Son víctimas que no tienen voz. Sus muertes han sido sepultadas por otros crímenes con ribetes más resonantes. Sin embargo, sus ausencias siguen calando las almas de los seres queridos. Son heridas abiertas que no cierran pese al paso del tiempo. Los familiares, cuanto mucho, apenas pueden aprender a convivir con ellas.

Algunos tienen el magro consuelo de que los victimarios fueron detenidos por la Policía y procesados. "Se hizo justicia", dicen. Otros familiares de víctimas se cruzan con los agresores por las calles de sus barrios y perciben, con dolor, que en este país existe la impunidad.

Al igual que lo ocurrido en dictaduras latinoamericanas, familiares de víctimas de delitos peregrinan, en forma periódica, por las seccionales.

No buscan conocer el destino de sus seres queridos, sino tener noticias de la investigación sobre los asesinatos de sus hijos, esposos o padres. En muchos casos la respuesta es la misma: "Se está trabajando".

Otros familiares, que tienen contactos dentro del Ministerio del Interior o la suerte de ser atendidos por un policía sensible o profesional, reciben alguna información.

Josefa Ramona Facio Rodríguez (59) y Giovana Ferreira (41) son la madre y hermana, respectivamente, de Iván Farli Ferreira (38), asesinado el 25 de octubre de 2014 en Camino de Las Tropas y Carlos Martori, al regresar de un trabajo en el barrio Cerro.

Era el padre de siete hijos pequeños. Era el único sustento del hogar. Su esposa se dedicaba a criar a una hija minusválida.

La muerte de Iván ocurrió en la víspera de las elecciones nacionales. Al otro día, se iba a reunir la familia aprovechando el domingo. Esa reunión jamás se hizo.

Al regreso del trabajo, a muy poca distancia de su casa, a Iván le dispararon para robarle la moto. "El daño es algo tremendo. Mis padres recuerdan la muerte de mi hermano cada vez que pasan por esa esquina", dijo Giovana.

Tras ser avisados por un vecino, los padres de Iván corrieron hacia donde este estaba caído. El casco no permitía ver que Iván había recibido un tiro en el ojo. Todavía estaba con vida. Fue trasladado al Centro Coordinador del Cerro y después al Hospital Maciel. Falleció a la una de la mañana del 25 de octubre de 2014.

Poco después del asesinato, la madre de Iván y su esposo fueron, en varias oportunidades, a la Seccional 24ª para obtener información sobre la investigación del crimen. Allí les trasmitieron que había un menor detenido por el caso.

El padre de Iván pidió para ver al detenido. Recibió una respuesta negativa. En la comisaría les informaron que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohibía divulgar datos de los homicidas menores de edad.

Las últimas palabras que Claudia Maldonado escuchó de su hijo Carlos Quiroga (19) cuando salió de su casa en la ciudad de La Paz, Canelones, fueron: "Ma, ya vengo. Voy hasta el almacén en bicicleta. ¡Qué frío que hace!".

Media hora más tarde, Claudia dormía. Su esposo se encontraba en el trabajo. Sonó el teléfono en la casa de Claudia. Atendió su otro hijo. Una persona dijo que a Carlos le habían pegado unos tiros a seis cuadras de su casa.

A los pocos minutos, esta persona llamó de vuelta. Le trasmitió a Claudia, que ya estaba despierta, que la pasaba a buscar en un auto.

Claudia no lo esperó. Salió corriendo. Cuando estaba en la esquina, llegó la persona que había llamado por teléfono en su vehículo. Lo acompañaba la esposa. Después de recorrer varias calles de la ciudad de La Paz, observaron un tumulto y un móvil policial en una esquina.

"Vi que un médico atendía a mi hijo. Mi subconsciente quería que el médico me dijera que mi hijo estaba bien. Pero vino el médico y me explicó que no había nada que hacer. Que le habían pegado un tiro en el medio de la cabeza", dijo Claudia, de 49 años.

