Incluye el cese de actividades, reparación con el patrimonio de directores y más control de gastos.

Mientras en el oficialismo los principales referentes siguen con el intercambio de acusaciones por la situación crítica de Ancap, la principal empresa pública del país, los líderes de la oposición condicionan el apoyo a la iniciativa de capitalización que prepara el gobierno a la adopción de una profunda reestructura en el funcionamiento del ente, al cese de actividades y a la reforma funcional.

Desde algunos sectores políticos se piensa que un proyecto de este tipo para capitalizar una empresa estatal por una cifra cercana a los US$ 1.400 millones necesita de una mayoría especial en el Parlamento, por lo cual el Frente Amplio debería recibir el apoyo de los partidos de la oposición. Sin embargo, desde otras tiendas se interpreta que alcanzaría solamente con votos del oficialismo. En cualquier caso la polémica está planteada.

La situación de crisis financiera en la que se encuentra Ancap, es la herencia más pesada que el gobierno de José Mujica le dejó al presidente Tabaré Vázquez en materia de empresas públicas. Un plan de inversiones acelerado durante la gestión de Raúl Sendic, obras que costaron más de lo previsto y deudas contraídas en dólares en años de apreciación del billete verde, generaron que el ente acumulase un déficit de US$ 600 millones en cuatro años. Vázquez se apresta a remover a José Coya (Lista 711 de Sendic) de la presidencia de Ancap, y a disponer la capitalización de la empresa. La deuda de Ancap es de US$ 2.300 millones.

Tras el duro intercambio público entre Mujica y el actual ministro de Economía Danilo Astori, que en el gobierno del líder del MPP era vicepresidente, la senadora Lucía Topolansky arremetió ayer contra el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini, que la semana pasada, en una entrevista con El País, desató la guerra interna en el Frente Amplio al afirmar que tenía que haber remociones en el directorio de Ancap debido al enorme endeudamiento acompañado por una gran pérdida patrimonial de la empresa estatal.

"Michelini se equivocó feo" al sugerir que debía haber destituciones en Ancap. "No se puede estar generando nerviosismo en la plantilla de Ancap, porque tiene que seguir marchando", afirmó la legisladora en declaraciones a Montevideo.com, y recordó que "hasta ahora no ha aparecido ningún delito".

Indicó la senadora, número 2 del MPP, que en las discusiones internas sobre Ancap "no hay un conflicto", sino que "lo que hay es una lectura distinta".

Ayer en Maldonado, el senador Luis Lacalle Pou exigió que el gobierno inicie acciones reparatorias contra los jerarcas y funcionarios responsables del crack de Ancap, tal como lo establecen los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

"Acá hay responsabilidades políticas. Se podría aplicar algunos artículos de la Constitución, el 24 y el 25. Uno de ellos habla de responsabilidad patrimonial de los gobernantes cuando en su gestión mediara dolo o culpa grave. Que pague el gobernante de su bolsillo. O por lo menos que le cueste. Seguro que los gobernantes se cuidarían más si sucediera eso", respondió Lacalle ante una consulta de El País sobre qué pasará una vez que culmine la comisión investigadora del Parlamento.

Según la respuesta a una consulta de El País en el portal de Presidencia de la República, el Gobierno en los últimos años solo inició acciones reparatorias contra funcionarios de bajo rango, como el caso de un policía que chocó un patrullero, o un funcionario que cometió un delito de bagatela.

Lacalle adelantó que una vez culminada la tarea de la comisión investigadora el próximo 18 de diciembre, se dará paso al plazo existente para redactar los informes. "Seguramente esto termine en la Justicia. Ya lo dijimos porque estábamos viendo algunos elementos que tienen visos delictivos. Por eso vamos a llevar este tema a la Justicia para que ella sea la que determine estos temas", agregó.

Luego criticó a quienes hoy se pelean en el Frente Amplio, como el expresidente Mujica, el exvicepresidente Astori y demás gobernantes. "Ahora se sacan todos el lazo con la pezuña. Están todos hasta las manos. Son todos responsables de este tema. Todos sabían. Ahora resulta que empezó eso del yo no fui", dijo.

En su columna semanal en El Telescopio, el senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que la recapitalización del ente debe estar acompañada por varias reformas.

Dijo que debe estudiarse el desprendimiento de actividades "que no son rentables", como el cemento portland. "Ahí se pierden entre 25 y 30 millones de dólares por año. Pero además se tiene previsto gastar 240 millones de dólares más. Hay que cortar esa sangría. Otro ejemplo es la planta de cal donde también se pierde mucho dinero. Un tercer ejemplo son muchas de las actividades de ALUR que tienen un costo enorme", escribió ayer.

Propuso bajar el gasto en publicidad y las donaciones. "Entre el 2013 y el 2014, tan solo en publicidad, Ancap gastó 22 millones de dólares. Si sumamos las donaciones, la suma se eleva. Cortar eso será un buen mensaje de cambio", sostuvo.

Además, dijo que "lo más importante" es que "al capitalizar la empresa habrá que revisar su estructura organizacional". "En el 2007, Ancap reformuló su estructura organizacional, suprimiendo la Gerencia General y estableciendo un Comité de Dirección integrado por varios gerentes. Se licuaron las responsabilidades, se compartimentaron sectores, y cundió la desorganización interna".

Por eso, planteó "restablecer el orden organizacional interno, la Gerencia General, las responsabilidades, metas y objetivos individuales, sectoriales y generales".

También ayer, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres escribió en una columna en Montevideo.com que "lo que sería inadmisible es que esta propuesta (de capitalización) no estuviera acompañada de un conjunto de modificaciones normativas que corrijan la ausencia de contralor y la debilidad de las normas que controlan la gestión de los entes autónomos".

Así, Mieres propone "establecer los mismos controles existentes para los entes que para las sociedades anónimas de capital estatal y sus directores, prohibir la creación de sociedades anónimas nietas de las empresas públicas, otorgar mayor poder de contralor al Tribunal de Cuentas e impedir que se haga caso omiso a observaciones que puedan referir a hechos de apariencia delictiva".

“Acá hay responsabilidades políticas. Se podría aplicar los artículos de la Constitución, el 24 y el 25. Uno habla de responsabilidad patrimonial de un gobernante cuando en su gestión mediara dolo o culpa grave. Que pague el gobernante de su bolsillo. Seguro que se cuidarían más si sucediera eso”, dijo a El País.

“Michelini se equivocó feo” al sugerir que debía haber destituciones en Ancap. “No se puede estar generando nerviosismo en la plantilla de Ancap, porque tiene que seguir marchando”, afirmó la legisladora a Montevideo.com, y recordó que “hasta ahora no ha aparecido ningún delito”.

“Los resultados muestran un manejo descuidado de los bienes públicos, además de varias decisiones irregulares que violan normas, algunas de ellas con apariencia de ilícito”, analizó el senador independiente. Mieres afirmó a El País que esta capitalización servirá si se restablecen los controles sobre el ente.

“La capitalización tiene que venir acompañada de una profunda reestructura. Esta, en primer lugar debe incluir el análisis del desprendimiento de actividades que no son rentables. Al capitalizar la empresa, además, habrá que revisar su estructurar organizacional”, sostuvo en El Telescopio.

POLÉMICA POR LA GESTIÓN DEL ENTE PETROLERO