La bancada del Frente Amplio pidió ayer al gobierno redistribuir gastos en el Presupuesto y aumentar los recursos para educación y salud.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó destinar US$ 140 millones más en los próximos dos años a lo ya adjudicado para la Administración de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y distintas instituciones científicas. Además, el sector del expresidente José Mujica solicitó agregar a texto expreso un artículo que reafirme el compromiso del gobierno de destinar el 6% del PBI para la enseñanza pública.

La jornada de intercambio sobre el Presupuesto fue intensa, comenzó sobre la hora 10 y finalizó sobre las 16.20. Después de dar un informe a la Mesa Política sobre el mismo tema, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, escuchó los cambios que la bancada pretende realizar al proyecto.

La reunión terminó con un acuerdo para aumentar el presupuesto educativo, pero no se definió de dónde saldrá el dinero para financiarlo y tampoco de cuánto se trata, dijeron a El País fuentes de la bancada oficialista. Tras el encuentro, Ferreri opinó que la reunión "fue excelente" y agregó que se "habló de reasignación de gastos; no de incrementos".

El diputado Sebastián Sabini (MPP) explicó que se analiza-ron distintas alternativas para aumentar las partidas destinadas a educación, salud, ciencia, tecnología y cultura. "Queremos atender necesidades muy concretas que tienen que ver con el equipamiento educativo", señaló. Esta propuesta no incluye una mejora del aumento salarial para docentes, debido a que los montos readjudicables "no tienen un volumen suficiente como para hacer una propuesta contundente", acotó Sabini. Al final del encuentro, el diputado Alejandro Sánchez (MPP) dejó en claro que lo importante es conseguir los recursos para atender las prioridades, independientemente de su lugar de origen. Economía estudiará las propuestas y ofrecerá alguna alternativa.

En un documento al que accedió El País, el MPP identificó dentro del Presupuesto $ 1.915 millones (unos US$ 66 millones en el 2016 y US$ 73,9 millones en 2017, al valor del dólar de $ 28,89) de recursos que se pueden destinar a la ANEP, la Udelar, ASSE, el Instituto Superior de Educación Física (ISEF), el Clemente Estable, la Red Nacional de Drogas, el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU), la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI), Cinemateca, el Polo Tecnológico de Pando, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) y la aplicación de la ley de medios.

¿De dónde surgen los recursos para atender a todos estos reclamos? La plata sale del Ministerio de Defensa, al que se le quiere reducir el llenado de vacantes al 70% (en lugar del 50% que establece el proyecto presupuestal remitido al Parlamento). También de incrementos salariales de Presidencia y del 50% del presupuesto de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

A su vez, el sector de Mujica propuso dejar sin efecto la compensación sujeta a compromisos de gestión para directores o subdirectores de cárceles y la equiparación de remuneraciones de funcionarios diplomáticos en Uruguay con los embajadores en el exterior. Así como el incremento previsto para la compra de inmuebles en el extranjero por parte de la Cancillería.

A su vez, se plantea reorientar a nuevas prioridades una partida equivalente a $ 258 millones que estaba prevista para compensaciones salariales de los funcionarios del Instituto del Niño y Adolescente (INAU). Otras fuentes de financiación son el fondo de imprevistos del Ministerio de Economía, del cual se sugiere tomar el 60% del crecimiento de recursos que tendrá en el año próximo.

Por otra parte, el MPP pidió realizar cambios en el articulado del Presupuesto que no implican un aumento de costos. En ese marco plantean modificar los artículos 502 y 510 del Ministerio de Desarrollo Social, por el que se pretende regularizar los contratos de funcionarios y conceder un incremento salarial de $ 25.000 para los directores de esa cartera. "El primer artículo violenta el ingreso equitativo a la función pública y al segundo lo consideramos inapropiado", indica el MPP.

Además, reclama —junto al Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo— una nueva redacción para el artículo 619 que condiciona los incrementos salariales docentes a que los sindicatos firmen el convenio, de lo contrario destinan los recursos a la mejora de la infraestructura.

En tanto, el grupo IR (de la diputada Macarena Gelman) planteó eliminar las exoneraciones impositivas a los particulares que hagan donaciones a instituciones educativas privadas de Primaria, Secundaria y universitaria (salvo el Claeh). En tanto, la lista 711 —que lidera el vicepresidente Raúl Sendic— planteó reorientar fon-dos del subsidio a la cerveza (US$ 12 millones al año) a otras áreas prioritarias.

El sector IR —que lidera la diputada Macarena Gelman— propuso incluir dentro del proyecto de Presupuesto la eliminación de las exoneraciones que reciben los privados por las donaciones que realizan a instituciones educativas, ya sean de Primaria, Secundaria o universitarias. Esto implica que no podrían acceder a dicho beneficio los que donen a la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, la Universidad ORT, y la Universidad de la Empresa, así como a escuelas y liceos privados.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó aumentar el recorte de vacantes del Ministerio de Defensa del 50% al 70% y utilizar estos fondos para redistribuir entre las diferentes prioridades asociadas con la educación y salud. Una propuesta similar fue realizada por la senadora Constanza Moreira (Casa Grande). En cambio, el diputado Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) ya adelantó que no votará el proyecto de ley de presupuesto si hay recortes en los recursos del Ministerio de Defensa.

Una fuente de financiamiento para reforzar el presupuesto educativo y de salud la constituye lo destina- do a salarios en el Estado. El Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió dejar sin efecto la equiparación de remuneraciones de los diplomáticos que residen en Uruguay y los que se encuentran en el exterior, también pidió no incrementar las compensaciones a funcionarios del INAU y a los directores de establecimientos carcelarios, así como los aumentos a los cargos políticos del Ministerio de Desarrollo Social.

El artículo 65 del Presupuesto crea el delito en materia de telecomunicaciones, por el cual se castiga con la pena de seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría a quien "utilizare, activara, comercializara, distribu- yera o transfiriera un sistema inhibidor de señales de telecomunicaciones de cualquier tipo, sin permiso de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones". El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó que se desglose este artículo del Presupuesto y el tema pase a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos.

Reclaman unnuevoartículoque asegure el 6% del PIB para la enseñanzaVALERIA GIL