Publicidad

La Corte declaró que el Fondo de Solidaridad es constitucional

El Fondo otorgó 8.000 becas este año, la mayoría egresa en tiempo y forma.
Fachada del edificio de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, Udelar, ND 20130311, foto Inés Guimaraens - Archivo El País
Archivo El País

Fracasó el recurso presentado hace un año ante la Suprema Corte de Justicia por más de doscientos profesionales para que algunos artículos del Fondo de Solidaridad fueran declarados inconstitucionales.

El pasado 10 de septiembre y por unanimidad, los ministros de la Corporación rechazaron cada uno de los cuestionamientos realizados contra el Fondo, creado en 1994 para otorgar becas a estudiantes universitarios y de nivel terciario de bajos recursos.

"En la historia del Fondo hemos tenido tres presentaciones de inconstitucionalidad y todas han sido favorables a la ley. Este fallo es un reconocimiento al sistema, que está consolidado legalmente y forma parte de una política de Estado", dijo a El País el gerente general del Fondo, Enrique Miranda.

Los demandantes afirman en su recurso que el artículo 3° "viola el principio de igualdad" por establecer el monto del aporte tomando en cuenta los años de las carreras vigentes "a la fecha de promulgación de la ley", y así "congelar en el tiempo la duración de las carreras, ya sea si aumentan de años o disminuyen". La Corte consideró que "no se advierte violación al principio de igualdad, en la medida que la causa de distinción desde el punto de vista temporal es razonable, el fin perseguido es legítimo: en definitiva permitir el acceso a la educación terciaria a estudiantes imposibilitados de acceder a la misma, mediante la creación de un fondo de becas, existiendo una adecuada relación de proporcionalidad entre ésta última finalidad y los medios utilizados". También se cuestionó que el término "egresados" para definir a la condición de los contribuyentes es indeterminado. Para la Corte, alcanza con la definición de la Real Academia ("persona que culmina sus estudios") para identificar a los sujetos pasivos de la obligación de contribuir al Fondo.

"En definitiva, no constatándose la indefinición terminológica alegada ni la falta de definición legal del hecho generador de la obligación tributaria, no se advierte en la norma cuestionada infracción alguna a los principios de seguridad jurídica y legalidad consagrados en la Carta", sostuvo la Corte.

Los accionantes también recurrieron el Adicional del Fondo de Solidaridad porque "violenta los principios de seguridad jurídica". Para la Corte, los peticionantes no lograron fundar en forma "la colisión que alegaron que existía entre la Constitución y la ley".

Los cambios.

Miranda precisó que los cambios en la tributación del Fondo que fueron enviados al Parlamento y ya generan polémica, forman parte de una propuesta del Poder Ejecutivo. La oposición ha manifestado reparos a los aumentos de contribución y la Caja Profesional expresó su desacuerdo (ver nota aparte).

Uno de los cambios plantea que el mínimo de ingresos nominales —promedio mensual— para aportar pase de $ 12.200 a $ 24.400. Según Miranda, con este cambio serán exonerados de pagar unos 17.000 profesionales, una cifra equivalente al 18% del universo de los actuales contribuyentes.

En los primeros cinco años desde el egreso el profesional no paga, y eso no cambia. Sí se modifica el aporte entre el quinto y noveno año, el cual baja a la mitad ($1.526 para carreras de menos de cuatro años y $ 3.052 para carreras de más de cuatro años). Esto beneficiará a 12.000 profesionales. A partir del décimo año desde el egreso el aporte anual se duplicará. Miranda sostuvo que se apunta a favorecer a los profesionales en el inicio del ejercicio de la carrera, cuando sus ingresos son menores.

El aumento de tributación apunta a generar un efecto neutro en la recaudación frente los beneficios concedidos.

El cambio más polémico implica que la obligación de aportar durante 25 años se extienda hasta los 70 años o el momento de la jubilación. Un profesional, en promedio, se recibe a los 25 años y comienza a aportar a los 30. Con este cambio, los nuevos contribuyentes extenderán en diez años su aporte al Fondo. Esto implicará que en 2020 la masa de dinero recaudada aumente. Miranda dijo que se ha proyectado ese aumento para que calce con una estimación de incremento de la demanda de becas a partir de la caída de la deserción en la enseñanza media. "Se generará una demanda agregada de becarios y habrá que darle respuesta", dijo Miranda.

SABER MÁS

Caja de Profesionales

RECHAZO A CAMBIOS PROPUESTOS

Una delegación de la Caja de Profesionales Universitarios manifestó el viernes ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sus reparos hacia los cambios institucionales planteados para el Fondo de Solidaridad.

El proyecto de Presupuesto prevé que a la dirección del Fondo de Solidaridad ingresen representantes del Poder Ejecutivo para sustituir a los actuales delegados de las cajas de seguridad social de los Profesionales y de la Agrupación Universitaria del Uruguay.

La delegación de la Caja de Profesionales manifestó en sala que esta modificación nunca fue analizada por el directorio y que su representante allí ni siquiera fue consultado al respecto. El gerente general del Fondo, Enrique Miranda, dijo a El País que la reforma fue diseñada por el Poder Ejecutivo.

Otro de los cambios obliga a la Caja a vincular el certificado que extiende a los profesionales por pago al día del aporte jubilatorio al cumplimiento de las obligaciones con el Fondo de Solidaridad. Es decir, los morosos del Fondo no podrán acceder al certificado de la Caja, aún cuando estén al día con el pago de sus aportes jubilatorios. La Caja, según fuentes de la comisión, alegó que este cambio le genera una gran distorsión interna y deberá preparar todo su sistema informático, lo cual demandará una cuantiosa inversión. Los representantes de la Caja dejaron dos artículos sustitutivos para el análisis de la comisión.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
El Fondo otorgó 8.000 becas este año, la mayoría egresa en tiempo y forma.

Obligación de pagar hasta los 70 años aumentará recaudación desde 2020GONZALO TERRA

Publicidad

Publicidad