Empresa española acusa a privados y el Pit-Cnt; perdió 200.000 euros.

En las últimas horas el juzgado de Crimen Organizado de 1er Turno recibió una nueva denuncia penal (la cuarta) que involucra al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. En este caso, se trata de una constructora española que alega que perdió 200.000 euros como consecuencia de —según la denunciante— "una maniobra por la cual se urdió todo un montaje con relación a la construcción de miles de viviendas para obreros sindicalizados por intermedio del Pit-Cnt con el apoyo financiero del Banco Hipotecario. De esa manera se salió a nivel nacional e internacional a captar empresas de construcción a las cuales se le solicitó dinero por anticipado y una vez que se hicieron del dinero, no se construyó absolutamente nada".

La denuncia fue presentada contra dos gestores privados que pidieron el dinero, el ex- coordinador del Pit-Cnt Juan Castillo, el actual vicepresidente de la central, Marcelo Abdala y el encargado del Plan de Vivienda, Eduardo Burgos. También se involucra al expresidente del directorio del Banco Hipotecario, Jorge Polgar.

La empresa denunciante responsabiliza a Polgar, Castillo y Abdala por el contrato que el 1° de setiembre de 2012 firmaron el BHU y el Pit-Cnt y que habilita a la institución bancaria a financiarle a los beneficiarios la compra de las viviendas. Se acusa a Polgar de haber firmado un acuerdo con una entidad que no tiene personería jurídica y se afirma que ese documento fue clave para las "maniobras" de los privados.

La Justicia Penal aún tramita tres denuncias contra los gestores privados que en representación de al menos tres sociedades anónimas firmaron contrato con el Pit-Cnt para encargarse de ejecutar miles de viviendas del Plan Sindical.

La primera denuncia fue la de la empresaria de Rocha Susana Nicodella (que también accionó ante la Justicia Civil y reclama 2.850.000 dólares) y se unificó con otra presentada en junio del 2013 por la empresa Walltech, propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo, que también alega haber sido víctima de una presunta maniobra por miles de dólares. Ambas denuncias son investigadas por la jueza Graciela Eustachio. Fuentes judiciales dijeron ayer a El País que las causas siguen su curso, han declarado algunos de los involucrados y aún restan comparecer otros. También en 2013 se presentó en otro juzgado una tercera denuncia penal por parte de un empresario del interior que reclama cheques entregados a los gestores. Asimismo, también por las viviendas sindicales hubo en 2013 una demanda civil contra uno de los gestores por US$ 6.800.000 y que se saldó mediante un acuerdo extrajudicial.

La última denunciante es la empresa Internacional de Construcción Arined SL, domiciliada en Logroño y representada en Uruguay por el abogado Gustavo Salle.

Según relata la empresa en su denuncia, a la que accedió El País, uno de los responsables de la firma fue contactado en 2012 en España por un intermediario que le comentó sobre "la potencialidad de un negocio que se abría en Uruguay ante un plan de vivienda del Pit-Cnt respaldado por el Estado". Dicho intermediario se ofreció a viajar a Uruguay con el responsable de la firma, un constructor y una asesora fiscal y financiera. Dice la empresa que "el mismo día del arribo, en la cafetería del hotel se apersonaron dos hombres (los gestores a los que identifica por sus nombres y también figuran en las anteriores denuncias) como representantes de la central obrera Pit-Cnt y la empresa Eximat SA." De confirmarse lo que la empresa española denuncia, los gestores habrían actuado en el Plan de Vivienda Sindical utilizando al menos tres sociedades anónimas (Eximat SA, Vivamax SA y Balmey SA), las dos últimas con contratos con el Pit-Cnt para construir miles de viviendas.

En su denuncia, Construcciones Arined SL sostiene que los gestores los llevaron a ver terrenos para edificar las viviendas y luego a un estudio de abogados. "En la reunión realizada en la mañana en el estudio referido se decide redactar un contrato entre Internacional Construcción Arined S.L. y Eximat S.A. En primer lugar Eximat S.A. actúa como representante para el Uruguay de una supuesta empresa, aparentemente internacional denominada Memega SL, la cual habría suscrito con el Pit-Cnt un contrato por el cual se obligaba a proveerle 2000 viviendas modulares", dice la denunciante.

Asegura que para firmar un acuerdo uno de los gestores le solicitó 150.000 euros por concepto de "derechos de construcción". Siempre de acuerdo el relato de la empresa española, ese pedido impidió la firma del contrato y dio lugar a una discusión. Entonces, el otro gestor intercedió y les pidió que se mantuvieran en el negocio. Tras unos días de conversaciones los representantes de Construcciones Arined accedieron a entregar 150.000 euros, dice la denuncia. Se detalla que el estudio de abogados antes mencionado envió días después a España un "contrato de arrendamiento de servicios" y cobró por sus honorarios 4.620 euros.

La empresa afirma que luego dos gestores concurrieron a España a ver las viviendas y le solicitaron otros 50.000 euros para iniciar un negocio con un formato similar en Bolivia. La empresa dice que le dio esa cifra, parte en efectivo y el resto mediante una transferencia a una abogada en Buenos Aires.

Señala Construcciones Arined que el negocio en Uruguay nunca se concretó: "todo era un cuento chino".

El abogado Gustavo Salle dijo a El País que incluyó en su denuncia al expresidente del BHU, Jorge Polgar, porque "hizo que el banco firmara un convenio con el Pit-Cnt, que no tiene personería jurídica, es decir, que no puede contratar civilmente. Polgar sabía que estaba firmando un convenio cuyo carácter es absolutamente nulo. Ese papel respaldaba un plan y le daba seriedad y solvencia financiera. Fue así que ese acuerdo fue una pieza fundamental en la estratagema de engaño que sufrieron mis clientes". Agregó que "cuando fue demandado el Pit-Cnt se escudó en que no tiene personería jurídica y, sin embargo, luego hace acuerdos con el Estado".

Involucra a Dirigentes y Ex del BHU