E. BARRENECHE / A. RODRÍGUEZ
"Yo no me sentí presionado" para fallar rápidamente sobre los casos del IRPF a los jubilados, dijo ayer a El País el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino. Otros ministros opinaron en la misma línea.
Ruibal Pino respondió así a una consulta sobre afirmaciones de dirigentes oficialistas acerca de que el senador forista y ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti y el senador nacionalista, Jorge Larrañaga presionaron a la SCJ para que se expidiera pronto sobre los recursos presentados contra el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por parte de grupos de pasivos.
"Presumo que mis compañeros tampoco (se sintieron presionados). Somos todos jueces de mucha experiencia", explicó el magistrado.
El viernes 14, el Foro Batllista a través de su publicación "Correo de los Viernes", reclamó un pronunciamiento de la Corte sobre el IRPF antes del 7 de abril y recordó que ese organismo se expidió en un solo día sobre una acción de inconstitucionalidad planteada por el ex dictador Gregorio Álvarez.
Ruibal Pino replicó que ambos trámites "no tienen comparación", ya que en el caso de Álvarez había un expediente muy próximo en el tiempo donde la Suprema Corte había dictado resolución en el mismo sentido. "Entonces ahí tuvimos posibilidades de dictar resoluciones anticipadas", señaló.
Por mayoría (tres miembros contra dos) la Suprema Corte considera que es anticonstitucional el cobro del IRPF a un grupo de jubilados que presentaron un recurso. Dentro del organismo judicial hay otros 360 expedientes sobre la misma causa, los cuales involucran a más de 9.000 pasivos.
Ruibal Pino recordó que, hasta el momento, hay un solo expediente que ya cuenta con los cinco votos, pero aclaró que el organismo aún no falló sobre dicho recurso.
Es posible que la Suprema Corte dicte posición el próximo lunes sobre ese expediente y la sentencia se redactará en los días siguientes.
Sanguinetti envió un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia sobre las fechas de ingresos de las acciones de inconstitucionalidad contra el IRPF y los plazos que se tomaron los ministros para votar en cada expediente. Ese planteo será respondido el próximo lunes por la corporación.
El senador Víctor Vaillant (MPP) expresó a El País que la corporación fue "fuertemente presionada" en las últimas semanas por dirigentes de la oposición que pretendían un fallo a favor de la inconstitucionalidad de la norma y recordó que en sala, su colega nacionalista, Gustavo Penadés se expidió sobre el punto.
El ministro de la Suprema Corte, Daniel Gutiérrez, dijo a El País que tampoco le constaba la existencia de presiones políticas a la corporación. "No es mi caso", advirtió.
Gutiérrez explicó que si la Corte fallara a favor de la inconstitucionalidad en la mayoría de los 369 recursos presentados, el gobierno no está obligado desde el punto de vista jurídico a derogar la ley. "La declaración de inconstitucionalidad supone que la ley (sobre la reforma tributaria) no se aplica en ese caso concreto. Pero no la deroga", advirtió.
Ruibal Pino también consideró que el proceso judicial del IRPF a las pasividades se estudiará caso por caso en la Suprema Corte de Justicia. "Seríamos injustos con los abogados que elaboraron argumentos diferentes", sostuvo
Los ministros Ruibal Pino, Sara Bossio e Hipólito Rodríguez Caorsi se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del cobro del IRPF a los jubilados que presentaron el recurso. Van Rompaey y Gutiérrez consideraron que la norma es constitucionalidad.
Ninguno de los ministros consultados conocían la opinión de la ministra de Tribunal Civil de 5to. Turno, Mariela Sassón sobre el Impuesto a la Renta. Sassón ocuparía el cargo de la ministra Sara Bossio que se jubilará.
CRÍTICAS. Los sectores de mayor peso del Frente Amplio coinciden en que deberán esperar los pronunciamientos de la Corte sobre los 360 expedientes antes de analizar cambios en el IRPF a los pasivos.
Sin embargo, la mayoría entiende que el tributo debe mantenerse por considerar que se basa en un concepto de "justicia" distributiva.
"Hay unos viejos platudos que patean como locos. Habrá que meterles las manos en los bolsillos, porque tienen jubilaciones altísimas", dijo ayer a Canal 4, el senador del MPP, José Mujica. Agregó que el Frente Amplio "deberá esperar" el pronunciamiento de la Suprema Corte y, en caso de que éste resultara negativo, deberá resolver el problema pensando nuevas ideas, tener memoria y obedecer a la Constitución.
El senador de la Vertiente Artiguista, Mariano Arana, coincidió con Mujica. Dijo a El País que "me parecen discutibles" las posiciones de aquellos jubilados que tienen pasividades "extraordinariamente elevadas" y que desean contribuir al beneficio común de la sociedad. "Siento ciertos aires triunfalistas (dirigentes de los partidos tradicionales). Espero que no se basen en razones político-electorales", expresó.
El ex senador socialista y catedrático en Derecho Constitucional, José Korzeniak, afirmó a El País que "es un disparate" del senador Sanguinetti afirmar que derogar el IRPF a los jubilados es la única solución que corresponde desde el punto de vista político y jurídico.
"El fallo (de la Suprema Corte) se aplicará sólo al caso concreto. Eso está en la Constitución desde 1934, porque Sanguinetti, que hizo 20 reformas constitucionales, no lo cambió", agregó el catedrático.
El senador comunista Eduardo Lorier dijo que el gobierno realiza ajustes a la reforma tributaria y que, por lo tanto, el país no necesita de otra ley sobre el IRPF.
Ningún legislador frenteamplista consultado admitió que esperaba que la Corte demorara más tiempo para fallar sobre los recursos al IRPF. Además señalaron que no conocían la opinión de la ministra Sassón sobre el IRPF a los pasivos.
Las cifras
67 son los millones de dólares que el Estado deberá reintegrar a los pasivos si acata un pronunciamiento adverso de la Corte
360 son las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte, que comprenden a varios miles de pasivos