Su hijo se trasladaba en bicicleta con el gorro hacia abajo. "Mauri" ni siquiera levantó la cabeza. La bala ingresó por arriba de la visera.

"Me lo mataron dos veces: una cuando lo vi caído en la calle y la segunda cuando la médica forense le sacó la manito del bolsillo y tenía un paquete de galletitas. Él iba comiendo galletitas cuando lo mataron", relató.

Poco después, Claudia comenzó a averiguar quién había asesinado a su hijo. "Supuestamente la persona que vino a buscarme a casa fue quien lo mató. Y como coartada me llevó al lugar del crimen. Para la Policía de Homicidios de Canelones está confirmado que fue él", dijo.

Sin embargo, el matador sigue libre porque no aparece el arma homicida ni un testigo clave.

"La única persona que lo vio en el lugar de los hechos se suicidó luego de declarar en la Policía. No llegó a testificar ante la Justicia. Lamentablemente, vaya donde vaya tengo que pasar frente a la casa de él. Siento una impotencia, un dolor muy grande", dijo.

En forma periódica, Claudia se dirige a la sede del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones. "La Policía me dijo que el matador era un narco. Pero la jueza pide pruebas concretas. Carlos discutió en varias oportunidades con esa persona. Y en una ocasión le puso un revólver en la cabeza. Solo mi hijo sabe qué pasó", agregó.

Todas las muertes de inocentes a manos de la delincuencia son dolorosas. La del adolescente Gastón Olivera, un estudiante de UTU de Toledo, lo es más. Simplemente estaba en el lugar y en el momento equivocados.

El 19 de enero de 2013, Gastón le dijo a su madre Maribel Brum (47) que iría al parque de Toledo a reunirse con algunos amigos. El parque es el único punto de encuentro que tiene la localidad canaria. A ese lugar concurren familias enteras y grupos de jóvenes se reúnen para hablar de motos y de chicas.

Gastón y sus amigos observaron pasar tres motos. Al rato, esos motociclistas dispararon ha-cia el parque donde había familias con niños. Los amigos de Gastón, al estar sentados mirando hacia la calle, se pararon y salieron corriendo. Gastón intentó reaccionar. Se levantó. No tuvo tiempo de correr. Un disparo le dio en el cuello.

La madre de Gastón dijo que, en ese momento, la Policía de Canelones no le dio ninguna información sobre lo ocurrido.

Los tres sujetos de las motos y el individuo que los ayudó a descartarse de las armas fueron procesados por la Justicia Penal. "El que intentó esconder las armas fue procesado con prisión domiciliaria. Los otros fueron a la cárcel. Pero mi hijo no está".

Gastón tenía solo 16 años.

Joven, fachero y multioficio. Así define su madre, Gaby Soca (52), a su hijo Álvaro Pose (20), quien fue asesinado por dos delincuentes para robarle la moto.

Álvaro trabajó desde que era un escolar. Le gustaba acompañar a su padre cuando este distribuía mercaderías para una conocida empresa alimenticia. Como le gustaba conversar, su padre le daba al niño el recado de que se encargara de los clientes más antiguas o difíciles. "Desde chico demostró que tenía mucha paciencia", dijo su madre.

En ese momento, Álvaro concurría al Colegio Beata Imelda. Su madre trabajaba allí. Para poder costearse los paseos, Álvaro cocinaba y luego vendía los alimentos en el barrio. "Era muy trabajador. Nosotros también somos trabajadores. Y le enseñamos a nuestros hijos a ser independientes desde chicos", recordó Gaby.

Al llegar a la adolescencia, Álvaro comenzó a vestir con elegancia. Trabajaba de repartidor de una pizzería de la zona. También vendía productos cosméticos. Si no tenía dinero para ropas, le pedía prestado a su madre y luego lo devolvía.

