El juez consideró que actuó con “real malicia” al acusar a los tres ediles.

Hasta que no haya sentencia definitiva, y que derive en un resultado de condena en su contra, el intendente frenteamplista de Salto, Andrés Lima, podrá seguir al frente de la comuna. Esa es la posición de la Corte Electoral, según informó ayer a El País el ministro Walter Pesqueira. "El juez es quien puede disponer con su sentencia el impedimento (de Lima) para ejercer cargos públicos pero mientras no haya un pronunciamiento definitivo no tiene problemas", explicó el jerarca.

El abogado defensor de Lima, Claudio Opazo, que es a la vez director de Jurídica de la Intendencia salteña, coincide. "Hasta ahora nosotros entendemos que puede seguir ejerciendo su cargo", dijo en una conferencia de prensa convocada ayer en la sede comunal, en la que participó Lima pero manteniéndose en silencio.

El juez Hugo Rundie consideró en el fallo por el que procesó con ocho meses de prisión a Lima que el intendente incurrió en difamación, figura delictiva prevista en el artículo 333 del Código Penal, puesto que actuó con "real malicia" cuando en una conferencia de prensa brindada el 9 de marzo pasado atribuyera a la edila denunciante Dayana Añasco, y a otros dos ediles, todos del Frente Amplio, la participación en la adulteración de boletas de viáticos, lo que de ser cierto, podría eventualmente dar lugar a un procedimiento penal o disciplinario contra ella, o "exponerla al odio y desprecio público".

Según el fallo, Lima al dar públicamente los nombres de los ediles —cuando ya había ordenado una investigación administrativa que aún no finalizaba— actuó "con conciencia y voluntad de su accionar, despreocupado por las posibles consecuencias que sus dichos causaren".

En cuanto a la solicitud de no suspensión de ciudadanía pedida por la defensa del intendente, el magistrado señaló que "al ser pena de prisión es aplicable el artículo 82 del Código Penal". Dicha norma establece que la pena de prisión lleva consigo la suspensión del cargo y oficio público, profesiones académicas y derechos políticos. Esto significa que si la sentencia —que ya fue apelada— se confirmara, el intendente deberá dejar el cargo.

En un lapso de diez días, Lima y su abogado Opazo deberán decidir si se acogen al beneficio de la suspensión condicional de la pena, quedando entonces sujeto a la vigilancia policial por el término de ocho meses.

Según Rundie, la conducta de Lima "evidentemente fue despreocupada, dado que sabiendo que recién comenzaba a gestarse una investigación y sin saber cuál sería el resultado final, imputó conductas concretas" a los ediles de la coalición de izquierda.

Cuenta el fallo que según explicara Lima en la sede judicial, en la misma mañana de la conferencia de prensa donde dio los nombres se discutió con su equipo de gobierno si era pertinente hacerlo o no ante los medios. Y él decidió hacerlo.

Según el juez, "el apresuramiento en identificar públicamente a los ediles tuvo su motivación en que la ciudadanía tomara conocimiento de la situación por las propias autoridades y no por la oposición partidaria", por lo cual "se antepu- so el hecho de que la información sea aportada por él mismo, sin considerar la dignidad humana u honor de las demás personas".

La investigación administrativa fue ordenada dos días antes de la conferencia de prensa, por lo que el magistrado consideró que Lima "pudo y debió no identificar a nadie en la misma conferencia del día 9, máxime cuando momentos previos fue notoriamente advertido por parte de su equipo de gobierno, entre los cuales había un abogado y siendo él mismo también abogado".

Después del pronunciamiento de la Justicia en torno al procesamiento del intendente por un delito de difamación, tanto desde la Mesa Política local del Frente Amplio como del equipo de gobierno de la comuna, hubo pleno respaldo a Lima.

La dirigencia local del FA emitió una declaración en la que primero reafirma el respeto por los procedimientos y resoluciones del Poder Judicial y declara además "su total respaldo" a la actitud del intendente y del ejecutivo departamental de "no transar con ningún acto contrario a las conductas esperadas de nuestros militantes en el ejercicio de la función pública ni en caso de corrupción alguna".

Fabián Bochia, secretario general de la intendencia salteña, leyó un comunicado en el que se manifiesta el "total apoyo a las políticas de la gestión pública y de transparencia que ha impulsado y desarrolla el intendente de Salto, Andrés Lima".

"Reafirmamos nuestro compromiso de continuar con las acciones que permitan una gestión de gobierno eficiente y transparente. De constatarse a futuro las sospechas de presuntas irregularidades, procederemos como indica la Constitución denunciando dichas situaciones", apunta el comunicado.

Los mismos jerarcas que participaron de esta convocatoria a la prensa, el día miércoles concurrieron al Juzgado para acompañar a Lima y median- te las redes sociales exhortaron a los adherentes de su lista pa-ra esa instancia aunque no hubo respuesta de dirigentes barriales.

Como trasfondo de esta situación hay un tema político que sacude la interna del Frente Amplio en Salto, luego que el intendente comenzara a investigar a tres ediles de la lista 888 frenteamplista tras haber quedado al descubierto una maniobra que supuestamente realizaron para adulterar boletas en beneficio propio.

El intendente de Salto, Andrés Lima, fue denunciado ante la Justicia por la edila frenteamplista Dayana Añasco, luego que en marzo afirmara en una conferencia de prensa que tres ediles modificaron las boletas de los viáticos de un viaje realizado a Rivera. Las boletas originales eran por $ 449 por el mismo concepto en los tres casos; sin embargo aparecen con un "4" agregado adelante, llevando la cifra a $ 4.449. Fueron señalados como responsables, además de Añasco, Martín Pertusatti, presidente de la Junta Departamental de Salto, y Eduardo Godoy. Originalmente la fiscal María Auxiliadora Cosse había solicitado una pena de diez meses de prisión para el intendente Lima, pero el juez Rundie la redujo a ocho meses y le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la pena. El caso tiene conmocionado al departamento litoraleño.

EL PROCESAMIENTO DEL INTENDENTE LIMALUIS PÉREZ / DANIEL ISGLEAS