El senador Marcos Otheguy pertenece a la Lista 711 que lidera Raúl Sendic, y presidió la comisión investigadora sobre la gestión de Ancap.

Afirma que el Partido Nacional tiene una “intencionalidad política” contra Sendic y que está “forzando una denuncia penal”. Responsabiliza de la crisis financiera que atraviesa la empresa al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, por negarse a permitir que los costos de producción se trasladaran al precio de los combustibles. También sostiene que la capitalización por casi 900 millones de dólares que acaba de decidir el gobierno viene a “corregir” una situación de pérdida que se generó por “decisiones” del anterior gobierno que son ajenas a Ancap.

—¿Cómo evalúa el resultado del trabajo de la comisión investigadora de Ancap?

—Una investigadora se forma para investigar presuntos ilícitos, pero la discusión se centró en la gestión de la empresa. Desde nuestro punto de vista no se pudieron fundamentar irregularidades o ilicitudes. Es más, buena parte de las doce denuncias que presentó el Partido Nacional fueron despejadas con información y la comparecencia de gerentes y directores de Ancap. El Partido Nacional avisó desde el inicio que iría a la Justicia y hoy lo sigue sosteniendo, pero no identifica los temas que presentará y eso demuestra la fragilidad de su argumentación. El Partido Nacional está tratando de forzar una denuncia penal.

—Sin embargo, el trabajo de la investigadora permitió conocer la difícil situación financiera de la empresa y el detalle de una serie de negocios que, al menos, son dudosos.

—El tema Ancap ya estaba instalado en la agenda y nosotros votamos la investigadora para que todo quedara transparentado. Pero el debate público no tuvo racionalidad ni equilibrio. Se plantean dudas sobre la gestión, pero nada se dice de todo lo que se hizo en una década. En 2005 Ancap no sabía si iba a poder cumplir con sus objetivos porque hubo muchísimos años sin inversión. Sin la desulfurizadora hoy no podríamos refinar petróleo, los biocombustibles son una apuesta al futuro porque el crudo es un recurso finito, la remodelación de las plantas de pórtland eran necesarias por un tema ambiental. De eso nada se dice y en definitiva es porque hay visiones muy distintas sobre cuál es el rol de las empresas públicas. Para nosotros son fundamentales para la economía del país y por eso las defendemos.

—También en el Frente Amplio hay visiones distintas.

—Pero hemos saldado esa discusión. El Frente Amplio en su conjunto defiende a las empresas públicas.

—¿Cómo se alinea el discurso de defensa de las empresas púbicas con haber llevado a Ancap prácticamente a la quiebra?

—Siempre se puede mejorar la calidad de la gestión. Sin dudas que hay que ser más eficientes, no sólo en Ancap sino en todo el Estado. Pero no hay empresa que tenga saneados sus balances si se le impide trasladar a precios sus costos de producción. En los últimos años Ancap no pudo trasladar al precio del combustible sus costos de producción y distribución. El convenio con Pdvsa le permitió a Ancap financiar inversiones, pero a partir de 2010 la empresa tuvo que comenzar a endeudarse para poder producir y cubrir así sus costos. Tomaba préstamos en dólares a corto plazo y con tasas altas, y cobraba sus productos en pesos. Todo eso generó vulnerabilidades como consecuencia de las decisiones de política económica que se adoptaron.

—Trasladar todo a precio implica afectar competitividad, generar inflación, etc. Además, hoy el precio del petróleo no se refleja en las tarifas y Ancap está ganando dinero.

—Pero los ciudadanos deben tener en cuenta que si fuera por Ancap la nafta valdría 16 pesos, ese es su costo de producción y distribución, el resto es un impuesto que va a Rentas Generales. Un precio de 16 pesos para el litro de nafta revela eficiencia.

—Usted culpa al gobierno central por la situación de Ancap.

