El "Protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o de género en el ámbito del Ministerio del Interior" —tema que impacta fuerte al personal policial— que firmó por decreto el presidente Tabaré Vázquez, el martes, prevé el retiro obligatorio del arma de reglamento y sanciones disciplinarias para el ofensor, así como medidas reparatorias para la víctima.

El decreto indica que el retiro del arma de un funcionario del Ministerio del Interior denunciado por estos hechos es una medida preventiva que se debe comunicar "a las unidades ejecutoras u organizacionales donde cumple funciones" y a la Junta Médica Nacional de Aptitud", además de extender una constancia a la persona denunciada. El arma de la persona ofensora debe ser enviada a la unidad ejecutora donde presta servicios, hasta que una junta médica evalúe el reintegro de la misma.

El domingo pasado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que en lo que va del año 2015 fallecieron cuatro personas por violencia doméstica en familias de policías y otros funcionarios policiales se quitaron la vida por motivos similares. El caso que generó mayor repercusión fue el de una mujer asesinada a balazos en enero pasado por su esposo policía, en una plaza de Minas. En el expediente judicial, el policía declaró que intentó dejar el arma en el Grupo Especial de Patrullaje antes de matar a su pareja pero no se la aceptaron, porque no tenía un candado.

Culminada la investigación administrativa en la unidad ejecutora del ofensor y constatada la responsabilidad de éste, se considerará falta grave e iniciará un sumario en que se decidirá la sanciones disciplinarias y la graduación de las mismas, para lo que "no se tendrá en cuenta la retractación de la víctima" en caso que ocurra, indica el protocolo. Para las sanciones deberán tenerse en cuenta criterios valorativos como la reincidencia en situaciones de violencia doméstica o de género del ofensor, mayor grado y cargo jerárquico que tenga y el uso del arma en la situación de violencia, agrega.

En tanto, entre las medidas reparatorias administrativas para las víctimas, se incluyen no computar las ausencias laborales vinculadas a estas situaciones, no computar como demérito los partes médicos y licencias médicas por este tema y que se le puede proporcionar subsidios económicos y apoyos especiales, así como coordinar con otras instituciones con competencia en la temática.

El protocolo señala que "será obligatorio para todo el personal del ministerio denunciar de manera inmediata todo acto de violencia doméstica y/o de género que involucre al funcionarado de la institución" y que todas las actuaciones a que diera lugar la denuncia "serán de carácter reservado".

El decreto indica que la omisión o negativa de recibir la denuncia o el diligenciamiento de pruebas preceptivas "configurarán falta grave". También prevé la creación de un "Equipo de Recepción de las actuaciones en violencia doméstica y/o de género", al que se derivarán todas las denuncias. Ese equipo evaluará cada situación "a fin de determinar los factores de riesgo", ver los antecedentes del ofensor, verificar el retiro preventivo del porte de armas, derivar a los servicios de atención existentes, según la calidad de víctima u ofensor del funcionario.

Todo el personal involucrado en calidad de presunto ofensor en una situación de violencia doméstica o de género "será asistido de manera integral por el servicio especializado a tal fin", lo que será competencia del Servicio de Asistencia a Ofensores de Sanidad Policial. Se deberán realizar evaluaciones diagnósticas a los funcionarios implicados como ofensores y definir la intervención requerida.

También "determinar el riesgo vital y de salud que supone para la vida de las víctimas, para la sociedad en general y riesgo ético para el propio Ministerio del Interior, el desempeño de tareas habituales por parte del personal implicado en estas situaciones de violencia".

El objetivo general del protocolo es "erradicar las situaciones de violencia doméstica y de violencia de género que involucran, directa o indirectamente, al funcionariado del Ministerio del Interior, sea en calidad de víctimas o de agresores".

El protocolo fue realizado desde una "perspectiva de género y de equidad generacional" y sostiene que esta sociedad está organizada "alrededor de relaciones de poder genéricas", jerarquizadas "en razón del género en la mayor parte de las cuales las mujeres ocupan el lugar mas desfavorable". Expresa que la Policía es una institución "fuertemente masculinizada"; que la violencia basada en género es "aquella sustentada en las inequidades de género, mayoritariamente contra las mujeres" y están enmarcadas "dentro de una relación de poder, dominio y discriminación".

Sobre la violencia doméstica dice que "es un asunto público que ocurre en el ámbito privado e incide en ambas esferas, pública y privada". Sostiene que en nuestras sociedades "regidas por un paradigma adulto-céntrico", las personas más jóvenes y las más ancianas "son las más vulnerables a la discriminación y abuso de poder por su condición de edad".

Desde que se creó hace un año, la ONG Zonta Club Punta del Este-Maldonado atendió 500 mujeres y 60 adolescentes víctimas de violencia doméstica en Maldonado. Mariela Guadalupe, integrante de la organización no gubernamental, dijo que el problema siempre existió pero ahora las mujeres se sienten respaldadas y lo pueden hablar. Según informó FM Gente, la ONG fue distinguida con el segundo lugar entre 99 proyectos, en un concurso mundial de Zonta Internacional que premia la labor en programas de intervención en violencia en mujeres, niños y niñas.

Hoy, a la hora 18:00, en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, se presentará la publicación "La violencia contra las mujeres en la agenda pública. Aportes en clave interdisciplinar", autoría de antropólogas, abogadas, trabajadoras sociales y licenciadas en comunicación y sociología.

El texto incluye la primera "autopsia verbal" realizada en Uruguay sobre casos de mujeres asesinadas por sus parejas. Esta es una técnica de relevamiento de información desarrollada por el Instituto de Métrica y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington y consiste en la aplicación de un cuestionario estandarizado a los miembros de la familia y la comunidad de la persona fallecida.

"Las historias de María y Lucía se reconstruyeron a través de entrevistas a su asesino en un caso, los familiares, las amigas y otras personas de sus entornos. De la caracterización de estas mujeres surge la diversidad de situaciones personales en relación con su entorno socioeconómico y cultural. Sin embargo, en ninguno de los casos pudieron desplegarse dispositivos de protección efectivos que evitaran la muerte", expresa el libro.

En las reflexiones finales, las autoras señalan el "impacto limitado" de las políticas públicas y algunos avances legislativos, ya que "los números de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no han disminuido".

Añaden que tampoco parece haber incidido "cierto reconocimiento formal de las desigualdades entre varones y mujeres", por lo que concluyen que "estamos frente a un problema muy complejo cuya solución implica tratamientos radicales y más comprehensivos que llevan a resultados siempre inciertos". "La eliminación de este tipo de violencia solo podría lograrse de forma total si se desterrara la inequidad en las relaciones de género", acotan.

Sanciones a ofensores y medidas reparatorias a las víctimas