Esa madrugada fatal, Álvaro se dirigió, con su flamante moto a la esquina de José Belloni y Manuel Calleros, Piedras Blancas, a encontrarse con su amigo de toda la vida y una amiga.

"Mi hijo tenía la moto al lado. Recién había terminado de pagarla", dijo su madre.

Dos individuos pasaron en una moto por la avenida José Belloni. Miraron la moto de Álvaro. Algo en ella les llamó la atención. Minutos más tarde, los dos individuos regresaron.

Desenfundaron sus armas. Le exigieron a Álvaro la moto. El joven se resistió. Le dispararon dos tiros, uno de ellos le impactó en el corazón. Álvaro fue trasladado a la sede de una emergencia móvil y allí falleció.

El teléfono sonó en la casa de Gaby. Allí todos estaban acostados. "Lastimaron a Álvaro", dijo una voz en el teléfono.

Creyente, su madre se arrodilló y rezó. Encomendó a Dios el alma de su hijo diciendo: "Que se haga tu voluntad".

Al otro día, durante el sepelio, prácticamente no lloró. Su esposo, Luis Pose, cayó en un pozo depresivo. Dos años después, Pose comenzó a salir de la depresión tras concurrir a una iglesia con su esposa. También cambió de trabajo.

Gaby no recibió ninguna información de la Seccional 16ª sobre la investigación del crimen. Cuando llama por teléfono, le dicen: "El caso está en investigación".

El 18 de enero de 2013, Adrián Pérez (26), un guarda de una cooperativa de ómnibus, se dirigía hacia su casa en moto por la avenida José Pedro Varela luego de una jornada de trabajo.

En la esquina de José Pedro Varela y Corrales, dos bandas de traficantes de drogas dirimían sus diferencias a tiros. Un balazo alcanzó a Adrián. El plomo ingresó en el brazo, le atravesó el abdomen, y le perforó el páncreas y el hígado.

Alicia González (57), madre de Adrián, dijo que la muerte de su hijo "fue un hecho fortuito. Lo mató una bala perdida".

La familia de Adrián contrató a un abogado penalista para que averiguara las circunstancias de la muerte del joven.

El padre de Iván, Ivo Pérez (65), dijo que el homicidio ocurrió en enero y el dictamen forense recién estuvo listo en agosto. "Lo mató una bala explosiva", dijo Pérez, en alusión a que al plomo se le hizo una muesca para que se fragmentara cuando impactara contra un cuerpo.

Iván vivió una hora y 50 minutos después del balazo. No tenía hijos. Vivía con su pareja.

La familia de Iván se queja de no haber recibido ninguna información de la Policía sobre el caso.

Ivo se preguntó: "¿dónde están los derechos humanos de los familiares de las víctimas? ¿No tenemos derechos humanos? ¿Solo los delincuentes tienen derechos humanos? Yo hablo porque a mí me mataron a un hijo. Hay un antes y un después de eso en mi vida".

Javier Soria (40) trabajaba en un reparto de productos alimenticios. El 10 de enero de este año, entregaba mercaderías en un comercio ubicado en Aparicio Saravia y Camino Lecocq. Cuando regresaba a su camioneta, fue interceptado por tres sujetos: dos mayores de edad y un menor.

Frente a su camioneta, otros delincuentes colocaron un camión para que Javier no pudiera huir. "Fue muy rápido. Salió corriendo y le pegaron un tiro en la nuca", relató su esposa Alejandra Ferreira (40).

A Javier no le llegaron a robar. No logró subirse a la camioneta.

Dentro del vehículo, el repartidor tenía una pistola que usaba para defenderse, ya que contaba con la autorización para portar armas. La pistola estaba descargada porque la había utilizado varias veces para disuadir a rapiñeros.

Alejandra supo las identidades de los homicidas de Javier. "La Policía los detuvo", expresó. Uno de ellos murió en un supuesto ajuste de cuentas. Otro era un menor que fue internado en un hogar del INAU y se fugó. Hoy continúa prófugo. El tercero fue herido en una rapiña. Luego fue alojado en el Comcar.

