Tras pleitos por alquileres impagos, la comuna será demandada por daños y perjuicios.
Un negocio bien simple como arrendar o vender un bien inmueble a una Intendencia puede ser una verdadera pesadilla. El empresario Roberto Perrachón, presidente del directorio de Tonestar S.A., lo sabe porque lo está viviendo en carne propia.
Se mueve en el rubro de la construcción y terminó comprando el local de una vieja discoteca de Marindia: Keops.
Ubicada en el kilómetro 40 de la ruta Interbalnearia, del lado norte, fue una de las discotecas más populares de la costa canaria durante la primera década de este siglo.
Tras ser clausurada, la Intendencia arrendó el local de la discoteca y no pagó el alquiler correspondiente. La empresa Tonestar, propietaria del bien, inició juicio por mal pagador a la comuna y ganó. Mientras tanto, el local fue destrozado por personas que lo ocuparon.
Ahora la firma vuelve a la Justicia contra la comuna para reclamar por daños y perjuicios. El viernes se produjo una inspección ocular del lugar por parte de la juez de Atlántida.
La discoteca Keops fue cerrada en 2009, después de que se produjera un homicidio a la salida de un baile en medio de una gresca de grandes proporciones entre barras de Salinas y El Pinar. La Junta Departamental le quitó los permisos para funcionar.
En octubre de 2011 la Intendencia Departamental de Canelones resolvió -con la firma del entonces intendente Marco Carámbula y el secretario general Yamandú Orsi (actual intendente)- alquilar el local de Marindia, previendo instalar allí un centro cultural, lo que nunca concretó.
El 25 de junio del año 2012, el propietario original del inmueble lo vendió a la sociedad anónima Tonestar, la que además de no poder hacerse del bien, no obtuvo el pago ni de un mes de alquiler por parte de la comuna canaria.
En abril del año 2013, la Sociedad Anónima presentó un escrito ante la Justicia intimando a la Intendencia de Canelones al pago de lo adeudado por los alquileres, que meses atrás estimó en un monto cercano a US$ 20.000.
Finalmente, tras una serie de instancias judiciales, la empresa logró desalojar a la Intendencia, por mal pagador.
Posteriormente, Tonestar pudo hacerse de los alquileres no sin antes litigar durante varios meses contra la Intendencia, según explicó el empresario a El País.
Mientras tanto, el local quedó en manos de malvivientes que, en ausencia de alguien que los detuviera, lo destrozaron sin razón aparente. "El local tenía seis baños, no queda nada rompieron todo. Prendieron fuego adentro y quemaron toda la parte de madera, se llevaron hasta las alarmas. Desapareció un enorme generador que ocupaba una pieza. Dentro de lo que eran las pistas no queda nada. Tapiamos todas las aberturas con bloques y volvieron a entrar", dijo Perrachón.
Invasión.
El empresario ha tenido que sacar personas que se apoderaron del lugar tras romper los bloques. Es tanto el tránsito que hay hacia el local que se ha formado un trillo en medio de la maleza que lo rodea. "Saqué a un hombre que se había traído un colchón. Me dijo que no tenía otro lugar para quedarse porque no tenía trabajo. Le ofrecí trabajo y se fue", afirmó el dueño del local.
La empresa entiende que el grave deterioro del local es responsabilidad directa de la Intendencia de Canelones. La comuna intentó alcanzar un acuerdo económico con la firma pero nunca terminó de cumplirlo.
En determinado momento ofreció US$ 175.000 para adquirirlo, la empresa aceptó y luego la Intendencia no cumplió lo acordado, según dijo el empresario a El País.
El negocio quedó trancado tras un duro enfrentamiento en la interna del Frente Amplio en medio de la campaña electoral por las municipales.
El Frente Líber Seregni, del actual ministro de Economía, Danilo Astori, sostenía que el acuerdo sacaba del centro de Salinas los servicios culturales y que de esa forma se rompía una política de planificación, según declaró el entonces diputado Horacio Yanes, actual director de Turismo de la comuna.
Tras semanas de polémica el propio poder judiacial terminó haciendo saber que no había un acuerdo económico por la adquisición del inmueble. Otra vez, a foja cero y la batalla por Keops continuó por otro lado.
Inspección.
El local está instalado en un punto estratégico de la costa canaria. Diversas empresas han ofrecido comprar o arrendar el local y Tonestar no ha podido. Antes tiene que recuperar el dinero perdido como consecuencia de la demolición realizada por los malvivientes.
