La Intendencia de Cerro Largo está en números rojos y se desconoce si tendrá capacidad de pagar los salarios del próximo mes, según informaron ediles de ese departamento. El intendente Pedro Saravia, que asumió luego de que Sergio Botana renunciara para asumir en el Senado, informará el lunes a la Junta Departamental sobre la situación financiera de la comuna.

El edil blanco Hugo Saravia, primo del intendente, dijo a El País que la Junta Departamental le pide desde hace cuatro años información a la Intendencia arachana sobre el estado financiero de la comuna.

"El intendente (Saravia), cuando asumió, se encontró con un amontonamiento de expedientes", dijo el edil, quien explicó que Saravia brindará el lunes un informe preliminar financiero y de recursos humanos. "Algunos ediles plantearon que fuera una reunión secreta porque la situación es bastante caótica", explicó.

"Entre acreedores, deudas bancarias, proveedores y un montón de dinero que se gastó durante los últimos días del gobierno de Bota- na (quien se presenta a la reelección en mayo), la deuda supera muchísimo la recaudación planificada. Ni siquiera sé si quedó para pagar los sueldos de este mes", dijo el edil blanco. "Los números están más que en rojo. La situación es muy grave", agregó.

"La información que tenemos es que hasta el año 2013 la Intendencia, si bien había disminuido en algo su déficit, todavía mantenía un déficit sumamente alto de US$ 8 millones. Queremos saber cómo se explica esto", dijo por su parte el edil frentista Ademar Silvera.

"El intendente está muy alarmado porque dice que la situación en la que se ha encontrado es muy preocupante", agregó.

La Junta Departamental reclama, entre otras cosas, saber cuántos funcionarios trabajan en la comuna. "(Saravia) nos manifestó que le ha sido muy difícil saber cuántos funcionarios hay", dijo Silvera.

Con esto se busca determinar también cuánto gasta la comuna en el pago de compensaciones, las que suspendió después de un escándalo en la Justicia.

Botana enfrenta varias denuncias que van desde el desvío de fondos para comprar luminarias para el estadio; el incremento de salarios a los funcionarios municipales sin el aval correspondiente; el contrato directo de ONG dirigidas por personas conocidas y la supuesta compra irregular de maquinaria.

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