Sancionada por unanimidad pese a diferencias entre legisladores del FA.

Quedó sancionado anoche en la Cámara de Representantes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre el nuevo régimen de libertades anticipadas. En general fue votado por el Frente Amplio y los partidos Nacional, Colorado e Independiente, pero no por Unidad Popular. Los colorados objetaron alguna norma y los blancos otra, pero igual la iniciativa fue sancionada.

Se trata de uno de los proyectos de ley emanados de las reuniones convocadas por el Gobierno en materia de seguridad y convivencia, y actuará como un "escudo" para que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, muestre algún avance del Gobierno y el sistema político frente a la inseguridad cuando el martes 25 comparezca a la interpelación del senador colorado Pedro Bordaberry.

El proyecto de ley sobre las libertades anticipadas establece que en los casos de delincuentes reincidentes, reiterantes o habituales no aplicará esta alternativa.

La iniciativa comprende 11 delitos, entre ellos los más graves como violación, secuestro, copamiento, rapiña o asociación para delinquir, entre otros.

Antes de la llegada del proyecto al plenario de Diputados, la bancada del Frente Amplio exhibió diferencias de criterio con el acuerdo de la oposición y el Gobierno, pero ayer sus representantes votaron por disciplina partidaria. El diputado José Querejeta, de la lista 711, aclaró en sala que lo votaba por el mandato de la bancada y que se siente "alejado" de todas las leyes que aumentan las penas.

En el curso del debate, el diputado colorado Ope Pasquet cuestionó una parte del artículo primero, la que establece la libertad provisional. Sostuvo al respecto que es una disposición "groseramente inconstitucional". No tuvo problemas, en cambio, para apoyar el nuevo régimen de libertades anticipadas, según explicó en sala.

El proyecto del Poder Ejecutivo habla de tres libertades: la provisional, la condicional y la anticipada para delincuentes reincidentes, reiterantes y habituales. Para que se produzcan la libertad condicional y la anticipada debe haber una sentencia de condena que haya quedado firme, explicó Pasquet. Pero en el caso de la libertad provisional sostuvo que "es un mecanismo contrario, donde no hay sentencia y el reo es apenas un procesado, no se sabe si va a ser condenado o no. Esa persona tiene derecho a esperar la sentencia en libertad", precisó.

Para Pasquet "no tiene caso hablar de un acuerdo político cuando se viola la Constitución". Pidió dejar a la libertad provisional fuera del artículo primero, pero eso no sucedió.

Lo interrumpió la diputada oficialista Cecilia Bottino, quien le recordó a Pasquet que en las reuniones de la Torre Ejecutiva hubo un acuerdo de todos los partidos que concurrieron con sus asesores jurídicos y no notaron lo que señalara el diputado colorado.

El Partido Nacional anunció que no votaría el capítulo quinto de la ley, referido al instituto de las libertades vigiladas como medidas alternativas a la prisión. Según explicó el diputado Pablo Abdala, no acompañaron esa parte del proyecto por considerar que en estos momentos de inseguridad ciudadana no es conveniente liberar a reincidentes que cometieron determinados delitos.

Los nacionalistas pidieron, además, que una vez sancionado este proyecto se trate otro de los que forman parte del acuerdo, que es el que aumenta las penas para el narcotráfico, iniciativa que ya fue votada en el Senado.

Querejeta valoró los logros que desde 2005 ha tenido el Frente Amplio en materia de seguridad.

En tanto, la diputada Macarena Gelman, del grupo frenteamplista IR, expresó que halló "objeciones jurídicas y políticas" al proyecto sancionado anoche. Cuestionó la inclusión de la libertad provisional entre las medidas alternativas, como señalara Pasquet, por entender que violaría el artículo 27 de la Constitución. Tampoco dijo compartir la norma que no permite la libertad anticipada a reincidentes de delitos como hurto y rapiña "porque no constituyen un daño contra la vida".

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y el presidente Tabaré Vázquez anunciaron en abril un acuerdo para destinar $ 474 millones (US$ 15 millones) para la instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), otro de los proyectos acordados por todos los partidos. Este año el gobierno destinará $ 20 millones (US$ 645.000) para la capacitación de magistrados y funcionarios, nuevos edificios y la reconversión digital del Poder Judicial. El acuerdo incluye una asignación de $ 166 millones (US$ 5,3 millones) en 2017 y de $ 288 millones (US$ 9,2 millones) en 2018. El nuevo CPP regirá desde el 16 de abril de 2017.

El otro proyecto acordado por el gobierno, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Colorado y el Independiente, hace inexcarcelables los delitos vinculados a la producción y comercialización de drogas (menos el cannabis) y el financiamiento del narcotráfico. La iniciativa supone que la pena mínima por estos delitos pasará de 20 a 24 meses, lo que implica que pasen a estar castigados con una pena de penitenciaría. La iniciativa no fue apoyada por Unidad Popular porque cree que no reducirá el narcotráfico. En las reuniones de la Torre Ejecutiva no se acordó una iniciativa colorada para que la temática de la minoridad infractora pasase a una comisión bicameral.

ANTESALA DE LA INTERPELACIÓN A BONOMI