POR CUATRO AÑOS

La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley que dispone la prohibición por un período de cuatro años, desde que la ley entre en vigencia, del uso del procedimiento de fractura hidráulica (fracking) para la explotación de hidrocarburos no convencionales.

La iniciativa se originó en un proyecto del diputado colorado Walter Verri, y establece además la creación de una Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica que deberá analizar la técnica aplicada a nuestro territorio y su evolución tecnológica, a efectos de asesorar al Poder Ejecutivo y al Parlamento para tomar una decisión definitiva o para continuar con la moratoria.

El tema se comenzó a tratar en 2016 y existían en la comisión de Industria de Diputados tres proyectos de ley que básicamente establecían una prohibición absoluta, otro similar pero dándole retroactividad, ambos presentados por diputados del Partido Nacional, y un tercero presentado por Verri a nombre del Partido Colorado de moratoria, que fue el que finalmente se votó.

Verri recordó que la idea de establecer una moratoria del fracking fue presentada dos veces por el senador colorado Pedro Bordaberry, pero nunca fue discutida en el Senado.

En la discusión el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) pese a que votó a favor, recalcó que es partidario de la prohibición total de una técnica "destructora", y se preguntó qué puede pasar dentro de cuatro años cuando expire la moratoria.

También el nacionalista José Andrés Arocena pidió la prohibición total del fracking y se preguntó "por qué andamos con términos medios". La moratoria "es lo menos malo", advirtió Arocena.

El fracking "es totalmente negativo para el medio ambiente", apuntó el diputado oficialista Carlos Varela. Pero advirtió que si se votara una prohibición definitiva podría ser levantada por el próximo gobierno.

Verri sostuvo que este proyecto "está en la línea de seguir reglamentando y regulando principios constitucionales que tienen que ver con la protección del medio ambiente".

"Adoptar una legislación prohibitiva en forma definitiva, temporal o a modo de moratoria es una decisión de política ambiental, de política de desarrollo, que nuestro país puede adoptar y tiene margen constitucional para hacerlo", sostuvo.