SALUD

Malestar con prestadores de salud aumentó un 10%

Blancos rechazaron decisión del MSP de no abrir “corralito”.

Afiliaciones: repercusiones tras la detectada estafa al Fonasa. Foto: Archivo El País
Afiliaciones: repercusiones tras la detectada estafa al Fonasa. Foto: Archivo El País

Soy un fanático defensor de la competencia!", le dijo ayer el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, al senador del Partido Nacional, Javier García, en plena Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. "No se nota, porque lo que hace es evitar la competencia", le contestó el legislador.

El secretario de Estado compareció ayer junto a toda la plana mayor de su cartera ante la comisión, a más de dos meses de la decisión del MSP de no abrir el "corralito" mutual tras constatar que se reiterarían episodios de intermediación lucrativa luego del alerta de varias mutualistas. Basso dijo que la decisión de suspender la apertura del "corralito" tras detectar irregularidades en las afiliaciones es temporal. Según informó el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, desde febrero de 2019 estará habilitado el sistema de cambio de mutualista a distancia a través de una plataforma de internet.

Desde este año cualquier usuario podrá cambiarse de mutualista mediante una carta que se debe enviar a la Junasa. Hay tres razones por las que una persona puede cambiarse de prestador de salud: motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad del usuario con la institución.

Durante enero de 2018 el nivel de disconformidad con un determinado centro de salud aumentó un 10%, según informó Basso en la comisión. No obstante, durante el primer mes del año se duplicaron los casos por cambios de domicilio. Para el ministro, las nuevas disposiciones adoptadas mediante el decreto que rige para 2018 y que demanda la presentación de una declaración jurada, "no genera burocracia y no genera dificultades".

Por otro lado, Basso admitió ante los senadores que este año se ahorrarán fondos ya que las mutualistas invertían US$ 22 millones en publicidad: 18 para campañas de comunicación y 4 en fuerzas de venta. "Había un conjunto de dinero que salía del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y que se estaba destinando al cambio de prestadores", indicó. Para el jerarca, se debe buscar un mecanismo de modo que los usuarios se vinculen directamente a cada prestador y se eviten los intermediarios

Limitaciones.

El senador Javier García, convocante de Basso al Parlamento, tiene una visión "totalmente opuesta" a la del MSP. Terminada la comisión escribió en la red social Twitter que "el MSP no cree en la libertad de elección de los usuarios, limita derechos de 2,5 millones de usuarios porque no puede agarrar a una mafia. Hay que defender derechos de la mayoría y perseguir a los pocos que delinquen", agregó.

García, quien entiende que el gobierno falló por no detener a los responsables de los casos por intermediación lucrativa, sostuvo que el nuevo mecanismo "a parte de limitar los derechos, garantiza la mala calidad de los servicios porque si una institución tiene preso a su socio por tres años, ¿qué estímulo tiene para mejorar los servicios?, ninguno", apuntó. García es partidario de decretar la apertura del "corralito" durante todo el año y no por cortos períodos de tiempo: "Lo que debería existir es una apuesta a la calidad y a que el socio sea fiel", añadió el legislador.

Casos.

La Justicia procesó a más de treinta personas por este tipo de delitos. En abril, según informó El País, con el procesamiento con prisión del jefe de Ventas del Círculo Católico y edil del Partido de la Gente, Álvaro Puerto, fueron treinta las personas acusadas por la estafa al Fonasa, cuyo monto se estima en más de $ 4.000.000.

Del expediente judicial surge que el gerente comercial y tres supervisores del Círculo Católico participaron de un esquema de corrupción tendiente a realizar afiliaciones "truchas" mediante la utilización de empresas promotoras y testaferros. En una de las empresas figuraba un cuidacoches como titular y percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus "empleados", expresa el expediente judicial al que tuvo acceso El País. Según actas integradas al expediente, quedó demostrado que fallaron los controles estatales (BPS) y la Junta Nacional de Salud sobre las afiliaciones. Todos los casos serán analizado por la comisión investigadora en el Parlamento.

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