No habrá procesamientos por crímenes ni lesiones; choque con la Corte.
La decisión adoptada por los médicos forenses de no entregar a los jueces resultados de autopsias o informes de lesionados en accidentes o hechos de sangre paralizará la Justicia Penal por tres días, revelaron a El País fuentes del Poder Judicial.
Debido a esa decisión, los magistrados de turno no podrán dictaminar ningún procesamiento por homicidios por no tener, en forma oficial, las causas exactas de las muertes. Tampoco tendrán forma de procesar a personas por un delito de lesiones. Ningún médico forense dirá a los magistrados si la lesión es grave o no, si estuvo en riesgo la vida de una víctima o el tiempo de su inhabilitación es superior a los 20 días.
Aquellos jueces que no quieran dejar en libertad a un homicida, los procesarán basándose en un certificado primario. Sin embargo, dicha resolución podrá ser impugnada por la defensa.
La paralización de la Justicia Penal, que comenzará a partir de hoy y durará tres días, se debe a un inédito paro realizado por los médicos forenses en rechazo a una resolución de la Suprema Corte que "desconoce" un acuerdo rubricado entre ambas partes el 1º de junio de 2016.
En una misiva entregada el lunes 12 a la directora del Instituto Técnico Forense, Mónica Etcheverry, la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay (AMFU) acusó a la Dirección General de los Servicios Administrativos de la Corte de suspender de "manera arbitraria" y "unilateral" el acuerdo firmado por representantes de la gremial, jerarcas del ITF y la licenciada Raquel Martínez, representando al Poder Judicial.
Los médicos forenses se quejaron de que el nuevo director General de los Servicios Administrativos de la Suprema Corte resolvió de "manera intempestiva" un descuento del 40% de los salarios por medidas gremiales que "no afectan" al servicio más que produciendo un atraso que "es crónico" en el Poder Judicial.
Tras indicar que la Corte no atendió los reclamos en los presupuestos del ITF, los médicos forenses resolvieron un paro total de actividades de 72 horas con asamblea el próximo sábado, la que monitoreará y evaluará las medidas a seguir. La carta, enviada a la directora del ITF, advierte que los profesionales forenses solo harán autopsias y reconocimientos con entrega en tiempo y forma de los cuerpos a los familiares por motivos "humanitarios" y de "preservar la salud pública". Sin embargo, señalaron que "no se entregarán (a los jueces penales) los protocolos de autopsias en ningún caso" y "el resto de la tareas quedan todas suspendidas".
Impacto.
En la tarde de ayer, la medida de los forenses generó preocupación en los juzgados penales. Los titulares de los juzgados de turno durante esta semana —finalizan el próximo domingo— son los magistrados penales Fan-ny Canessa, Julia Staricco, Nelson dos Santos y Ricardo Míguez —lo subroga un suplente. "La medida de los forenses impactará en juzgados. Sin el auxilio de ellos tendré dificultades para procesar por lesiones", dijo un operador judicial a El País.
Es posible que los cuatro jueces penales de Montevideo se reúnan hoy y pregunten a la Suprema Corte de Justicia qué medidas deberán adoptar en casos violentos al no contar con el respaldo técnico de los médicos forenses.
En el interior, algunos forenses sí emitirán opiniones a jueces sobre autopsias, pero no harán otras tareas.
Juez penal ordenará revisión de 6.000 presos.
Hoy ingresará en el Juzgado Penal de 12° Turno la denuncia presentada al fiscal de Corte, Jorge Díaz, por los parlamentarios blancos Luis Alberto Heber, Guillermo Besozzi y Pablo Abdala, sobre presos desnutridos en el Comcar. "En un informe elevado con carácter urgente, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, da cuenta de situaciones de desnutrición, agudas carencias de higiene, deficiente atención médica y elevado hacinamiento" en el Módulo 8 del Comcar, señala la denuncia. El titular del Juzgado Penal 12°, Nelson dos Santos, citará a Petit. El magistrado penal también solicitará al Ministerio del Interior que le brinde informes sanitarios sobre cada uno de los 5.500 presos alojados en las cárceles Comcar, Punta de Rieles e Instituto Metropolitano de Recuperación Femenino.
CONFLICTO JUDICIALEDUARDO BARRENECHE
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