Recomienda “suspender” la participación del “corporativismo” docente en el Codicen.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó que el gobierno de la educación en Uruguay carece de transparencia en el uso de sus recursos y que padece una falta de liderazgo que hace difícil implementar los cambios que son necesarios. Por otra parte, recomienda que el "corporativismo" docente no forme parte del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El informe Revisión de Recursos Educativos, que fue presentado ayer por la OCDE, expone una serie de críticas a la situación de Uruguay, sobre todo en lo que tiene que ver con enseñanza secundaria. El trabajo advierte que "las tasas de culminación de primer y segundo ciclo de educación media siguen siendo insatisfactorias y aumentaron lentamente durante las últimas décadas en comparación con otros países de la región".

También alerta sobre las limitaciones a las que se enfrenta la universalización de la educación media en materia de infraestructura, por sus "equipos limitados" y la "falta de titulación de los docentes". Señala, además, que "una limitación adicional es la insuficiente diversidad de ofertas en educación secundaria que se ajusten a los intereses y características de los alumnos".

El documento, que sale a luz pocas semanas antes de que la OCDE haga públicos los resultados de las últimas pruebas PISA, hace un exhaustivo análisis sobre las causas que hacen que Uruguay no logre mejoras sustantivas a nivel educativo.

En este sentido, apunta sobre todo a la gobernanza de la educación. Manifiesta que "no está claro quién es el responsable de definir la política educativa y quién es, en definitiva, responsable de su implementación y los resultados del aprendizaje dentro del sistema".

Diagnostica que "esto se produce por la ambigüedad de roles entre el Codicen de la ANEP y sus consejos desconcentrados", en referencia a Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente.

"Las líneas de responsabilidad no están claras, existe falta de liderazgo en el sistema educativo en su conjunto y competencia entre los consejos de educación por sus recursos", manifiesta la OCDE.

El trabajo alerta, entre otras cosas, sobre los problemas que se generan por no poder transferir recursos de un desconcentrado a otro.

La OCDE propone "definir la entidad que se hará responsable del estado de la educación en Uruguay" y, en este sentido, llama a "reducir la duplicación innecesaria de esfuerzos".

Por otro lado, el organismo critica la participación de los docentes dentro del Codicen e incluso sugiere que dejen de formar parte de éste. "Es conceptualmente debatible que un sistema de gobernanza educativa tenga entre sus administradores a representantes de un grupo que tenga evidentes intereses creados en el sistema. Dado el alto riesgo que implica este enfoque para la neutralidad del desarrollo de la política educativa, el equipo de re revisión de la OCDE recomienda su suspensión", señala.

"El aspecto clave que debe respetarse es que las visiones y perspectivas de los docentes se tomen en cuenta en los procesos de reforma educativa, un principio que es válido para otros grupos, tales como los alumnos, padres, empleados o directores de los centros. Un sistema educativo debería estar centrado en los estudiantes y la administración conjunta con los docentes plantea el riesgo de que, por el contrario, pase a estar centrado en ellos", añade.

En tanto, con respecto al papel del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la OCDE dice que "no está claro por qué debería conservar su rol reglamentario en la educación en la primera infancia e inicial".

Dice que esto debería pasar a la órbita de la ANEP, y que la cartera debería actuar solo como un organismo de coordinación y consulta.

El informe también advierte sobre la necesidad de dotar de mayor autonomía a los centros educativos. "La limitada autonomía quita poder a los centros y a los actores locales, y hace que sea más difícil que estos últimos se responsabilicen, en particular los directores de los centros, ya que son los responsables de tomar la mayoría de las decisiones".

El informe además sostiene que "la distribución de los recursos" que hace la ANEP "carece de transparencia", ya que los parámetros que se utilizan para decidir qué se le da a cada institución no se hacen públicos. Esto corre tanto para la parte económica como para los recursos humanos. "El personal adicional designado a los centros educativos depende del asesoramiento subjetivo de los inspectores", alerta la OCDE.