—El mayor costo de la nafta son los 19 pesos del Imesi que Ancap no los ve. Lo que sería razonable es que los impuestos en el combustible tiendan a bajar y ese ingreso sea compensado con algún otro tipo de impuesto. Tendríamos una empresa más equilibrada y un combustible más barato. Pero es una decisión de política económica en la que Ancap no tiene nada que ver. Ancap puede optimizar recursos humanos, bajar horas extras o destinar menos a publicidad, pero nada de eso mueve la aguja. Las que realmente mueven la aguja son las decisiones de política económica.

—Usted se refiere al equipo económico alineado con la visión astorista de la economía.

—Las decisiones las toma un gobierno. Yo no comparto que existan decisiones de un equipo económico, es el gobierno el que asume tal o cual cosa. Lo que nosotros queremos que quede claro es que Ancap no fue compensada por costos que tuvo. Ahora, la capitalización es una forma de corregir lo que el propio Estado contribuyó a generar. Hubo decisiones que provocaron estas pérdidas.

—¿Pero quién decidió que no compensaría a Ancap?

—Fue una decisión del Ministerio de Economía, el propio exministro Fernando Lorenzo dijo en la comisión investigadora que no se trasladarían los costos de Ancap al precio y eso generó el desequilibrio.

—¿No son las gestiones de Raúl Sendic y Daniel Martínez las que generaron esta situación de fragilidad financiera en Ancap?

—Sendic y Martínez están pagando un costo político injusto. Las decisiones que toma un gobierno son colectivas. El gobierno decidió controlar la inflación con las tarifas públicas, pero al mismo tiempo se le dijo a Ancap que debía invertir 800 millones de dólares en el quinquenio. Eso iba a tener consecuencias en la estructura empresarial y había que preverlo y compensarlo. Hoy se está corrigiendo con la capitalización una situación que se generó por decisión del gobierno.

—Pero la gestión era de Sendic.

—Sendic jugó un rol muy importante al frente de la empresa desplegando inversiones que no se podían demorar. Ahora, la oposición le pega a él y a Martínez porque son los referentes más importantes del Frente Amplio hacia el futuro. Hay una intencionalidad política del Partido Nacional. La oposición integró el directorio de Ancap y lo hizo para controlar. Pero nunca hicieron un escándalo público en los últimos cinco años. Incluso sus directores han respaldado y aún respaldan el plan de inversiones. Tenían todo para cuestionar y no lo hicieron, por eso sorprenden algunos enfoques que ahora se escuchan de líderes del Partido Nacional.

—¿En el Frente Amplio hay interesados en que le vaya mal a Sendic?

—Sería un error hacer ese cálculo. No digo que no exista, hay luchas por la correlación de fuerzas, pero sería un error pensar así. Cuanto más compañeros con potencial existan es mejor para el proyecto político.

—La investigadora dejó un virulento enfrentamiento entre Danilo Astori y José Mujica.

—Mujica estuvo mucho tiempo en silencio y era lógico que sentara su visión y posición sobre lo que ocurrió en estos cinco años. Si había una voz que faltaba y era importante era la de Mujica. Salió, dio su posición y lo hizo a su estilo.

El senador Otheguy afirma que el debate sobre la investigadora de Ancap no ha sido limpio y pone como ejemplo el costo de la planta desulfurizadora. "Se repite que se presupuestó en US$ 80 millones y costó US$ 120 millones. Eso no es verdad. En ese monto se presupuestó a fines de los años 90. Ya en el plan de inversiones de 2010 estaba presupuestada en US$ 350 millones. Costo US$ 420 porque se hizo una planta de enfriamiento del agua sobre el Río de la Plata y se cambió la línea de comando en la refinería. Esa documentación está en la investigadora, pero repiten que pasó de 80 a 400 millones de dólares cuando saben que eso no es verdad", afirma Otheguy. En la investigadora se denunciaron sobrecostos en la planta de etanol. Otheguy descalifica al empresario denunciante. "Hubo una licitación y todas las empresas cotizaron entre 70 y 85 millones de dólares. Ganó la oferta más barata. Luego aparece esta empresa que dice que la hace por la mitad de precio, quiere entrar a mitad del procedimiento, algo que la ley no habilita, y no tiene antecedentes, nunca construyó una planta de nada. Todo eso quedó despejado en la investigadora, no es algo serio", afirmó. Con respecto a la contratación directa para transportar cal a Brasil, admitió que es necesario regular. "Cuando los montos son importantes estas empresas que se manejan en el derecho privado deberían hacer procedimientos públicos. Sería más transparente", dijo.

