Múltiples reuniones de retirados acordaron plantear inconstitucionalidad.

Los retirados militares comenzaron a tomar previsiones ante la inminente reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y piensan presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. La medida fue planteada por diversos socios de los clubes de retirados en varias asambleas que se realizaron en las últimas semanas donde se han reunido hasta 1.500 oficiales, según supo El País.

El Poder Ejecutivo está en la etapa final de elaboración del proyecto con el fin de abatir la creciente transferencia de recursos, pero el ministro de Economía Danilo Astori ya pidió a la bancada parlamentaria del Frente Amplio que lo apruebe este mismo año.

Los militares saben que en el Ejecutivo se manejan dos borradores para este proyecto de ley de reforma, los cuales "incluyen un aumento de impuestos, o uno nuevo", lo cual consideran "confiscatorio". Lo que nadie quiere es que se afecten sus derechos adquiridos.

Una de las posibilidades para que la Caja deje de ser deficitaria pasa por aumentar la edad de retiro a los activos y gravar más a los pasivos. Hoy la edad de retiro obligatorio del personal militar subalterno es de 50 años, para jefes y oficiales es de 54 años, para los coroneles y capitanes de navío es de 57 años, y para los generales y contraalmirantes es de 57 años. En todos los casos los aportes ser producen por varios años menos que en el resto de los funcionarios públicos y privados. La edad promedio de retiro considerando todas las jerarquías, es de 49 años.

El presidente del Centro Militar, coronel retirado Carlos Silva, dijo a El País que a las reuniones ha asistido un número relevante de asociados. Además, dijo que en los últimos dos meses ha aumentado el número de oficiales que han pedido el retiro para no verse afectados en el futuro.

El Centro Militar tiene unos 4.000 asociados por lo que se espera que los reclamos por inconstitucionalidad sean muchos. Lo que no está definido aún es si se presentarán en forma individual o colectiva.

Según Silva, el Servicio "no es deficitario porque no es una Caja. Una Caja administra su dinero, lo recibe de sus aportantes y hace colocaciones. Pero este Servicio recibe lo que el Poder Ejecutivo retiene. Hay una gran diferencia entre Caja y Servicio".

Un informe elaborado por el equipo de especialistas encabezado por el general retirado Hebert Fígoli, al que accedió El País, señala que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas debe recibir asistencia financiera del Estado por varias razones, y que el fin del gobierno con la reforma es recaudar US$ 40 millones por año.

Según señalan, la necesidad de la asistencia oficial se debe a la política de reducción de vacantes (menos personas aportando) iniciada luego del retorno de la democracia, actualizada en la ley de Presupuesto con la autorización para suprimir 1.500 vacantes adicionales para dar $ 1.000 de aumento al personal subalterno. Otro motivo son los bajos sueldos, que derivan en bajos aportes porcentuales. Además, no hay aportes patronales sobre servicios bonificados, sumado a que el aporte patronal y el Montepío son menores que otros sistemas.

También se cuentan las leyes de incentivo y de reparación a militares destituidos en su momento por razones ideológicas con la reconstrucción de la carrera sin el pago de aportes durante varios años. La explicación pasa además, según los retirados, por el aumento de los haberes de retiro y pensiones por Índice Medio de Salarios en vez de por el Índice de Precios al Consumo como sucede con los activos.

Una de las conclusiones de este grupo de trabajo es que "la dimensión de la asistencia financiera al Servicio es el resultado de decisiones políticas" que han "aumentado la cantidad de retirados". Advirtieron que al aplicar un impuesto adicional "se viola el principio de igualdad" y "el criterio aplicado podría ser de carácter confiscatorio, desigual y de dudosa constitucionalidad".

En el documento se plantean alternativas para la reforma de la Caja. Por ejemplo, incrementar el aporte patronal del Estado al Servicio, equiparándolo al que realiza al Servicio de Retiros y Pensiones Policiales, que es de 19,5%, en lugar del 15% actual. Además se propone que todas aquellas compensaciones que el personal reciba por diferentes normas realicen los aportes patronales y personales correspondientes.

SEGURIDAD SOCIALDANIEL ISGLEAS