CONSTRUCCIÓN DE DRAGA

MTOP estudia objeciones a adjudicación de draga

La embarcación es de gran porte y costaría unos US$ 61 millones.

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Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, tiene a estudio dos recursos presentados por la empresa española Astilleros de Murueta, contra la adjudicación a la holandesa IHC Holland de la construcción de una enorme draga por US$ 61 millones. El Tribunal de Cuentas que observó el año pasado la adjudicación (el gasto fue reiterado por la Administración Nacional de Puertos, ANP) tomó la poco usual decisión de pedir que se le envíen nuevamente todas las actuaciones del servicio descentralizado, lo que podría derivar en que ampliase su anterior observación. La ANP decidió por mayoría (votó en contra el director blanco Andrés Chahnazaroff) no hacer lugar a un recurso de revocación de Astilleros de Murueta (que fue calificada en segundo lugar en la licitación) pero Rossi tiene, de todas maneras, a estudio otros dos recursos, uno de apelación y otro de anulación.

El diputado blanco Pablo Abdala, cuestiona la adjudicación porque considera que la oferta holandesa es US$ 20 millones más cara que la española, y destaca que la comisión de adjudicaciones de ANP dejó a criterio del directorio establecer si la oferta de IHC Holland cumplía los requisitos en cuanto a nivel de "componente nacional" porque carecía de "parámetros para su evaluación".

Abdala dijo a El País que el proceso de adjudicación "es muy confuso" porque el "proceso administrativo no garantiza que la decisión haya sido la mejor y no deja al Estado en situación sólida".

La Administración Nacional de Puertos decidió encarar la construcción de la draga, entre otros motivos, para ahorrar, ya que en algunas oportunidades debe alquilar ese tipo de embarcaciones. IHC, adjudicataria en principio de la importante obra, fabrica más de la mitad de las dragas de arrastre del mundo. Factura anualmente alrededor de US$ 1.290 millones y tiene unos 3.000 empleados. La adjudicación fue hecha en julio y la observación del Tribunal de Cuentas fue en septiembre.

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