Pit-Cnt y organizaciones sociales critican al TCA por mantener el traslado

Mota lamenta fallo del TCA y va por la vía internacional

El abogado de la jueza Mariana Mota dijo a El País que luego del rechazo de su demanda contra la Suprema Corte ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), está analizando la posibilidad de recurrir en la órbita internacional el traslado de la magistrado de la sede penal a la civil.

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Mota: "Esgrimir razones de mejor servicio es un cliché; una fórmula vacía". Foto: Archivo.

El martes, El País informó el fallo del TCA que desestimó definitivamente el reclamo de la jueza Mota contra la Suprema Corte de Justicia por su traslado a una sede civil. Por tres votos contra dos, el TCA consideró que la invocación de "razones de servicio" por parte de la Corte es suficiente para justificar el acto administrativo. El fallo recuerda que "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario", y que la jueza no tenía un "derecho adquirido" a permanecer en el juzgado penal, al tiempo que el traslado no significó un descenso en su carrera como magistrado ni un acto arbitrario.

La jueza estaba identificada con causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura y consideró que su traslado sin justificación menoscababa su carrera, al tiempo que dejó entrever en su argumentación que pudo estar motivado por razones vinculadas a las causas que investigaba.

Ayer, el abogado de Mota, Antonio Rammauro, dijo a El País que tiene decidido llevar al caso de Mota al ámbito internacional. "Se llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resguarda los derechos esenciales del hombre en el continente". "Estamos estudiando los argumentos de una y otra parte en la sentencia. Porque hubo una discordancia importante entre los magistrados. La señora presidenta del TCA (Mariela Sassón) acusó la pretensión de Mota. Hay argumentos muy importantes que se suman a los que habíamos hecho nosotros. Hay tiempo y vamos a tomar todos los recaudos del caso antes. Es un tema muy serio. Está en juego la propia credibilidad del Poder Judicial. No es un caso aislado", afirmó a El País.

La jueza Mota se excusó de hablar con El País. No obstante, en la tarde, dijo a radio El Espectador que se sentía conforme porque dos de los cinco ministros atendieron su demanda. "Esta es una decisión de un Tribunal y cuando uno está en juicio puede ganar como puede perder. Lo que se planteó fue atendido y considerado por los dos ministros en discordia, es bueno cuando las sentencias analizan los argumentos de cada uno", explicó.

El TCA consideró que aunque escueto, el argumento de "razones de servicio" es suficiente para justificar el traslado de un magistrado. Para Mota, "razones de mejor servicio es no decir nada, es un cliché, es una fórmula vacía. Los discordes concluyen que como la Corte no dice nada es arbitrario, y eso es lo rescatable. Para mí eso vale. Lo veo como un análisis sobre cómo debe funcionar la administración".

El TCA también consideró que el traslado no significó un descenso ni menoscaba la carrera de Mota. "Presupuestalmente no fue un descenso en mi carrera pero eso no lo justifica. Para mí no es un descenso, pero estaba en un área que me gustaba, que me había preocupado en mejorar para brindar mejor servicio y me sacaron. Tengo claro que no tengo una circunstancia de estabilidad para quedar en un juzgado, en otros países existe, pensando no sólo en el juez sino también en la comunidad", dijo a El Espectador.

El traslado de Mota, jueza a cargo de decenas de causas sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura y responsable del procesamiento de varios militares, generó en febrero de 2013 un duro enfrentamiento entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, al tiempo que activistas sociales provocaron una asonada el día que debía jurar su nueva sede. A partir de este hecho la Corte comenzó a exhibir un vallado permanente y se reforzó la seguridad personal de los ministros.

Ayer, desde las organizaciones sociales se volvió a defender a Mota y a fustigar el fallo del TCA. "Es un error. Y es un error que no es inocente. Se comete un error en cuanto al Estado de Derecho", dijo a El País el secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Edgardo Oyenard.

Para Oyenard, el traslado de la jueza no obedece a razones de servicio como planteó la Suprema Corte de Justicia, sino a segundas intenciones de la Justicia uruguaya. "Es una decisión que tiene un fuerte contenido político. Cuando alguien se mete mucho con el tema del poder militar molesta", opinó el dirigente del Pit-Cnt.

Irma Leites, de Plenaria, Memoria y Justicia, procesada por la asonada en la Suprema Corte, dijo que desde el traslado de Mota "los expedientes duermen en cajones. Los que somos testigos por denuncias de torturas en los cuarteles seguimos esperando resoluciones que no llegan, los militares se siguen sin presentar. Creo que la cultura de la impunidad sigue presente porque la Justicia sigue actuando igual".

"Quien administra la Justicia tiene una cuota de poder muy importante y en este momento la está utilizando para sacar de en medio a una jueza que fue muy valiente, que tomó decisiones que se fundamentan en el derecho nacional e internacional", dijo Oyenard a El País.

Para el TCA, la previa designación de Mota en un juzgado penal "no generaba derecho permanente alguno a su favor, en particular, no le confería un derecho subjetivo al cargo, y por lo tanto, el traslado no vulnera sus derechos en la carrera judicial". Afirmó que no hubo "arbitrariedad" en el traslado.

Chalecos antibalas y pistolas para proteger a los ministros.

En la última edición de la revista Tribuna del Abogado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, habló sobre las medidas de seguridad que se debieron implementar luego del traslado de la jueza Mota y la reacción de activistas sociales que terminaron procesados por el delito de asonada.

“Por algunos eventos de conocimiento público, por indicación del Ministerio del Interior, se nos reforzó la seguridad desde hace algún tiempo. Las medidas instrumentadas fueron diversas. Se capacitó en tiro a nuestros choferes y les entregaron pistolas 9 mm. Se pusieron chapas de seguridad y placas oscuras en los vidrios de nuestros vehículos. Nos dieron chalecos a prueba de balas para usar debajo de la ropa aunque ningún ministro llegó a usarlos. También se adoptaron otras medidas generales como el escáner en la puerta de la Suprema Corte”, explicó Chediak. Agregó que “felizmente”, en forma paulatina, “hemos dejado de ver estas medidas de seguridad”, en alusión al vallado que se había colocado en forma permanente en la SCJ.

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