El primer sector del FA en cuestionar al gobierno venezolano pide “liberar presos políticos”.

La situación política imperante en Venezuela sigue repercutiendo en Uruguay, a un punto tal que provocó un sacudón dentro mismo del Frente Amplio: el Nuevo Espacio, bajo la firma de su líder el senador Rafael Michelini, se convirtió ayer en el primer sector del gobierno en cuestionar abiertamente al régimen del presidente Nicolás Maduro, al reclamar la "libertad de los presos políticos" y el "respeto" a la Constitución por haber cancelado el referéndum revocatorio impulsado por la oposición.

"Venezuela es una sociedad políticamente muy polarizada, producto de la existencia de presos políticos, el desconocimiento total de la Asamblea Nacional, la inexistencia de un Poder Judicial y Electoral independiente, lo cual crea un clima político preocupante", sostuvo el sector. La suspensión del referéndum revocatorio dispuesta por Maduro "incrementa al máximo las tensiones políticas, cercenando el único camino posible de solución de los conflictos de este pueblo hermano, que no puede ser otro que el pronunciamiento en las urnas, pacífico y soberano, de la ciudadanía venezolana".

Por eso, el sector de Michelini declaró ayer "su solidaridad con el pueblo venezolano, y reclama la libertad de los presos políticos y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

A su vez, reunido ayer para analizar la situación nacional, la Junta Federal del Partido Independiente (PI) declaró "la peligrosa evolución de los acontecimientos" en Venezuela. Por eso, sostuvo que "las maniobras" realizadas por Maduro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) "para suspender el referendo revocatorio, constituyen un atropello a la Constitución y a las leyes" de ese país caribeño. "Tal decisión cierra la posibilidad de que la crisis política, económica y social que sufre el pueblo venezolano se resuelva en forma pacífica y democrática, configura la ruptura del Estado de Derecho y de la independencia y separación de los poderes, y confirma el carácter dictatorial del régimen del presidente Maduro", añadió el partido liderado por el senador Pablo Mieres, que reunió ayer por la mañana a la dirigencia de todo el país.

Y criticó al gobierno del presidente Tabaré Vázquez porque "ante estos gravísimos acontecimientos continúa demostrando una actitud ambigua que contradice radicalmente los valores y la tradición democrática de nuestro pueblo".

Ayer, en otro tipo de reacción, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, Jorge Larrañaga, y el diputado Nicolás Olivera, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, anunciaron que promoverán una invitación conjunta para que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visite el Parlamento uruguayo y exponga la visión del organismo sobre Venezuela.

En la tarde del sábado, el canciller Rodolfo Nin Novoa había sostenido públicamente que "negar el referéndum revocatorio en Venezuela en 2016 es un punto de inflexión", y llamó a los países de la región a tomar "acciones concretas para defender la democracia en Venezuela" después que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano suspendiera el proceso de recolección de firmas para convocar a un referéndum revocatorio, lo que consideró un punto de inflexión y de quiebre del sistema democrático imperante en el país referido.

A fines de septiembre, luego de una reunión de cancilleres del Mercosur en Montevideo, el canciller Rodolfo Nin Novoa explicó a El País que "lo importante es que el revocatorio se va a hacer", y recordó que Uruguay fue el primer país que planteó que la votación podía ser "una válvula de escape" para la situación política en aquel país caribeño.

El diputado nacionalista Jaime Trobo disparará hoy el procedimiento de pedido de comisión investigadora sobre los negocios de allegados al gobierno con Venezuela. En su carta, a la que accedió El País, Trobo señala que existieron negocios con ese país "por montos que suman varios cientos de millones de dólares". "El vínculo notorio de personas y empresas con sectores políticos integrados por altas jerarquías de gobierno, a quienes se concedió por parte de las autoridades uruguayas, una posición preferente, y en algunos casos exclusiva, para realizar o impulsar negocios con entidades estatales monopólicas de Venezuela, da mérito suficiente para realizar una investigación parlamentaria", sostuvo. "La alta probabilidad que alguna de estas personas o empresas beneficiadas, contribuyen con sectores políticos cuyos representantes están cerca de las decisiones que los beneficiaron, incluso las propias declaraciones de jerarcas responsables del gobierno en relación a la legitimidad de las actividades de intermediación de estas personas o empresas, da mérito suficiente para realizar una investigación", concluye la carta de Trobo.

VENEZUELA EN CRISIS