Al igual que otros familiares de víctimas de delitos, Alejandra contrató a un abogado penalista para que efectuara un seguimiento del caso. También obtuvo información de la Policía sobre la investigación. "Si no se tiene algún conocido en la Policía o alguien con buena voluntad, es muy difícil obtener datos", indicó.

"A mi papá lo lastimaron todo y lo arrastraron por la casa", dijo la empleada Nurimar Fernández (61). A su lado, su hermano Jorge (53), asintió.

El 29 de marzo de este año, Juan Pedro Fernández (83) fue gravemente herido durante un copamiento a su casa. Fernández se dedicaba a comprar y vender motos.

En el momento del copamiento, Fernández tenía tres motocicletas dentro de su casa ubicada en Los Tanques y Asentamiento "3 de Enero". Los homicidas se llevaron las motos y la documentación de las mismas.

"Estuvieron mucho tiempo dentro de la casa", expresó Nurimar.

Al otro día, un vecino vio que la puerta de la casa de Pedro estaba abierta. Le extrañó no verlo afuera. El vecino encontró a Pedro caído con múltiples golpes en el cuerpo.

El anciano fue internado en coma. "No se contentaron solo con robarle, sino que lo lastimaron todo. Lo dejaron muy mal. Desde la cabeza a las rodillas", dijo su hija.

Fernández estuvo un mes internado; en dos ocasiones en el CTI. Después del primer coma, se despertó y fue transferido al sector de cuidados intermedios. En ese momento, le contó a sus hijos y a la Policía lo que le había ocurrido. Enseguida su hija Nurimar concurrió a la Seccional 18ª a efectuar la denuncia. Poco después, el estado de salud de Pedro empeoró. Otra vez fue internado en el CTI en coma. Falleció a los 10 días.

Como otros familiares de víctimas de delitos, Nurimar se dirigió, en varias ocasiones, a la Seccional 18ª a informarse sobre la marcha de la investigación. También llamaba por teléfono a policías de esa comisaría. "Nunca sabían darme una explicación. Decían que estaban tras ellos. El caso pasó a la Zona III. Todavía no tenemos novedades", expresó Nurimar.

El 31 de enero de este año, Rodrigo de los Santos (23) se encontraba en su casa ubicada en el barrio Manga. A la vuelta de su hogar, en una cantina, se festejaba el cumpleaños de uno de los sobrinos.

Varios amigos y su sobrino lo fueron a buscar. A su padre, Rodrigo le dijo: "Regreso en 15 minutos, papá. Tomo un trago, le canto el feliz cumpleaños y vuelvo".

A los 15 minutos, alguien llamó por teléfono y avisó al padre que le habían pegado un tiro a Rodrigo. Un grupo de delincuentes fue a la cantina a buscar a unos amigos del sobrino que festejaba su cumpleaños ese día.

Al ver el tumulto, Rodrigo corrió. Uno de los agresores lo vio y le disparó por la espalda. "Rodrigo falleció en el patio de su casa intentando entrar", afirmó su hermana, Mónica García (35).

"Murió enseguida porque la bala ingresó por la espalda y le tocó una arteria del corazón", agregó Mónica.

La hermana comenzó a averiguar las causas de la muerte de Rodrigo.

Por los amigos de su sobrino, supo que los agresores habían ido a la cantina a buscar a un sujeto conocido como "el Marcelito", quien aún está prófugo de la Justicia Penal.

"Terminaron lastimando a mi hermano que no tenía nada que ver. El lío no era con él", dijo Mónica.

En una de las visitas que efectuó a la sede de la Zona III (Mendoza y barrios aledaños), un oficial le dijo que el matador de su hermano era un menor de edad y que, en ese momento, estaba detenido por una rapiña.

"Según la Policía, no pudieron probarle el crimen porque no encontraron el arma. Además el matador tenía una coartada".

