AGENDA FRENÉTICA

Blancos señalan poco rigor y Mieres ”falta de respeto a la Constitución”.

Las urgencias legislativas del Frente Amplio en el cierre del año 2017 han desnudado el deterioro de la relación entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición, que consideran que a esta altura el vínculo, cuando ha transcurrido la mitad de la legislatura, "se ha quemado en la hoguera".

Uno de los mayores argumentos de los partidos de la oposición en los tres gobiernos del Frente Amplio es que se legisla "de apuro" y "sin atender lo constitucional", según han planteado varios senadores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente en los últimos años. La referencia es a la cantidad de leyes que después terminan siendo declaradas inconstitucionales.

Al cabo de la primera mitad de la Legislatura 2015-2020, la relación entre el oficialismo con mayoría parlamentaria y la oposición ha decaído a un punto tal que el Partido Nacional, la principal fuerza opositora, literalmente ha tirado la toalla. En una de las últimas sesiones del plenario de Diputados, el nacionalista Gustavo Penadés, que tiene varias legislaturas encima, cuestionó la "cantidad de barbaridades legislativas" que se han aprobado "de apuro", las que, dijo, "atentan contra el derecho constitucional y la calidad legislativa".

El "apuro" del oficialismo por sancionar en Diputados la ley sobre violencia de género para las mujeres es un ejemplo claro. En esa sesión, Penadés sostuvo que esa urgencia "termina con la relativa buena relación que teníamos acá". El Frente Amplio propuso votarlo como urgente, pero la oposición, por vía del diputado nacionalista, dijo: "Se terminó. No votamos ninguna urgencia más". Esa ley estuvo dos años en el Senado, pero en una semana se aprobó en la Cámara de Representantes.

"El relacionamiento político se ha deteriorado. Se ha quemado en la hoguera por un capricho. Es condenable", remató Penadés.

De todas las leyes que fueron declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte destacan algunas. Está a punto de aprobarse en Diputados el proyecto de ley del Frente Amplio por el que se anula la eliminación de una persona del padrón electoral al no estar en el país en dos elecciones seguidas. Esto le permitiría votar aún viviendo en el exterior. "Otra inconstitucionalidad más y van... Qué falta de respeto a la Constitución, es una epidemia en el Frente Amplio", opinó el senador del Partido Independiente Pablo Mieres. La iniciativa fue aprobada por mayoría en la comisión de Constitución de la Cámara de Representantes y la oposición sostuvo allí su inconstitucionalidad. Entiende que el oficialismo da pasos previos con miras a reinstalar el debate sobre el voto en el exterior. Hoy la Constitución, en su artículo 81, establece que para sufragar hay que estar avecindado en el país. La oposición cree que además debe tomarse en cuenta que en 2009 una reforma constitucional para instaurar el voto en el exterior fue rechazada.

La ley que crea un impuesto para los retirados y pensionistas militares, próxima a considerarse en estos días, es inconstitucional, de acuerdo con juristas consultados en el Parlamento como Martín Risso, Ruben Correa Freitas y Gonzalo Aguirre.

En 2016 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley del paciente. La decisión se tomó tras una demanda de un paciente que reclamó la provisión del medicamento Vemurafenib, recetado para el tratamiento oncológico en la región abdominal, según el fallo al que accedió El País.

Ese mismo año, la Suprema Corte declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley de Servicios de Comunicación Visual, conocida como la "Ley de Medios", aprobada en 2014, por lo cual la misma ha tenido aplicación parcial.

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional un artículo de la ley de Rendición de Cuentas de 2012 que le quitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la potestad de anular las resoluciones de la DGI que dan lugar a la denuncia penal por defraudación tributaria.

En 2011 el Parlamento había declarado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, incluyendo la tortura, cometidos durante la dictadura. Pero en 2017 la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de esa ley, siendo este el episodio más reciente de desencuentros entre el cuerpo y el Parlamento. La Institución Nacional de Derechos Humanos rechazó la decisión de la Corte.

Según un informe de radio El Espectador en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), la Suprema Corte de Justicia declaró cinco leyes inconstitucionales. En el período encabezado por Luis Alberto Lacalle (1990-1995) fueron seis, o sea, una más. De la segunda administración de Sanguinetti (1995-2000) sólo tres leyes fueron inconstitucionales en opinión de la Suprema Corte.

Del gobierno de Jorge Batlle, entre 2000 y 2005, hubo cinco leyes declaradas inconstitucionales (la misma cantidad que en el primer gobierno de Sanguinetti). En la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010), la cantidad de leyes inconstitucionalidades fue tres; igual que en el segundo mandato de Sanguinetti. Y por último, durante la administración del expresidente José Mujica la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales siete leyes, vinculadas, por ejemplo, a Pluna y a la creación de un tributo que hubiese gravado las grandes propiedad rurales.

El diputado oficialista Darío Pérez de ahora en más no acompañará ningún proyecto del gobierno que él entienda es inconstitucional. Pérez recordó, además, que fue desautorizado por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori cuando en la bancada se había alcanzado un acuerdo para modificar la reforma del BROU. "De aquí en delante, luego de haber sido desautorizado en ese acuerdo que habíamos hecho, mucho menos me voy a callar, muchísimo menos, y voy a actuar frente a cada proyecto que mande el Ejecutivo con criterio propio. Francamente no me importa si me aplican la disciplina partidaria o el reglamento de bancada", adelantó.

"Así como en un momento se me llenó el vaso y dije: voy a votar todas las investigadoras que vengan de aquí por delante. La propuesta de los militares (para gravar sus pasividades) viola claramente el artículo 67 de la Constitución. Nos hemos acostumbrado a despreciar a la academia. En la Ley de Riego a la Facultad de Ciencias solo le faltó poner semáforos dentro del Palacio para ver si en algún momento se paraban con los desatinos que esta ley de riego trae en sí. Se desprecia a la academia, se desprecia a los que más saben, a los que más estudian. ¿Pretende el Ministerio de Economía decir que ellos saben más que la cátedra de Derecho constitucional de la UdelaR? ¿Pretende el ministro de Economía decir que saben más que la Universidad Católica? ¿Pretenden los de Economía que no es inconstitucional cuando grandes profesores que se han quemado las pestañas leyendo de todo dicen que esto es inconstitucional? Pero, ¡por favor! Vamos a empezar a respetar", insistió. "La disciplina partidaria tiene sus límites", advirtió.

El legislador ya anunció que no votará el impuesto a la pasividades militares que el gobierno impulsa para reducir el déficit del servicio de retiros y pensiones militares, por lo que no sería aprobado.