JUICIO POR CEMENTERIO EN SAN JOSÉ

"Me prometieron traer afiliados de INAU y Pit"

Inversora dijo que sus socios “conocían la oferta de López”.

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López dijo que " La comisión estaba prevista en un ítem de un convenio". Foto: archivo El País

La propietaria de Dantisimo, Miriam Alargunsoro, dijo que el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, le pidió "una comisión" de US$ 10.000 para que las parcelas proyectadas en un cementerio-parque de su propiedad fueran vendidas a funcionarios del Instituto y a afiliados del Pit-Cnt.

"(Juan) Castro quería que yo hiciera un convenio con Joselo López. Joselo López me quería cobrar US$ 10.000 de comisión para asegurarme la compra de las parcelas. Yo le dije que si no tenía el cementerio hecho, cómo voy a vender parcelas", dijo Alargunsoro a El País.

En ese momento, Castro era secretario del presidente del INAU, Javier Salsamendi y gerente de marketing de Dantisimo, la empresa que impulsaba la creación de un cementerio privado en la zona de Colonia Wilson, en San José.

Alargunsoro insistió: "La comisión me la pidió Joselo López por medio de Castro. A Joselo López yo no lo conocía para nada. Castro me dijo: tengo un amigo que trabaja en el INAU conmigo, me cobra US$ 10.000 y me asegura no sé qué cantidad de ventas de parcelas".

Consultada sobre si tenía los US$ 10.000 para pagar dicha comisión, la inversora respondió: "Sí, los tenía. Pero, ¿cómo le voy a dar US$ 10.000 de una comisión por algo que no estaba funcionando? Era dilapidar el dinero".

Preguntada sobre si los compradores de las parcelas serían funcionarios del INAU, Alargunsoro dijo que éstas "eran para los trabajadores del Instituto y (afiliados) del Pit-Cnt. Yo no acepté porque tenía el campo lleno de pasto y solo contaba con el permiso (del Ministerio de Vivienda)". Con respecto a la comisión, Alargunsoro insistió: "Era para asegurarme lo del Pit-Cnt y el INAU. Si yo tenía las parcelas, hubiera accedido. Tal vez estaba bien esa suma. No era una coima".

Enseguida expresó: "En el negocio se iban a asociar (al cementerio-parque) todos los afiliados del Pit-Cnt. Eso es lo que ofreció Joselo López por medio de Castro. Todos los socios (de Dantisimo) lo sabían: Nelson Volpe, Arturo Bakerdjian. Yo dije que no porque no tenía las parcelas".

Volpe es acusado en una de las denuncias contra impulsores del programa de vivienda sindical del Pit-Cnt.

Castro rechazó las afirmaciones de Alargunsoro. "Nunca López me pidió una comisión para él. Se trataba de una bonificación para todo el sindicato", Castro expresó a El País.

En febrero de 2012, Dantisimo presentó un plan de negocios y de inversiones en la Intendencia de San José. El trámite requería que el cementerio tuviera una masa de potenciales clientes. Para sortear esa obligación, la empresa presentó el preacuerdo firmado por el sindicato del INAU. "En ese expediente se determinan los alcances del negocio y el incentivo para el sindicato por única vez de US$ 10.000. Pero nada de lo establecido en el precontrato se cumplió porque el cementerio-parque murió antes", dijo Castro.

Consultado sobre si el negocio incluía afiliados del Pit-Cnt como sostuvo Alargunsoro, Castro dijo: "Eso no estaba contemplado de ninguna manera en el Plan de Negocios del cementerio. No hay vinculación entre la empresa y el Pit-Cnt".

El jueves 28, en una audiencia efectuada en el Juzgado Civl de 5° Turno por un reclamo contra Dantisimo, Alargunsoro y uno de sus socios, Arturo Bakerdjian, señalaron que López pidió "un porcentaje" o "una comisión" para concretar el acuerdo. El juez civil Juan Benítez Caorsi no preguntó por dicha solicitud de comisión.

Rechazo.

López dijo a El País que el litigio civil involucraba a empresarios que habían firmado un preacuerdo de convenio con el sindicato del INAU.

"Yo no conocía a los socios de la empresa Dantisimo. Fui a declarar como testigo porque me pidió uno de los funcionarios que necesitaba probar que había trabajado para esa empresa y habían firmado un convenio con nuestro sindicato", explicó.

Dicho acuerdo reflejaba la posibilidad de que si se concretaba un proyecto de cementerio-parque, el gremio ofrecía a la empresa una cantidad de potenciales clientes entre los funcionarios afiliados (unos 6.000). Los afiliados debían contratar con la empresa en forma individual y tendrían beneficios importantes en las adquisiciones de parcelas. El convenio establecía, además, una contraprestación de la empresa que estaba reflejada en el punto tercero del mismo con el título: "Beneficio para el Sindicato. Se fija una prima por única vez de US$ 10.000 a depositarse en cuenta bancaria que se indicará a partir de los 180 días de firmado" el presente contrato. "Ese dinero iba para el sindicato y no para mí. Yo negociaba con la empresa como presidente del sindicato. Se pedía una beneficio de US$ 10.000 si se completaba la cantidad de afiliados que ellos pretendían para ese negocio", dijo López.

Reiteró que si el gremio alcanzaba la meta fijada por Dantisimo, "ello generaría un rédito económico para el sindicato del INAU como lo hemos hecho con otras empresas".

López aclaró que la demanda tramitada en el Juzgado Civil de 5° Turno no tiene ninguna relación con el convenio firmado entre Dantisimo y el gremio.

Agregó que abogados del gremio analizan presentar denuncias penales contra los dos testigos que lo incriminaron en el juzgado. "Estos cuestionamientos son parte de la operación política contra los dirigentes sindicales y en particular contra mi persona", concluyó.

Un proyecto casi vendido.

La dueña del proyecto del cementerio-parque es Miriam Alargunsoro. Fue propietaria de dos residenciales y hoy está jubilada. Luego de invertir más de US$ 200.000 en el emprendimiento, Alargunsoro se quedó sola, ya que sus dos socios, Nelson Volpe y Arturo Bakerdjian no pudieron vender acciones del cementerio privado. Alargunsoro dijo a El País que ella es la propietaria del terreno ubicado en San José y que la Dirección Nacional de Medio Ambiente le renovó el permiso ambiental de su proyecto. "Ya lo tengo casi vendido", dijo.

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