Sostienen que el gobierno pondrá impuestos a otros colectivos de pasivos.

la intención de la senadora del MPP Lucía Topolansky de tener, paulatinamente, a los militares de su lado con una generación de uniformados "fieles" al Frente Amplio, parece quedar cada vez más en la utopía que en el terreno de lo posible.

Desde la inexistencia de vínculos entre la izquierda y las Fuerzas Armadas en épocas previas a la dictadura, una vez recuperada la democracia la relación ha sido fría, no solo por la apertura de investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, sino por la nula consideración presupuestal dada por los tres gobiernos sucesivos del Frente Amplio a los militares. Por eso, cuando en el año 2012, en el gobierno del expresidente José Mujica, Topolansky pergeñara aquella idea sorprendió a unos y otros.

Ahora los militares retirados, algunos de los cuales por razones de edad fueron protagonistas de los enfrentamientos con la izquierda, están poco menos que "en pie de guerra" con el Frente Amplio. La causa es el impuesto a las pensiones y retiros militares que el gobierno pretende aplicarles para tratar de atenuar el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) que en 2015 necesitó una asistencia estatal de US$ 400 millones. Según el propósito del gobierno, este es el paso previo a la reforma del Servicio que se haría recién en 2018.

Excomandantes en jefe, generales, coroneles, antiguos edecanes presidenciales, oficiales de distintas jerarquías, y hasta otros en actividad, vestidos de civil, participaron el lunes 17 en una asamblea de cerca de 2.000 asistentes donde se ratificó por aclamación el camino a seguir: pelear contra el impuesto en dos frentes, uno político en el Parlamento y otro jurídico con la presentación de recursos de inconstitucionalidad.

La asamblea en el Club de la Fuerza Aérea desbordó los cálculos de los organizadores, según admitieron a El País. En la convocatoria del 13 de julio reunieron a unos 1.300 oficiales retirados pero esta vez sus estimaciones rondaron en los 2.000 presentes.

En su reclamo los retirados hablan de "confiscación", "injusticia" y "discriminación", pero le apuntan al corazón del gobierno del presidente Tabaré Vázquez: la gestión de Economía a cargo del ministro Danilo Astori.

En este sentido el general retirado Heber Fígoli, la cara visible del movimiento de retirados, cuestionó los anuncios electorales del presidente Tabaré Vázquez al sostener que con este impuesto "se quiebra un compromiso público" del actual mandatario hecho en la campaña de 2014, lo cual es "una amenaza no solo a las pasividades militares", sino "el primer paso para avanzar sobre otros sistemas" previsionales.

"El daño es a los integrantes de las Fuerzas Armadas que no tienen posibilidad de regular su propia existencia", alertó Fígoli, para agregar que ellos tienen "limitaciones constitucionales" para defenderse y que por eso "los decisores de políticas económicas prefirieron ir por nosotros primero, pero no duden que luego irán por los demás jubilados", insistió.

En la reunión, los asambleístas advirtieron que el impuesto "no va a ser provisorio" como dice el proyecto de ley, sino permanente.

"¿Quién no está apoyando (económicamente) a un familiar? ¿Quién no sabe de personas con préstamos hipotecarios? Habrá impacto en nuestros círculos familiares. Es increíble que a esta altura de la vida tuviéramos que convocarnos para analizar situaciones que nunca imaginamos", dijo un coronel apoyando el informe del general Fígoli y la intervención posterior del teniente general José Pedro Malaquin, exjefe de la Fuerza Aérea y exedecán del expresidente Julio Sanguinetti, quien afirmó que "es evidente que esto causará un daño".

"El daño ya está provocado", subrayó Malaquín. El brigadier contador Alberto Silva tomó entonces el micrófono para dar una visión técnica. "Es un hecho que va a salir la ley, por los votos que hay. Quizás se pueda evitar pero…", dijo. Consideró que la iniciativa "tiene puntos débiles" y que eso abre una esperanza en el tema de los reclamos. Pidió "sensibilizar" al Poder Legislativo, "a las bancadas (...) Si los dos impuestos, el IASS y este, se toman como está planteado, es decir del nominal como se hace en el caso de la Caja Bancaria, o si se toma el primero del nominal y lo que queda del segundo, hay una variación grande en el monto" a descontar de las pasividades, explicó.

Por su intervención, Silva recibió aplausos de los asistentes. Desde la mesa, el coronel retirado Rivera Elgue, uno de los miembros del equipo de análisis de los centros sociales, dijo que luego de analizar el texto del Poder Ejecutivo y que en base a esa interpretación se concluye que el impuesto "no será transitorio".

"Hemos recibido versiones de que no sería transitorio", apuntó Elgue, para agregar que "la propia ley dice eso. Se aplica en forma transitoria hasta tanto se establezca el marco normativo que regirá a la seguridad social militar", y cuando se aplique ese nuevo marco "se establecerán sus condiciones, que son las condiciones del impuesto". "Transitorias son las condiciones actuales, no el impuesto", remarcó.

Elgue indicó que "no es conveniente hablar más de las debilidades del impuesto" porque "las tenemos que utilizar en forma jurídica y explotarlas a nuestro favor". También fue aplaudido.

Adelantó que habrá juicios. "Es una reparación por equivalente, que es plata", precisó.

No solamente de análisis del impuesto a las jubilaciones y pensiones militares se trató la asamblea. El coordinador del grupo de retirados, general Hebert Fígoli recordó la "crisis de gestión" del gobierno del Frente Amplio. Habló de "sueldos exorbitantemente altos en los organismos públicos, menos en las Fuerzas Armadas", subrayó que al ministro Danilo Astori "solo se le ocurre sacar dinero de los bolsillos de los retirados", y le apuntó a Ancap y Pluna al decir que "los problemas estructurales persisten" pese a los años de bonanza económica.

Los militares, tanto los activos como los pasivos, tienen claro que la aplicación de un impuesto a sus retiros y pensiones, así como la inexistente asignación presupuestal a que los han sometido los distintos gobiernos del Frente Amplio desde 2005 al presente, tienen un componente "político" e "ideológico" y que no es un "problema financiero".

En su mensaje al iniciarse la asamblea de los activos y retirados militares, el general Fígoli advirtió que este impuesto y la reforma del Servicio "tendrán incidencia en el reclutamiento, mantenimiento y composición" de las Fuerzas Armadas, así como en el sistema de sanidad. La explicación para ellos es clara: si se cambian "las reglas de juego, comenzará a entrar menos gente, a haber más retiros anticipados y eso afectará la relación activo-pasivo", explicó a El País uno de los participantes de la reunión.

Fígoli alertó además que habrá "una clara incidencia", por la misma razón, en la participación de Uruguay en las misiones de paz de Naciones Unidas. "La doble imposición es un asunto claramente político y no financiero y afectará a todos, a los activos, a los retirados y a los pensionistas".

El militar sostuvo ante sus camaradas que el impuesto "es injusto porque no tiene la finalidad de estabilizar financieramente el Servicio", y porque "hace responsable a los propios retirados del desequilibrio generado por la reducción de efectivos, incentivo de retiros o reconstrucción de carreras", todas decisiones "políticas" de los gobiernos pasados.

Fígoli pidió a los casi 2.000 camaradas reunidos en el club de la Fuerza Aérea que "informen sobre la injusticia que se quiere cometer" mediante reuniones, "el teléfono y las redes sociales", y que "alerten a quienes no son militares que esto hoy es contra nosotros, pero mañana irán por sus ahorros de toda la vida".

DANIEL ISGLEAS

MULTITUDINARIA ASAMBLEA DE ACTIVOSDANIEL ISGLEAS