Los municipales le reclaman a la comuna fernandina más de US$ 11 millones por comisiones de multas.

La Justicia deberá establecer el monto a pagar por la Intendencia de Maldonado a medio centenar de sus inspectores de Tránsito, que le reclaman una cifra que supera los US$ 11 millones por comisiones no cobradas a partir de multas aplicadas.

En el Juzgado Civil de 5º Turno de Maldonado se tramita el incidente de liquidación de sentencia generado a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de mantener firme un fallo en primera instancia a favor de los inspectores.

En este marco, ambas partes se alejaron aún más de los montos manejados por los funcionarios tanto en primera como en segunda instancia. El abogado Gonzalo Sánchez, asesor de los funcionarios, agregó otros $ 50 millones a la cifra original. Mientras que la comuna fernandina entiende que la suma total a pagar entre los inspectores es de $ 2.240.587.

En la contestación de la demanda, la administración municipal sostuvo que hay funcionarios que "pretenden aprovechar la instancia de forma oblicua e intentando hacer incurrir en error a esta parte y al Tribunal, para que se les liquide un crédito que directamente no existe a su respecto, porque se les tuvo por desistidos de la pretensión en audiencia preliminar".

"La mera lectura de la demanda lleva a la conclusión que la liquidación formulada por los actores es irracional, injustificada, lineal y abusiva, sin dar a conocer al Tribunal las particularidades de cada funcionario, la operativa de la función, comprendiendo períodos donde algunos ni siquiera habían ingresado a la administración y muchos de ellos ya no cumplían tareas inspectivas por estar en otras oficinas, otros con sanciones por inasistencias injustificadas y sin ponderar los días de licencias que gozan todos los funcionarios", denunció la comuna. Incluso la Intendencia entiende que 11 de los 63 inspectores no tienen derecho al reclamo.

En cuanto a la liquidación presentada por los funcionarios, la comuna sostiene que la misma debe ser rechazada "por infundada, ilegal y exorbitante".

"Desde septiembre de 2008 a septiembre de 2012 reclaman en su conjunto cada uno de los accionantes, y en forma indistinta, la cantidad de $ 192.000, a razón de $ 4.000 por cada mes. Aplican un interés del 6% anual desde setiembre de 2012, y actualización del decreto-ley 14.500 a partir de setiembre de 2008", afirmó la Intendencia al recordar que el fallo de la SCJ no la condenó al pago de intereses. En el mismo sentido, la comuna asegura que los inspectores cobraron $ 18. 950.126, suma que deberá restarse del monto reclamado.

La administración atacó el monto reclamado por cada inspector que alcanzó, entre setiembre de 2008 y febrero de 2016, la suma de $ 7.737.138. En alguno de los casos los inspectores contabilizaron hasta 310 días de ausencia en el trabajo en el periodo comprendido. En otros casos, faltaron hasta 60 días en un solo año.

De todas formas, reclamaron desde setiembre de 2008 a setiembre de 2012, a razón de $ 4.000 mensuales y desde octubre de 2012 a febrero de 2016, un monto mensual de $ 136.585 más intereses y reajustes, totalizando $ 7:737.138. Otro funcionario faltó 680 días en el periodo citado.

"Aplicando el principio de razonabilidad y las máximas de la experiencia, consideramos pertinente abatir al menos en un 30% el monto ($ 3.200.838,44), para ser prorrateado exclusivamente a los funcionarios reclamantes; con lo cual dicho monto asciende a $ 2.240.587, siendo el máximo que la sentencia a dictarse puede llegar a condenar por la totalidad de los co-actores a quienes se le ha reconocido el crédito", afirmó la Intendencia.

La demanda fue iniciada por los inspectores municipales de Maldonado el 3 de septiembre de 2012, por el no cobro del 25% de cada multa aplicada por infracciones de tránsito.

Los reclamantes fundamentaron su derecho a lo establecido en el artículo 40º del primer presupuesto quinquenal de la administración del entonces intendente Oscar de los Santos (Frente Amplio) entre los años 2005 y 2010.

DEMANDAM. GALLARDO