es el límite entre la producción industrial y el bienestar humano.

En este sentido, el senador frenteamplista Leonardo De León dijo a El País que "el agua es un tema de soberanía alimentaria, porque ella surge de las cuencas". A su entender, "lo que está pasando, lamentablemente, tiene que ver con que hubo en el país un importante aumento de la producción, por lo que tiene que haber un manejo integral de las cuencas".

La propuesta del legislador oficialista no es volver a foja cero. "Se puede producir, avanzar a nivel industrial, pero tenemos que acompañar eso con una gestión más intensiva del manejo de los suelos y la eliminación de algunos agrotóxicos de gran impacto".

En relación a la situación de Maldonado, De León expresó que es un tema "integral, que no le corresponde solo a OSE y la solución no puede ser dejar de producir". Dijo que el "presidente (Tabaré Vázquez) lo está manejando como prioridad". Por lo que, más que pensar en un "acto delictivo", hay que ver "cómo se puede desarrollar una agricultura de calidad, hacer un listado de agrotóxicos permitidos". Y sentenció: "Si es necesario priorizar la cuenca sobre algunas producciones cercanas también habrá que hacerlo".

En su escueta notificación, OSE informó a la población que "los porcentajes de aceptabilidad de los análisis bacteriológicos están acordes con referencias internacionales". En relación a las primeras muestras sobre el estado de potabilidad del agua en la red de Maldonado, publicadas por El País en la edición de ayer, el organismo estatal asegura que "el agua distribuida durante ese período no alteró su característica de ser apta para el consumo humano". La mención, refiere a los análisis efectuados en 150 puntos del saneamiento de Maldonado entre el 2 de enero y el 13 de marzo.

"En los casos en los que los análisis bacteriológicos de las muestras presentan valores fuera de rango", dice el comunicado, "inmediatamente se toman las medidas correctivas correspondientes establecidas en los protocolos de actuación". De este modo, OSE deja abierta la posibilidad de que las autoridades estaban al tanto de la situación en Maldonado. El País intentó, sin éxito, contar con la palabra del presidente de la empresa, Milton Machado.

En la notificación que realizó el organismo y está disponible en su sitio web, afirma que se "trabajó bajo estos lineamientos (de protocolo) asegurando la calidad del producto".

La calidad del agua suministrada por OSE debe cumplir con el decreto 375/11, el que adopta la Norma UNIT 833:2008 reimpresión corregida Julio 2010, por el que se establece un conjunto de requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano; entre ellos, la cantidad de muestras al mes en relación a la población del lugar.

El diputado colorado Germán Cardoso, quien interpeló a la ministra de Medio Ambiente por el tema Laguna del Sauce, afirmó sentirse asombrado por los resultados de las muestras de agua publicados por El País. "Estoy realmente alarmado por la gravedad del tema para la salud humana". Ese es, a su entender, el principal problema. El segundo, dijo a la emisora FM Gente, es "el ocultamiento de la información". Y recordó: "En la interpelación nos mintieron. No se nos dijo absolutamente nada de todo esto. Esto tiene que tener consecuencias".

El estado público de los análisis del agua potable practicados por el laboratorio de la OSE-UGD en Maldonado causó asombro en el ámbito político y preocupación en la población. De confirmarse el ocultamiento de información, legisladores de la oposición planean elevar el reclamo a la Justicia y exigir la responsabilidad política de los directores del organismo estatal. Algunas muestras indican que la cantidad de cloro libre supera al permitido por la normativa.

Legisladores estudian pedir renuncia de directores de OSE