El juez letrado de Atlántida, Marcos Seijas, volvió a procesar "ocupas". En este caso se trata de un hombre y una mujer que se habían instalado en terrenos de la zona de Marindia norte.

El hombre terminó procesado con prisión, por el delito de usurpación, ya que tenía antecedentes penales recientes. Según indica la normativa, podría estar tras las rejas entre tres meses y tres años.

En tanto, la mujer evitó la cárcel aunque fue procesada como cómplice de usurpación. "De atrevida lo dejé entrar a un terreno que no era mío", admitió la procesada en el Juzgado.

Otros dos "ocupas" declararon ante la sede de Atlántida pero acordaron su salida con el dueño del terreno con lo que evitaron ser procesados.

Mientras tanto, un grupo de "ocupas" que se instalaron a pocos metros del peaje sobre el arroyo Pando deberán pasar el lunes de la semana próxima por el Juzgado a cargo del juez Seijas, según confirmó a El País una vecina del lugar.

La mujer vive en una habitación construida con "varejones" y chapas. Detrás de su casa se puede ver otras piezas levantadas con bloques y ladrillos.

Según estimaciones efectuadas por la Alcaldía de Salinas, en la última década fueron ocupados, en forma ilegal, unos 700 terrenos en los balnearios Neptunia y Marindia. En el asentamiento de Neptunia Norte, hay unos 120 predios ocupados; en el de Tropa Vieja, 200; en Pinamar Norte, 80 y en Marindia unos 300, según cálculos del alcalde Salvador Bernal.

En lo que va del año el juez Seijas lleva procesados a nueve ocupantes ilegales de Cumbres de Neptunia, un fraccionamiento que quedó abandonado en la década de 1970. Los terrenos, propiedad de un grupo argentino, registran una deuda de contribución inmobiliaria que supera su valor comercial.

El procedimiento de ocupación implica, entre cosas, la solicitud de instalación del servicio de energía eléctrica por parte de UTE y de agua por OSE.

En uno de los autos de procesamiento del juez Seijas se consigna que los procesados ocuparon un terreno a "mediados de marzo, comienzos de abril de 2014" y que en septiembre de ese año se mudaron a otro predio.

El fallo indica que los procesados cometieron el delito "en forma arbitraria" y que "sabían su ilícito accionar". Además, consigna que uno de los procesados realizó una declaración "plagada de contradicciones".

Otra sentencia, en este caso del 19 de febrero, señala que "la indagada confiesa que -días antes- anduvieron "merodeando" y mirando terrenos para ocuparlos. Sabía que el dueño del terreno es un ciudadano argentino. Se reunió con vecinos de la zona que están organizados para la ocupación de inmuebles vacíos. Se habla de una "Comisión de Okupas" que "adjudicaría" esos lugares". "Para ingresar, junto con su marido y otros vecinos, cortaron un alambre", dice la sentencia.

Seijas deja señalado por escrito en una sentencia del día 26 de febrero, que los procesaron "confesaron que se asesoraron con una profesional escribana para eventualmente- efectuar una acción civil, obtuvieron vía Internet una cédula catastral, se encargaron de averiguar la deuda por concepto de contribución inmobiliaria, mas no hicieron lo propio con ubicar a los propietarios". "Todos tienen nivel terciario por lo que sabían perfectamente que su actuar era ilícito", agregó.

El magistrado de Atlántida solicitó a la Policía una investigación sobre la existencia de una "comisión de okupas" que tendría como cometida "filtrar" el ingreso de personas de "malvivir". La investigación se ha visto enlentecida por el cambio de autoridades en la Jefatura de Canelones, según fuentes judiciales.

Los ocupantes de la zona han conformado una "comisión de obras", que se encarga de realizar arreglos tales como poner nombre a las calles, que en realidad son sendas o trillos, y señalizar el lugar. Fabián Saravia, un panadero que trabaja en Pando, aseguró a El País que forma parte de ese grupo.

Además, en los últimos días surgió la llamada "Coordinadora de Vecinos Contra los Desalojos", una organización que ayer emitió un comunicado denunciando "abusos varios realizados por parte de los diferentes poderes del Estado, en Remanso de Neptunia, Cumbres de Neptunia y Marindia".

Los responsables del grupose mantienen en el anonimato y se comunican únicamente por correo electrónico. Definen a la coordinadora como "un espacio que nos hemos dado vecinos de distintos barrios de la zona, ante la necesidad de ofrecer resistencia organizada a los intentos de desalojo".

En Neptunia se formó una comunidad con características propias, para los vecinos de la zona se trata del área "hippie".

La "Coordinadora de Vecinos Contra los Desalojos" denunció mediante un comunicado presuntos "abusos". Señalan "uso abusivo de la herramienta penal, criminalización de los vecinos, discriminación, abuso policial mediante amenazas, persecución , hostigamiento, intimidación y detenciones arbitrarias e irregulares". El grupo señala que mientras se desarrollaba la protesta del viernes, la Policía detuvo a Mauricio, un vecino sordomudo. Ingresaron en forma violenta y se efectúa la detención con golpes de por medio a pesar de que no hubo resistencia. Ya en la comisaría es desnudado, humillado y torturado psicológicamente, ingresado al calabozo e incomunicado".

Delma Castro y su marido fueron procesados el 4 de marzo pasado por el delito de usurpación. Habían construido una casa de madera en un predio de Cumbres de Neptunia.

Tras el fallo del juez Seijas, la mujer y su familia debieron abandonar la vivienda en 24 horas. Fueron a parar a un lugar que consiguieron en el trabajo del hombre. La mujer resolvió iniciar una huelga de hambre desde el sábado pasado.

Se instaló en una carpa a pocos metros del peaje sobre arroyo Pando, en el kilómetro 34 de la ruta Interbalnearia. Al lado de una carpa y en medio de un bosque de pinos, la mujer afirmó a El País que hace cinco días que no ingiere alimentos sólidos, bebe agua y jugos de fruta.

Quiere una solución rápida para su situación y así volver a la casa que construyó con su marido e hijos.

Ayer confirmó a El País su intención de seguir con la medida hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Se trata de la segunda medida aplicada por los ocupantes de terrenos. La primera fue una concentración de un grupo de unas 100 personas frente a la seccional de Salinas que tuvo lugar el viernes. Los movilizados entonaron consignas como "gobierno progresista, represión fascista" al tiempo que mostraban carteles con frases como "ocupar no es delito, basta de perseguir a los vecinos".

Crean una coordinadora de ocupantes para resistir los desalojos judicialesPABLO MELGAR