También define como una debilidad que en Uruguay no se realicen "análisis del impacto" que tienen los recursos "en los logros académicos".

En este sentido, señala que "no se destinan suficientes recursos para los procedimientos de auditoría, no existe información sobre el uso de los presupuestos a nivel de los centros educativos, y, en general, se carece del análisis costo-beneficio de las diferentes políticas y programas educativos".

La OCDE, entonces, recomienda "ofrecer mayor transparencia a la distribución de los recursos públicos en los centros educativos". Para esto propone "incorporar una fórmula de financiamiento" que lleve a "una asignación más eficiente y equitativa". Lo que plantea es "un esquema de financiamiento por alumno" por el cual "los recursos se calculen por cada estudiante".

"Existen grandes diferencias en los logros de los alumnos, según el tipo de centro, su ubicación y sus recursos educativos. Estas inequidades se reflejan en los logros de los estudiantes. En 2010, solo el 25% de los jóvenes de 15 a 17 años del quintil de menores ingresos había completado el primer ciclo de educación", advierte la OCDE.

La OCDE, aunque reconoce que hubo una mejora en el salario de los docentes durante la última década, señala que estos todavía ganan poco y que por esto se sienten desmotivados.

"En Uruguay los bajos sueldos de los docentes inciden adversamente en la calidad de las personas que ingresan a la docencia, en la percepción del público sobre la profesión y en la motivación de los que ya la ejercen", sostiene el informe presentado ayer. Además, considera "reducido el gasto actual en educación", y alerta que es uno de los más bajos de la región.

"Las bajas remuneraciones tienen evidentes efectos negativos en los niveles de motivación de los docentes y limitan considerablemente la capacidad del sistema (...). En Uruguay, esta situación produjo que los docentes acumularan una gran cantidad de horas de aula y se desempeñaran en varios trabajos", insiste la organización.

"El gobierno debería continuar realizando esfuerzos para aumentar la cantidad invertida en educación, en términos reales y como porcentaje del PIB, tanto como se pueda en el marco de la situación económica general y la política fiscal del gobierno. Una inversión insuficiente en una generación de alumnos puede tener efectos duraderos en las perspectivas económicas y sociales del país", alerta la OCDE.

Y señala que "la expansión gradual del gasto público en educación debe estar acompañada de una reflexión sobre las áreas a las que debería darse prioridad".

Propone un "aumento de las horas de clase en educación primaria (que una mayor proporción de escuelas ofrezcan enseñanza de tiempo completo), la expansión de la educación media (que mejorarán las tasas de culminación de este nivel) y el crecimiento de la educación en la primera infancia e inicial (ya que aumentarán las tasas de cobertura)".

"El modelo uruguayo de inspección no fomenta el desarrollo educativo", señala el informe de la OCDE, el organismo dirigido por José Ángel Gurría.

La organización expone una serie de razones que sustentan su conclusión. En primer lugar precisa que "la evaluación individual de los docentes y directores no transmite que el desarrollo educativo sea responsable de la comunidad educativa en su conjunto".

En segundo lugar, se refiere a que "las evaluaciones individuales no hacen énfasis en el mejoramiento de las competencias y prácticas profesionales ya que, por el contrario, los inspectores tienden a concentrarse más en aspectos de control y cumplimiento".

Tercero, la OCDE alerta que "los procedimientos de evaluación individual carecen de claridad, transparencia y objetividad, y no se centran claramente en el liderazgo pedagógico".

Cuarto, sostiene que "la planificación del desarrollo educativo y las prácticas de autoevaluación son poco habituales y no aportan información a las evaluaciones".

El informe también critica que la posibilidad de enviar personal adicional a algún centro educativo, en caso de que la dirección de este llegue a requerirlo, depende de la subjetividad de los inspectores. Estos también eligen en qué centros se llevan adelante programas especiales para mejorar los rendimientos de los estudiantes.

OTRO GOLPE