Opinan que recurso de normas de AFE "no puede prosperar"

El recurso de impugnación de cuatro artículos de la Rendición de Cuentas que lleva adelante el sindicato de AFE no es procedente, según la opinión de algunos especialistas consultados por El País.

Los doctores Daniel Hugo Martins, vinculado al Partido Nacional, y Ruben Correa Freitas, senador del Partido Colorado, coincidieron que la formulación de la consulta no corresponde al entender que las normas señaladas son materia presupuestal y, por tanto, no pueden ser recurribles porque son privativas del Poder Ejecutivo.

El pasado jueves y detrás de la bandera de la Unión Ferroviaria, se presentaron 80.463 firmas a la Corte Electoral, para disparar la llamada "vía corta". La misma requiere la presentación de 50.000 firmas (2% del padrón electoral). Verificadas las firmas, hay un llamado a votación no obligatorio, y si se alcanza el 25% del padrón (600.000 adhesiones) recién allí se convoca a consulta popular para recorrer la suerte de los artículos en cuestión.

Básicamente, las normas impugnadas refieren a la supresión de los servicios médicos propios de los entes; la transferencia de la infraestructura de AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y la posibilidad de que las intendencias tercericen el cobro de los tributos municipales.

De todos modos hay un paso previo para la Corte: calificar si es procedente el trámite.

"Creo que no es procedente el recurso. En lo referente a AFE, significa la supresión de un servicio público que, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución de la República, sólo se puede hacer mediante la ley de Presupuesto. Y éste requiere la iniciativa del Poder Ejecutivo", detalló Martins en conversación con El País.

"Lo relacionado con las subvenciones y subsidio, también es materia presupuestal. Es clarísimo", agregó.

Por su parte, Correa Freitas también señaló que los temas planteados "son asunto presupuestal".

"Desde el punto de vista constitucional, esto es típicamente presupuestal —insistió— ya que es un objeto de la Rendición de Cuentas. A mi juicio, el recurso no puede prosperar".

Mientras, los promotores de la consulta, el día que presentaron las firmas, defendieron la pertinencia de la misma y remarcaron que las normas impugnadas no son privativas del Poder Ejecutivo.

"Ya quedó demostrado en oportunidad del debate por los artículos 612 y 613 del Presupuesto referidos a Antel. Por lo tanto, esta situación no resiste el menor análisis. Estamos tranquilos, hay una ley y una Constitución", dijo a El País el dirigente ferroviario, Juan Silveira.

El dirigente sindical comentó que el movimiento a favor de la consulta había realizado consultas al senador José Korzeniak (Frente Amplio) y contactos "informales" en la propia Corte Electoral, que respaldaron la legalidad de la iniciativa.

"Los temas no tienen nada que ver con la Rendición de Cuentas. Una reestructura del ente ferroviario se puede hacer en una ley cualquiera", acotó Silveira.

PROCESO. Desde el punto de vista formal, la Corte Electoral recibió los paquetes de firmas y pasó el tema a consideración de la comisión de asuntos electorales, integrada por cinco de los nueve ministros de la corporación. Esa comisión tiene un plazo de 45 días corridos para expedirse sobre la calificación del recurso —si procede o no— y, simultáneamente, verificar si el número de adhesiones exigido supera el 2% del padrón electoral.

Con relación al tema de fondo, Silveira dijo que los artículos "son negativos para el país, para las empresas públicas y también para la asistencia médica de los trabajadores".

Cuando las normas se aprobaron, la dirección de AFE valoró que las mismas retomaban los puntos del plan de reestructura que había elaborado el ente años atrás. "Este es el primer paso para que pueda disminuir el gasto que hace el Estado en AFE a través del subsidio, porque permitirá bajar los costos de mantenimiento a la mitad", dijo en ese entonces el vicepresidente del organismo Roberto Médica.

AFE había elevado a la presidencia de la República un documento en el que se describía un plan de inversiones de U$S 45 millones que incluía privilegiar algunas líneas férreas y cerrar otras. Eso llevaba las líneas operativas de 1.933 kilómetros a 1.500 kilómetros, pero mejorando el estado de las vías. De esta manera se bajaba a la mitad el costo de mantenimiento por kilómetro y además se elevaba el promedio de velocidad sobre las vías.

Dentro de dos años "van a salir seis millones de toneladas de madera, dentro de ocho años casi ocho millones y en doce o trece años van a ser 12 millones. Si esto se transporta por carretera, el Estado va a gastar mucho más en mantenimiento", consignó Médica.

n La Corte Electoral no llegó a pronunciarse sobre las normas de Antel que fueron recurridas el pasado año.

Tras la presentación de las firmas, observando los artículos 612 y 613 de la ley de Presupuesto, la corporación pasó el asunto a la comisión de asuntos electorales. En la misma, dos ministros colorados redactaron un informe que señalaba que no correspondía el llamado a referéndum, en tanto dos ministros blancos elaboraron un documento que apoyó la oportunidad de la consulta. El ministro del Frente Amplio sumó su adhesión al informe de los representantes del Partido Nacional, lo que aseguraba la mayoría en la comisión, dando por válido el recurso desde el punto de vista formal y de su materia.

El tema pasó al plenario de la Corte Electoral, comenzó a discutirse, pero esa consideración no terminó porque se aprobó una ley en el Parlamento, en julio de 2002, derogando los artículos en cuestión. Los artículos impugnados autorizaban la venta de hasta el 40% de las acciones de Ancel (612) y eliminaban el monopolio de las comunicaciones telefónicas internacionales de Antel y le permitía asociarse con capitales privados (613).

El sindicato de Antel salió al cruce de la resolución legislativa y acusó al Parlamento de cometer un "acto de delincuencia política", según apuntó el dirigente Julio González.

n El artículo 130 de la Rendición de Cuentas traspasó al Ministerio de Transporte la infraestructura ferroviaria de AFE y deja en manos de la empresa pública la explotación comercial del transporte de cargas y pasajeros. También dispone U$S 5 millones para ser invertidos en el 2003 y otros U$S 10 millones para el 2004 en adelante en el mantenimiento de las vías.

Se trata de 3.000 kilómetros de vías férreas (de los cuales 1.900 están operativos), lo relativo a comunicaciones, las estaciones y la señalización. Mientras tanto, AFE se quedará con la administración, el área de transporte y el material rodante (locomotoras y vagones). El hecho de pasar la infraestructura a Transporte conlleva que alrededor de 700 de los 1.700 funcionarios de AFE pasarán al ministerio, mientras que unos 500 quedarán en AFE. Para los restantes 500, se piensa implementar un plan de retiros incentivados para quienes estén en condiciones de jubilarse.