Militar demandará a Defensa por US$ 200.000

PABLO MELENDREZ

Una investigación administrativa del Estado Mayor del Ejército concluyó que no existen elementos que confirmen las acusaciones realizadas contra el teniente coronel Leonardo García, jefe del contingente uruguayo en el Sinaí, quien fue denunciado por mantener relaciones sexuales con sus subalternos en el marco de la misión de la ONU.

"De la investigación realizada no surgen testimonios, elementos ni pruebas contundentes que avalen con cierta solidez las murmuraciones y/o comentarios que circulan sobre la persona del Cte. del Contingente", expresa el informe.

Agrega que "la desconfianza y las intrigas que los propios involucrados han puesto sobre el incidente, así como su rápida difusión tanto dentro del Contingente como en el país, lo hace aparecer como un hecho poco claro y anormal, que sin dudas tensa la relaciones entre los protagonistas y su entorno, así como distorsiona el normal funcionamiento y la verticalidad del mando". En el Ejército la homosexualidad se castiga como una falta grave, ya que es inadmisible en la visión militar.

García accedió la investigación administrativa luego de presentar un recurso de amparo ante la Justicia, porque el Ejército se negaba brindársela.

De esa forma, luego de la sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo Pablo Eguren y del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno, que hicieron lugar al recurso de "habeas data" impulsado por el militar, las autoridades le otorgaron el informe.

Ahora, García prepara una demanda civil contra el Ministerio de Defensa, en virtud de los perjuicios que le causó esta situación, según informó a El País su abogado, Luis Manzoni Rubio.

En la demanda, que será presentada el próximo mes de febrero, tras la Feria Judicial, el militar reclamará un resarcimiento del orden de los US$ 200.000, dijo el abogado.

"Tuvo un daño moral muy importante, primero por las difamaciones de las que fue objeto y también el perjuicio a su carrera militar debido a la actuación del Comando del Ejército", explicó el jurista. "No tuvo (García) la posibilidad de probar su inocencia en un primer momento, y por eso tuvo que accionar para obtener las pruebas que demostraran su inocencia ante la difamación de la que fue víctima", concluyó Manzoni Rubio.

El teniente coronel Leonardo García fue la primera persona que, por disposición judicial, logró que una dependencia del Estado le brindara información, de acuerdo con las leyes de "Protección de datos personales y acción de hábeas datas" y de "Acceso a la información pública y al amparo informativo", que fueron aprobadas por el Parlamento en el actual gobierno, que buscó dar un nuevo marco regulatorio al manejo y suministro de la información que se encuentra en poder del Estado.