Eliminan artículo que imponía guardia privada en el fútbol.

El diputado Gonzalo Mujica sigue perforando las mayorías del Frente Amplio. Ayer, con su voto, la oposición consiguió eliminar del proyecto para la regulación de la seguridad privada un artículo que obligaba a los organizadores de espectáculos deportivos y artísticos a hacerse cargo del orden dentro de los escenarios, lo cual es, precisamente, el centro de la polémica entre la AUF y el Ministerio del Interior por la seguridad en los partidos de fútbol.

En la comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados hay trece legisladores, seis de la oposición (cuatro blancos, un colorado y un independiente) y siete del oficialismo. Pero uno de ellos es Mujica y hoy claramente no está alineado con el Frente Amplio. Por eso, al votarse el artículo 29 del proyecto del gobierno, Mujica le dio la espalda y fue eliminado.

Ese artículo, juzgado como "el más complicado" del proyecto según el diputado nacionalista Jorge Gandini, define qué es un espectáculo masivo y establece que la seguridad privada en los espectáculos masivos como el fútbol es responsabilidad de los organizadores y promotores. Es la disposición que estaba esperando el Ministerio del Interior para darle sustento legal a su decisión de no ingresar a los estadios deportivos a brindar seguridad.

Pero los legisladores entendieron que en un proyecto que regula a los trabajadores privados de las empresas de seguridad o el método para el transporte de valores, esa disposición "estaba descolgada, no tenía nada que ver", dijo Gandini a El País.

El artículo referido se dejó para considerar a partir del jueves 15 por parte de la comisión, junto con un proyecto del Poder Ejecutivo y otro presentado por el diputado Iván Posada (Partido Independiente) sobre el tema específico de la seguridad en los escenarios deportivos.

El proyecto de Posada tiene como objetivo establecer un reconocimiento legal a los derechos de admisión y permanencia que otorgue certeza a los organizadores de los espectáculos públicos, respecto a la regulación y alcance de los mismos.

Mientras tanto, la comisión investigadora sobre el espionaje militar en democracia se reunió por primera vez y decidió pedirle a la Suprema Corte de Justicia el índice de los archivos decomisados en el domicilio del coronel retirado Elmar Castiglioni. Más allá de eso se resolvió consultar a juristas sobre las pesquisas que se hicieron a distintas personas. Se trata de determinar protección para la información sobre las personas investigadas que contienen los archivos.

La comisión investigadora sobre la regasificadora decidió gestionar con la Cancillería y la Suprema Corte de Justicia conseguir en Brasil el expediente en donde se hace la acusación por delitos de corrupción contra el exministro de Lula, Fernando Pimentel. Entre lo que se investiga está la regasificadora.

COSTO DE PERDER LA MAYORÍA