“En el caso Exor las decisiones las tomó Jurídica de Ancap”

—El capítulo de publicidad de Ancap y la contratación de la agencia La Diez fue polémico. La Diez gana una licitación, su director tenía un conocimiento previo con el exdirector de ALUR y actual senador, Leonardo De León, se presentaron antecedentes que no eran de la agencia y no se atendieron las observaciones del Tribunal de Cuentas.

—La Diez ganó una licitación porque presentó el precio más bajo y la mejor idea creativa. La eligieron en un tribunal con quince gerentes de Ancap y un representante de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. Los antecedentes que presentó eran personales, el titular dijo que trabajando para otras agencias hizo tal o cual campaña. En eso hay una confusión, no se apropió del trabajo de otras agencias. Eso siempre estuvo claro aunque se diga otra cosa. El Tribunal de Cuentas observó pero no derivó los antecedentes a la Asamblea General.

—Pero el ordenador del gasto debe ser responsable ante esas observaciones más allá de lo que haga el Tribunal.

—Sí, pero también es cierto que muchas veces el gasto se reitera porque las observaciones son mínimas. En este caso si hubiera sido algo grave el Tribunal no lo archivaba.

—¿No fue un exceso darle una pauta de diez millones de dólares cuando la empresa estaba en crisis financiera?

—Creo que debemos regular la publicidad y las donaciones en el Estado. El 40% de la actividad de Ancap está en competencia y por eso necesita una política de comunicación. ¿Qué porcentaje de su facturación es el adecuado? En este caso está por debajo de otras empresas de igual porte. Pero se puede discutir si se justifica o no ese gasto. Creo que hay que regular, pero también medir los costos sociales porque muchos medios del interior se sostienen gracias a las empresas públicas y eso hace a la calidad de la democracia.

—Con Exor, la intermediaria ante Pdvsa, Ancap pierde US$ 3.1 millones al pagar una indemnización. Nunca recibió un servicio a cambio. ¿Quién actuó mal?

—No puedo calificar, pero todas las decisiones que se tomaron fueron por recomendación de la División Jurídica de Ancap. A Exor la aceptó Pdvsa, y cuando la excluyó inicio juicio contra Ancap. Se podía ganar, pero es cierto que Exor primero estuvo en Ancap, más allá de que la decisión de incluirla en la ingeniería para pagar la deuda por anticipado la tomaba Pdvsa. Ancap podía ganar el juicio pero había un riesgo. Por eso se hace un nuevo acuerdo para suspender el juicio a cambio de darle participación en otro negocio con Pdvsa, pero el fideicomiso de este año fue un canje por alimentos y Exor quedó fuera. Vuelve con el juicio y aquí hay otro ingrediente importante, la estrategia de Ancap quedó al descubierto porque el Senado filtró la taquigráfica de una sesión secreta. No quedaba mucho por hacer y se acordó pagarle.

—¿No es llamativo que Exor llegue a Ancap gracias a un dirigente del Frente Amplio?

—Exor no fue la única que se presentó. Hubo otras empresas que presentaron sus propuestas pero Exor fue la que Pdvsa eligió. Incluso Ancap quería hacer un acuerdo sin intermediarios.

LA INVESTIGADORA DE ANCAP