IGUALDAD DE GÉNERO

Informe dice que Uruguay está “rezagado” en participación de la mujer.

VALERIA GIL

El gobierno se plantea, como parte de una estrategia nacional de género, tomar medidas que favorezcan la integración paritaria de mujeres y hombres en todos los poderes y niveles del Estado.

La meta es a 2030 y se reconoce que el Estado debe actuar a través de la implementación de medidas en el ámbito de sus tres poderes, según afirma un documento preliminar elaborado por el Consejo Nacional de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mides, al que tuvo acceso El País, y pretende convertirse en una hoja de ruta.

Integran el grupo asesor de la estrategia nacional para la igualdad 17 organismos públicos, representantes de las cámaras empresariales, Pit-Cnt, organizaciones y redes de mujeres y feministas. Como principales problemas se identifican las "desventajas experimentadas" por las mujeres con relación a los hombres por la desigual carga de trabajo doméstico no remunerado. También señalan como problema "la marcada brecha de participación laboral", tasas de desempleo e informalidad más elevadas y discriminación salarial.

Uno de los principales puntos de análisis hace referencia a la llamada ley de cuota, por la cual hay una mujer cada tres candidatos en las listas a las elecciones nacionales y departamentales. Según indican, la aplicación mostró "impactos" en las elecciones nacionales de noviembre de 2014 "con una interesante transformación" en la Cámara de Senadores, que alcanzó una representación de mujeres cercana a un tercio.

En Diputados de 37 representantes sin embargo se obtuvo una sola banca en todos los departamentos excepto en Montevideo y Canelones. Como consecuencia, señalan que la utilización mínima de los criterios establecidos por la ley no obtuvo los efectos esperados.

La "utilización minimalista" del criterio de incluir personas de diferentes sexos cada tres lugares en las últimas elecciones nacionales —con la correspondiente menor probabilidad de ser electas—, la inscripción simultánea en la lista de senadores y diputados y la renuncia de las electas cuyos suplentes fuesen varones, han llevado a que las mujeres legisladoras constituyan el 18,6% del total de representantes.

Según el informe, Uruguay continúa siendo uno de los países de América Latina y el Caribe que registra los niveles más bajos de participación de mujeres en el Poder Legislativo.

Según el informe, estudios realizados en los últimos 20 años señalan que los obstáculos al acceso igualitario de las mujeres a los cargos políticos no se relacionan directamente con factores socioeconómicos.

Los porcentajes históricos de participación femenina en el Parlamento nacional dan la pauta de las dificultades que enfrentan las mujeres uruguayas para alcanzar cargos de decisión política.

A pesar de que Uruguay incorporó a las mujeres en espacios de decisión política en 1932, actualmente se encuentra en "situación de rezago" en comparación con los demás países de la región, señala el documento.

Uno de los puntos que se destaca es que en el 2015, la participación femenina en el gabinete ministerial alcanzó el nivel histórico de 38,5%, aunque al analizar las áreas de competencia en las cuales se desempeñan las mujeres se reproduce la tendencia a ocupar lugares vinculados a lo social y lo cultural.

Los ministerios liderados actualmente por mujeres en Uruguay son cinco: Ministerio de Educación (María Julia Muñoz), Ministerio de Desarrollo Social (Marina Arismendi), Ministerio de Industria (Carolina Cosse), Ministerio de Turismo (Liliam Kechichian) y Ministerio de Vivienda (Eneida De León).

A modo de balance, se concluye que la renovación de leyes y decretos sobre género muestra el esfuerzo sostenido del Estado por el reconocimiento y avance efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Como ejemplo citan la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, la legalización del aborto o la normativa aprobada para prevenir la violencia doméstica.

Sin embargo, consideran que aún hay problemas específicos de desigualdad de género. Como ejemplo citan las problemáticas de la violencia de género, las desigualdades en el mercado laboral y la baja representación de mujeres en puestos de decisión estratégicos.