La Corte en disyuntiva de apurar o demorar el fallo sobre el IRPF

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El 3 a 2 en la Corte por la inconstitucionalidad del IRPF, dado por cierto en varios círculos políticos y del foro, abrió en la corporación la inquietud por las suspicacias que puede generar una demora del primer fallo e instala el tema en su agenda.

Es que el 7 de abril, la ministra Sara Bossio debe pasar a retiro por cumplir 70 años y el nuevo quinto ministro puede modificar este equilibrio, ya que se atribuye a esta magistrada una postura adversa a la tesis del gobierno de que el impuesto a los pasivos es constitucional.

Ayer, el semanario Búsqueda informó que, si bien no hay aún fallos formalizados con los votos de los cinco magistrados, las posiciones adoptadas por éstos en diferentes expedientes que tienen a estudio arrojan un resultado de 3 a 2. Esto representaría un duro golpe para el gobierno y en especial al ministro de Economía, Danilo Astori.

Desde los jubilados y desde la oposición crecieron ayer las voces que reclaman una pronta definición de las acciones de inconstitucionalidad.

Según las fuentes consultadas por El País, la cuestión de acelerar fallos antes del retiro de la magistrada ya está instalada en los pasillos y despachos del Palacio Piria.

El presidente de la Suprema Corte, Jorge Ruibal, debió salir ayer a dar una apurada conferencia de prensa para referirse a lo publicado por Búsqueda, lo que no desmintió, pero calificó de "especulaciones". El magistrado aclaró que no hay fallos formales, que en el curso de los debates dentro del organismo los jueces pueden cambiar posiciones iniciales, pero reconoció que, en uno u otro expediente, todos los miembros del máximo tribunal había adoptado posición.

Aseguró que estas posiciones no eran conocidas por los demás miembros del tribunal y que se depositaban en una caja fuerte hasta el momento del acuerdo sobre cada expediente en particular. Agregó que los expedientes que están más avanzados fueron estudiados tan solo por dos ministros, lo que hace improbable que en un trámite normal se resuelvan antes del retiro de Bossio.

La espera al retiro de Bossio y el trámite de venia parlamentaria y designación del nuevo quinto miembro darían un respiro al gobierno y mayores chances de un fallo que no desarticule el esquema tributario de Astori. En el foro se da por cierto que hacia allí apuntan las intenciones oficiales.

Ruibal Pino arguyó ayer que los ministros consideran solamente los argumentos presentados por distintos abogados en los diferentes escritos y que sus posiciones pueden variar en función de estas circunstancias o porque sean convencidos en el debate del pleno por alguno de sus pares. Este extremo es relativizado por destacados juristas, como Ernesto de los Campos o Gonzalo Aguirre, que señalan que cualquier juez ya tiene una opinión formada sobre la constitucionalidad de una ley tan conocida y comentada (ver notas en esta página).

El presidente de la Corte barajó incluso otra posibilidad y fue que en tanto se designe un nuevo ministro de la Corte, el cuerpo se integre con los ministros de los tribunales, a quienes se les entregarán diferentes expedientes "y se pueda aplicar una mayor diligencia con la resolución de todos los casos" (ver recuadro).

Si esto se concretara y hubiera empate entre los ministros de la Corte, podría suceder algo inusual: que el organismo tuviera diferentes posiciones sobre la constitucionalidad del IRPF, dependiendo de la opinión del ministro de tribunales que intervenga en cada caso.

"Una vez que se reúnan cinco votos en un expediente y luego del acuerdo que se realiza con los cinco ministros, en el cual alguno de ellos puede cambiar de posición o mantenerla, recién de allí saldrá la opinión de la Corte relativa a ese único expediente", explicó Ruibal. "Ni siquiera puede generalizarse que la primera opinión de la Corte con los cinco ministros, una vez que se haya realizado el acuerdo, pueda transmitirse o trasladarse a los cientos de expedientes restantes", añadió.

Los ministros consultados por El País rehusaron adelantar sus posiciones, pero coincidieron en que son conscientes de la expectativa que genera en miles de jubilados la resolución sobre los más de 500 recursos de inconstitucionalidad contra el IRPF presentados, pero que eso no puede influir en sus posiciones.

El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad del IRPF a los jubilados, aunque por distintos argumentos a los manejados en general en las acciones presentadas.

El presidente de la Suprema Corte, Jorge Ruibal, preferiría que haya sentencias sobre el IRPF antes del retiro de la ministra Sara Bossio. Pero de no ser así, Ruibal adelantó que tras el retiro de Bossio, la Corte se puede integrar con ministros de tribunales de apelaciones, quienes por sorteo trabajarán en este asunto y de esa forma se resolverían con más rapidez los casos.

El constitucionalista Gonzalo Aguirre, discrepó con esto, ya que si se da un empate dos a dos entre los ministros de la Corte, "el que define es el voto del quinto ministro, que va ser distinto en cada expediente y que puede tener criterios diferentes". Eso podría llevar que en el mismo asunto un caso "salga declarada la inconstitucional de la ley por tres votos contra dos y en otro caso puede salir constitucional también por 3 a 2", expresó. Aguirre dijo que eso debe evitarse nombrando un nuevo ministro que dé "la seguridad de que en todos los casos se va a fallar igual".

Representantes de asociaciones de pasivos y jubilados que reclaman la inconstitucionalidad del IRPF entregarán una carta abierta a los ministros de la Suprema Corte, en la que solicitan "el más rápido pronunciamiento" sobre la inconstitucionalidad o no del impuesto. Lo hacen "con el mayor respeto" a los ministros, "animados por la angustia que nos genera la falta de resolución de los recursos" y ante la posibilidad que el trámite se atrase al retirarse la ministra Bossio en abril, dice la carta.

La posibilidad de que algunos trabajadores públicos presenten recursos de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Renta a sus salarios se concretará en dos meses, dijo a El País el abogado José Saravia Antúnez, que patrocina a varios empleados estatales que se acercaron a consultarlo. El abogado indicó que trabajará junto al gremio de empleados municipales de Montevideo, Adeom, cuando éste resuelva definitivamente que recurrirá el gravamen. Según el presidente de ese gremio, Aníbal Varela, la asamblea general que sesionará en marzo definirá positivamente sobre la posibilidad de recurrir el IRPF a sus activos. Saravia Antúnez sostuvo que el Círculo Policial de Montevideo acordó accionar contra el Impuesto a la Renta a sus salarios y que él será quien los represente ante la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, el jurista indicó que individualmente patrocinará a empleados de UTE, el Banco República y otros organismos del Estado que desean impugnar el gravamen a sus salarios. Saravia Antúnez manifestó que también asesora a trabajadores del sector privado que desean impugnar el IRPF.