Autoridades los acusan de que dejaron a menores durmiendo esposados.

A menos de un año de la denuncia penal que terminó en el procesamiento de 26 funcionarios del INAU, entre ellos el presidente del gremio, José Lorenzo López, la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (ex Sirpa), Gabriela Fulco, presentó una nueva denuncia penal contra funcionarios por supuestamente obligar a internos a dormir esposados en el suelo.

Fuentes judiciales dijeron a El País que la denuncia de Fulco fue presentada la semana pasada por eventuales malos tratos ocurridos en el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación, ubicado en Bulevar Artigas y General Flores.

"Si hay una denuncia penal porque gurises durmieron en el piso esposados y con los pies engrillados, habría que investigar si hay responsabilidad de la administración cuando internos estuvieron 17 horas esposados por orden de Fulco", dijo López en alusión a un traslado realizado el 22 de agosto de 2015 por efectivos de la Guardia Republicana. Tres funcionarios policiales fueron procesados por abuso de funciones al comprobarse que habían golpeado a menores trasladados.

López dijo ayer que no sabía si se había efectivizado o no la denuncia penal contra los funcionarios del Centro de Ingresos y Derivación. Este establecimiento, que hoy tiene 102 internos, es la puerta de entrada al sistema de internación de menores infractores.

"No nos sorprende el accionar de Fulco. Es la tónica de la actual administración. Presenta denuncias penales antes de terminar los procesos de investigación interna", dijo López.

Fuentes del Instituto de Inclusión Social Adolescente que dirige Fulco, dijeron a El País que hay un "ensañamiento a la gestión por parte del gremio. Ellos deben preocuparse por la situación de los funcionarios y no de los internos. Nosotros informamos a la Institución de los Derechos Humanos de todo lo que ocurre dentro de los hogares con total transparencia".

La judicialización del enfrentamiento entre Fulco y el gremio del INAU tiene varios capítulos. A mediados de abril, el sindicato presentó una denuncia penal contra las autoridades por entender que violaron la Ley 19.196 de responsabilidad penal empresarial al "generar conflictividad" dentro de los centros de internación.

Según el gremio, más del 14% (100) de los 700 funcionarios que realizan atención directa de los internos resultaron con heridas de gravedad y debieron ser atendidos en el Banco de Seguros del Estado (BSE).

"Fulco es quien maltrata a los gurises. En este momento hay más de 50 internos durmiendo en el piso por falta de cupos", insistió López.

La cantidad de plazas es uno de los principales problemas que enfrenta el Instituto de Inclusión Social Adolescente. En el último año, motines y deficiencias edilicias de varios centros provocaron que unas 90 plazas no puedan utilizarse. Es decir, bajó el número de internos por egresos pero el hacinamiento se mantuvo.

Una auditoría del Ministerio de Transporte constató que varios hogares fueron "mal construidos" o no están en condiciones de alojar a menores.

El informe del MTOP sostiene que hay centros que no se pueden usar porque "hay riesgo" para la salud de funcionarios y de internos. Los centros de internación cerrados o no usados por deficiencias edilicias son: Cimarrones, Batallón N° 9, Centro de Privación de Libertad y Hornero.

El punto de inflexión entre la presidenta del Instituto, Fulco, y el gremio ocurrió mucho antes de asumir la jerarca al frente del entonces Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

El sindicato acusó a Fulco de no tener el perfil para ocupar el cargo. "Ella se formó en la dictadura", sostuvo el gremio del INAU. Fulco replicó que no toleraría violaciones a los derechos humanos ni golpizas dentro a los menores internados.

El 24 de julio de 2015, cuatro jóvenes accedieron a llaves de dos módulos en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) e intentaron fugarse.

El video de la fuga muestra que, a poca distancia, se desarrollaba una asamblea. Poco después, varios funcionarios intentaron reducir a dos jóvenes, en forma violenta. En el fondo, se observa a López y a otros dirigentes sindicales mirando el incidente.

El 20 de agosto de 2015, la fiscal Adriana Umpiérrez pidió el procesamiento de 26 funcionarios del INAU, incluido López. El juez Gustavo Iribarren procesó con prisión a 17 funcionarios como autores de un delito de tortura. Otros nueve funcionarios, entre ellos López, fueron procesados sin prisión por cómplices de tortura.

En este momento, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) aloja a 520 menores infractores. Muchos internos fueron ubicados en hogares que tienen más de 100 años. Fueron pensados para casas de familia y no como establecimientos para alojar a adolescentes. Uno de ellos es el hogar Ariel, dijo a El País una fuente del Inisa. Se trata de casonas viejas y casi derruidas; no son ambientes para desarrollar tratamientos de rehabilitaciones de adolescentes, agregaron las fuentes. Una aspiración de la administración del Instituto de Inclusión Social Adolescente es cerrar la Colonia Berro y edificar pequeños hogares para tratar a los menores en función de sus perfiles.

LOS CHOQUES DE FULCO CON EL SINDICATOEDUARDO BARRENECHE