Por ese motivo el abogado de la empresa, Martín Cabrera, solicitó a la Justicia una inspección ocular del edificio para luego iniciar un juicio por daño y perjuicios contra la Intendencia de Canelones.
El inventario, al que accedió El País, realizado antes de suscribir el arrendamiento, informa con detalle sobre el estado en que se encontraba el inmueble antes que pasara a manos de la Intendencia.
El documento certifica la existencia de instalaciones propias de una discoteca sin los aparatos electrónicos y los bares. Los baños estaban en buen estado, tenía una luminaria básica, había un sistema de alarmas, las escaleras estaban sanas, las paredes tenían algo de humedad y el patio contaba con un decorado especial.
En la actualidad quedan paredes destrozadas, techos afectados por el fuego, baños destrozados, vestigios de barras y no hay cables, según pudo constatar El País.
El pasado viernes 28 la juez letrado de Atlántida, María Laura Sunhary de las Carreras, se presentó en el lugar junto con una actuaria y los abogados que representan a las partes en conflicto.
Además, se presentó una perito cuyo informe será utilizada para cuantificar las pérdidas en el local en base al inventario del año 2011. Los honorarios de la perito corren por cuenta del futuro demandante al igual que los otros costos resultantes de la tramitación.
Se trata de una "diligencia preparatoria", solicitada por la empresa propietaria del inmueble, para lo que será un pleito por daños y perjuicios.
Si bien el informe de la especialista todavía no está disponible y falta conocer otros detalles, se estima que la demanda contra la comuna sería "prima facie" por US$ 80.000. En ese contexto, la defensa del empresario no descarta que la reclamación sea por más dinero.
Homicidio.
En julio del año 2009, Keops apareció en los noticieros centrales de televisión debido a que en las afueras de la discoteca del balneario Marindia hubo una trifulca entre decenas de jóvenes integrantes de grupos de Salinas y El Pinar.
Se hicieron disparos que provocaron heridas a varios jóvenes y uno de ellos, de 19 años, falleció.
"Eran como 70 u 80 que se pegaban con todo lo que podían, con los cascos de motos, con palos, piedras. Mi hijo salió de casa y entró corriendo diciéndome que no me asomara porque era una locura. Entonces empezamos a escuchar los tiros", relató en agosto de 2014 a El País Carmen, una vecina que vive a media cuadra de la discoteca de Marindia, a cuyas puertas comenzó la trágica reyerta en junio de 2009.
Aquel episodio fue determinante para el final del negocio nocturno. Poco tiempo después del episodio la Junta de Canelones le quitó los permisos y el boliche debió cerrar.
Desde varios años antes la discoteca Keops venía siendo resistido por vecinos de la zona, quienes tomaron acciones legales para evitar su apertura una y otra vez.
El local había sido clausurado en el año 2004 por decisión de la Suprema Corte y permaneció así hasta el año 2007, cuando la Intendencia de Canelones volvió a otorgarle a los propietarios el permiso para funcionar.
La Suprema Corte falló en contra.
La discoteca Keops siempre tuvo inconvenientes con el entorno. En el año 2007 un grupo de vecinos de la zona pidieron el cierre de la discoteca de Marindia. Antes de eso, en el año 2004, cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) firmaron la sentencia que clausuraba el local por "perturbación del medio ambiente", a raíz de denuncias de los ruidos que causaba el local durante la noche. Sin embargo, en el año 2007, tras una solicitud de los propietarios de la discoteca, la Intendencia de Canelones habilitó la reapertura del local, lo que volvió a ser cuestionado por vecinos del balneario.
Keops era una discoteca que reunía a cerca de un millar de jóvenes cada fin de semana. Tenía dos pistas interiores, con barras y una zona VIP en el exterior. Era común que tocaran allí orquestas tropicales en vivo.
Aquella situación determinó que algunos vecinos malvendieran sus propiedades o las alquilaran para irse a vivir a otras zonas, hartos de los perjuicios que les generaba la discoteca.
Ahora la situación es diferente pero los vecinos siguen reclamando soluciones. Tras el litigio judicial entre los propietarios y la Intendencia de Canelones el local se transformó en un centro de reunión de malvivientes.
Los "visitantes" generaron todo tipo de perjuicios contra el local y los vecinos.
"Desarman motos, consumen drogas, toman alcohol, es un peligro, hasta colchones encontramos. Tapiamos todo con bloques y rompen las paredes y entran como si nada", afirmó el empresario Roberto Perrachón a El País.
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