JUSTICIA

El líder mafioso Rocco Morabito, integrante del Cartel Ndrangheta de la Mafia Calabressa capturado en Montevideo, no aceptó la extradición voluntaria a Italia, tras ser notificado el pasado el viernes. Ahora la decisión está en manos de la Justicia.

Víctor Della Valle, uno de los abogados del italiano (junto a Alejandro Balbi), dijo a El País que a partir de ahora tienen diez días para presentar los alegatos, "después el fiscal tendrá otros diez días para evaluar y la jueza tiene un plazo de 30 para resolver el caso". Además, explicó que el principal argumento para rechazar la extradición de Morabito a Italia gira en torno a que en ese país fue condenado en "rebeldía total, sin ningún tipo de defensa". A su vez, otro de los argumentos, aunque según Della Valle "más discutible", se basa en "la prescripción del delito".

En caso de concretarse la extradición, deberá cumplir una condena de 30 años de cárcel por delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Era buscado por la policía italiana desde 1995 por delitos de asociación ilícita de tipo mafioso y tráfico de drogas y vivía en Uruguay con una identificación falsa desde 2002. Fue capturado el pasado 4 de septiembre en un hotel del Centro de Montevideo, en el que se había alojado tras una discusión con su esposa.

Morabito era uno de los diez mafiosos más buscados por Italia. Es acusado por haber pertenecido (entre 1988 y 1994), a una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. Allí era el encargado de armar la logística para el transporte de paquetes dentro de Italia y la distribución específica en la ciudad de Milán, donde era conocido como el "rey de la cocaína". Al ser buscado, se radicó en Brasil, donde obtuvo la falsa documentación con la que empezó su nueva vida en Uruguay: primero en Pocitos, en Montevideo, y luego en Punta del Este. A partir de entonces se empezó a llamar Francisco Capeletto, un brasileño que trabajaba en el rubro de la soja.

Las imputaciones que le hace la Justicia uruguaya y por las que está detenido en territorio nacional tienen que "ver con la falsificación documentaria, la expedición de la cédula de identidad, la libreta de conducir, los documentos personales", según había explicado a El País Alejandro Balbi.