Habían vuelto hace poco a Uruguay para terminar su condena.

La Justicia concedió la libertad condicional a los militares retirados Tomás Cassella y Eduardo Radaelli, vinculados junto con Wellington Sarli al caso Berríos. Cassella y Radaelli llegaron al país hace poco, en tanto Sarli permaneció en Chile por motivos personales.

Cassella y Radaelli son dos de los procesados y condenados en Chile por el secuestro en Uruguay de Eugenio Berríos, el químico que trabajó para el dictador Augusto Pinochet. En Chile también se les tipificó el delito de asociación ilícita.

En agosto de 2015, la Corte Suprema chilena dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos.

Según la sentencia de la justicia trasandina, Casella fue condenado a diez años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita.

Por su parte, Radaelli fue condenado a diez años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sarli, por su parte, fue sentenciado a cinco años y un día por su responsabilidad como cómplice de secuestro y a 60 días asociación ilícita.

El químico Eugenio Berríos fue responsabilizado de la fabricación en Chile del denominado gas sarín que fue usado contra los opositores del régimen de Pinochet.

Su cadáver apareció en una playa cercana a Montevideo en 1995, cuatro años después de huir de Chile para eludir investigaciones en su contra.

Otros once militares chilenos fueron condenados como autores materiales, intelectuales y cómplices del secuestro y asesinato. La vinculación de Berríos con el Ejército uruguayo se concretó cuando el científico huyera a Uruguay en noviembre de 1991, en pleno gobierno del expresidente nacionalista Luis Alberto Lacalle, para evitar declarar en el juicio abierto por el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976.

Aunque la muerte del científico se produjo en territorio uruguayo, la justicia chilena pidió la deportación de los presuntos responsables, cosa a la cual la Suprema Corte de Justicia (SCJ) accedió por unanimidad de sus cinco ministros en 2006.

JUSTICIA CHILENA