Revisar el concepto de familia, reformar el Poder Judicial y rediseñar las políticas en materia tributaria estableciendo a texto expreso que "pague más el que tiene mayor capacidad para contribuir a los gastos del Estado", es parte esencial de la reforma constitucional que plantea el Movimiento de Participación Popular (MPP).

El documento del sector del senador José Mujica —al que accedió El País— fue presentado al Frente Amplio, en el marco del estudio que se lleva adelante para reformar la Constitución. Mientras el Partido Socialista pretende la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el Nuevo Espacio y el MPP rechazan esa posibilidad.

La idea del MPP es incorporar a la Constitución la consolidación de "un modelo económico solidario" donde se defienda "la propiedad social de los medios de producción". En este sentido, opina que se debería consagrar "la necesidad de promoción, protección y garantía para el ejercicio de modelos de propiedad social y colectiva", como la autogestión y el cooperativismo, que fueron banderas del gobierno de Mujica.

A su vez, entienden que resulta "imprescindible" avanzar en el concepto de "propiedad social de la tierra" y el derecho a la vivienda.

Por otra parte, dentro de la reforma del sistema tributario se pretende establecer que "el conductor de la política económica es el Poder Ejecutivo", más allá de los mecanismos de financiación de las intendencias.

Además, el sector de Mujica impulsa una reforma del Poder Judicial que supone la creación de "una sala especializada" para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, función que cumple hoy la Suprema Corte. Este tribunal debería ser "independiente" y podría estar integrado por actores sociales, jerarquías jurisdiccionales y especialistas del ámbito académico.

Para la dilucidación de los asuntos jurisdiccionales en materia de casación, se propone la creación de salas especializadas por materia civil, penal, comercial, laboral y familia. También está planteada la integración de la justicia administrativa al Poder Judicial, que es competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En lo que respecta a la política exterior, se pretende incluir el concepto de integración regional a la Constitución. "Uruguay es parte de un continente, y como tal, fiel al legado de José Gervasio Artigas y Simón Bolívar, debe apostar por la integración regional y velar por el principio de autodeterminación de los pueblos, lo cual deberá estar claramente establecido en la Constitución", afirman.

A su vez, se quiere incluir dentro de la carta magna los derechos consagrados por tratados internacionales y otros como la libertad sindical, la protección constitucional del contrato de trabajo y la negociación colectiva.

En función de la aprobación de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo, el MPP plantea revisar el concepto de familia. "Debemos reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer, nuestra Constitución en muchos aspectos es patriarcal, y no reconoce la igualdad", asegura. Como ejemplo, citan el ar- tículo 43 de la Constitución donde se afirma que "la ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer", y cambiar esta última palabra por la de "familia".

Para el MPP, la nueva Constitución deberá reglamentar las funciones de ministros y subsecretarios y consagrar el concepto del funcionario como "servidor público".

En materia electoral, el MPP propone cambiar los rangos etarios para ejercer el derecho al voto. Podría incluirse el derecho al sufragio no obligatorio para los menores de 18 años y mayores de 16, eximiendo también de la obligatoriedad a los mayores de 70 años.

También se propone separar más en el tiempo las elecciones departamentales de las nacionales, estas últimas a mitad del período de gobierno.

El sector de Mujica agrega el concepto “pague más el que tiene más”