A raíz de la detección de una situación de "debilidad política" en el presidente Tabaré Vázquez, enfrentado al Frente Amplio y debiendo resignar terreno, el Partido Nacional le arroja un salvavidas: el líder del movimiento Todos, Luis Lacalle Pou, ofreció un acuerdo de gobernabilidad al mandatario, condicionado a "un plan" con "objetivos compartibles".

"El presidente no ejerce la autoridad en un momento de turbulencia. El Partido Nacional va a ser firme con el gobierno. ¿Eso qué significa? Significa gobernabilidad, que haya un plan. Si hay un plan y medianamente se comparte y se ejecuta, el Partido Nacional va a estar", anunció Lacalle Pou en un momento en que el principal partido de la oposición dispara munición gruesa contra el Poder Ejecutivo por la situación de inseguridad, el estado de la educación pública con sus conflictos y la situación económica.

Los anuncios del senador del movimiento Todos se suman a un cuestionamiento hecho el fin de semana por el senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), quien advirtió por el "declive" de la economía, afirmando además que el gobierno está "desprotegiendo" a la ciudadanía en materia de seguridad, salud y educación.

Los dos líderes nacionalistas expusieron coincidencias en su opinión acerca del momento que vive Vázquez al frente del Poder Ejecutivo por la creciente resistencia que algunas de sus decisiones despiertan en el seno del Frente Amplio, donde la mayoría de los grupos hicieron que cambiara su opinión sobre el TISA o que echara para atrás el decreto de esencialidad a raíz del conflicto educativo.

Larrañaga dijo el sábado en un congreso de la lista 66 del diputado aliancista Pablo Abdala que en la campaña electoral el Frente Amplio "nos pintó la realidad de un país poco menos que exuberante en su crecimiento y con inmejorables respuestas".

Tras reunirse con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Lacalle Pou afirmó ayer que el ministro de Economía, Danilo Astori, "tiene voracidad fiscal" y recordó que habló en la campaña electoral sobre "bases que no eran ciertas, que no eran sólidas" en materia económica.

Uno de los temas que Lacalle Pou conversó con la directiva de ARU, fue el próximo aumento de la Contribución Inmobiliaria Rural, contenido en un artículo del proyecto presupuestal del Poder Ejecutivo que elimina una exoneración que data de 2002 al pago de ese tributo. Eso, en los hechos, se convierte en un aumento indirecto.

Se trata de un planteamiento del Congreso de Intendentes al Poder Ejecutivo, donde hay doce intendentes blancos. La bancada de diputados del Partido Nacional aún no se reunió para ver qué posición adopta sobre este artículo.

De todos modos, sea cual sea la decisión de la bancada, el diputado Mario Ayala (Alianza Nacional, Artigas) ya resolvió que no votará el ar- tículo del proyecto de Presupuesto por el cual en la práctica se aumenta la Contribución Inmobiliaria Rural un 22% para el sector agropecuario, según adelantó a El País.

"Los intendentes en principio tienen razón porque el gobierno central les retacea recursos. A priori no compartimos conseguir recursos para las intendencias elevando impuestos. Nuestro sector no va a votar nuevos impuestos porque el agro no resiste más tributos. Los costos han subido y los márgenes han bajado", declaró ayer Lacalle Pou.

Mayoría de blancos no vota aumento de contribución rural