Enseguida agregó: "Hasta que las leyes no cambien, vamos a seguir así".

Fotos: Fernando Ponzetto

El 14 de enero de 2009, el repartidor de productos avícolas Alejandro Novo fue asesinado por tres rapiñeros en la zona de Barros Blancos. La falta de pruebas mantiene el caso sin resolución. Testigos afirman que los rapiñeros esperaron a Novo en un auto sobre la Ruta 8.

A partir de ese momento, Graciela Barrera de Novo comenzó un camino de dolor que terminó, tres años más tarde, con la fundación de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide).

Los siguientes son fragmentos de sus cartas dirigidas a dirigentes políticos y a la población:

El 29 de enero de 2009, escribía: "Uruguayas, uruguayos, gente del mundo entero. Quien quiera leerme. Es tan grande el dolor que siento que no puedo expresarlo realmente... rabia, mucha rabia, bronca, o impotencia porque el 14-1-2009 alrededor de las 14:15, tres o cuatro bestias me sacaron de este mundo a mi hijo Alejandro Javier. Me dicen que tengo que tener paciencia, qué paciencia puede tener una madre que sólo piensa que su hijo salió a trabajar como siempre y sintió el calor y el ardor de dos balas al entrarle en su cuerpo y el frío espantoso de la muerte. Si realmente quieren observar la cara de una mujer auténtica tendrían que ver las caras de mi nuera, la mía y la de muchas mujeres que sufren injusticias como la que hoy nos toca vivir".

El 5 de marzo de 2009, en una carta abierta a la entonces ministra del Interior, Daisy Tourné, Barrera de Novo escribía: "Sé que a Ud. hoy le estoy quitando minutos de su valioso tiempo; a mi hijo le quitaron lo más valioso para un ser humano: su vida. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque hoy por hoy a los que trabajamos nos falta algo: SEGURIDAD (según el diccionario: confianza, tranquilidad de una persona procedente de la idea de que no hay ningún peligro que temer)".

A poco más de un año de la muerte de su hijo, el 25 de marzo de 2010, Barrera de Novo escribió: "Quien suscribe es una madre desesperada pero no quebrada. Desesperada por encontrar a quienes el 14-1-2009 nos mataron pa-ra rapiñarlo a nuestro hijo Alejandro. No quebrada porque no voy a parar hasta encontrar a los culpables, hemos peregrinado con mi esposo por Jef. de Canelones, de Montevideo, Min. del Int. (Sr. Bernal), Homicidios de Canelones, de Montevideo. Hemos hecho lo que nos han dicho y mucho más. Pero nada, ni juez, ni fiscal. Todos muy amables pero nada. Necesitamos hechos... a toda la sociedad de mi querido Uruguay le pido que me ayude a que el asesinato de mi hijo no quede impune".

El 17 de julio de 2012, escribió: "Día del Padre. Fue el día del Padre. Me van a decir que es comercial pero Meli (su nieta) vive en una sociedad consumista y no la podemos sacar de ella. Sé que esta sociedad consumista nos ha llevado a lo peor. Tres años y medio de búsqueda de los asesinos para una familia es un tiempo muy largo. Es sobrevivir nada más. Para los que tienen que darnos respuestas es tiempo nada más... Quiero ayudar a esta sociedad, hago lo que puedo y si consideran que sirve para algo más mi nefasta experiencia díganme. Quisiera que Melina, cuando sea grande, entienda que la Justicia existe y qué mejor ejemplo que se resuelva lo de su papá. Ninguna familia puede decir que no le va a pasar lo que a la nuestra. Por favor despierten, ayúdennos a ayudar, somos muchas familias que estamos en esta condición. Nadie se da cuenta hasta que sucede. ¿Hasta cuándo olvidadas? Gobierno, oposición, ¿saben que somos personas? ¿Saben que Melina, Ian, Sofía y muchos niños más son de carne y hueso?"

vea el videoEDUARDO BARRENECHE