Através de una conferencia de prensa, y luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anulara de manera parcial el decreto de 2012 que permite la interrupción voluntaria del embarazo, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, pidió ayer la nómina de todos los médicos que se niegan a realizar abortos.

La cartera quiere tener la lista para luego fiscalizar que en todos los centros de salud haya ginecólogos que no se opongan a llevar adelante la interrupción de embarazos. El ministro aclaró en primer lugar que la "sentencia mantiene el derecho de la mujer a decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas". Y añade que el "MSP solicitará de inmediato a las instituciones de salud la nómina de profesionales médicos que objetaron por escrito, y las fotocopias de estos escritos, considerando que ese requisito es el único que avala la objeción de conciencia de acuerdo al dictamen".

Una vez que la cartera tenga estos datos, "promoverá las coordinaciones" que sean necesarias con los prestadores de salud y específicamente los equipos interdisciplinarios, que están integrados por ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales, para que en cada centro estén disponibles en caso de que una mujer lo requiera.

Por otro lado, el Ministerio prometió "trabajar en conjunto con asociaciones de la sociedad civil", en romper las "barreras" que aún existen, para que todas las mujeres puedan acceder a hacerse un aborto cuando lo deseen.

Un grupo de 22 médicos había presentado hace ya dos años un recurso contra el decreto que permite la interrupción voluntaria del embarazo, al entender que "restringe ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud" y que de esta manera "se les impone una obligación general a la participación en abortos que puede calificarse como un atentado al sentido último de su profesión".

Pedían la anulación de 11 de los artículos. El TCA anuló algunos incisos de 7 de ellos.

Los cambios en el decreto le quitan a los ginecólogos la obligatoriedad de participar, junto a un equipo interdisciplinario, de la primera consulta que realiza la mujer que quiere abortar. También le abren la puerta a dar su opinión, o a tratar de convencer a esta para que no interrumpa su embarazo.

El último inciso del Artículo N° 12, uno de los anulados, es el que señala que "la intervención del equipo será de asesoramiento en temas técnicos con encare de disminución del riesgo y daño, sin la imposición, por parte del equipo, de las convicciones filosóficas o personales de sus integrantes, por lo que deberán abstenerse a todo juicio de valor sobre la decisión que pueda adoptar la solicitante y de revisar el motivo de dicha decisión ya explicitado en la primera consulta". Unas 8.500 mujeres interrumpieron su embarazo en 2014, según los datos dados a conocer en marzo por el MSP. Esto quiere decir que 12 de cada mil mujeres se hicieron un aborto el año pasado. El 18% de ellas tenía menos de 20 años. Solo el 9% de las pacientes que se entrevistaron con el equipo interdisciplinario de los centros de salud antes de reafirmar su decisión de abortar, se arrepintió.

Las cifras del MSP también advirtieron que el 60% de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo vive en Montevideo y 40% en el interior del país.

"Tenemos 670 médicos ginecólogos habilitados a lo largo y ancho del país, vinculados a los prestadores públicas y privados. Los que presentaron el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) son 20", subrayó la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, en el marco de la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer.

Un estudio reciente advierte que en algunos departamentos del interior son muchos los médicos objetores de consciencia. De los 16 ginecólogos que hay en el departamento de Paysandú, 14 se niegan a realizar abortos. En Río Negro ocurre lo mismo con 6 de los 10 ginecólogos que hay. Las cifras las difundió la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MySU) en marzo pasado.

En respuesta al triunfo de la demanda de los objetores de conciencia