Según datos del Poder Judicial, los Juzgados de Faltas de 1º y 2º Turno dictaron el pasado año un total de 576 sentencias definitivas. La Ley de Faltas y Conservación de Espacios Públicos (19.120), está vigente desde el 22 de agosto de 2013 y la Suprema Corte de Justicia concluyó recién a fines de abril pasado que la nueva norma es constitucional.

El Poder Judicial indica también que al 31 de diciembre había 851 asuntos pendientes a resolver.

Se archivaron durante el primer año de funcionamiento unos 1.092 asuntos y no se elevó ningún expediente a la Suprema Corte de Justicia.

"Se trabajó muy bien. Estamos muy satisfechos", dijo a El País el subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gustavo Belarra.

Según Belarra, la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) coordinó "muy bien" el trabajo con los Juzgados de Faltas. "Se trabajó de forma eficiente", dijo.

En diciembre, el Ministerio del Interior hizo públicos los datos referentes a la aplicación de la Ley de Faltas a personas por "ocupación indebida de espacios públicos".

Según la cartera, al 30 de noviembre de 2014, unas 5.672 personas fueron desalojadas del lugar donde dormían en la calle. La mayoría, 53,5%, fueron conducidas una sola vez, lo que equivale a 1.265 personas.

Entre quienes fueron conducidos hubo 21 personas de nacionalidad extranjera: seis argentinos, dos chilenos, dos brasileños, cuatro colombianos, dos españoles, tres peruanos, una ciudadana estadounidense y una hondureña.

La Ley de Faltas establece que la persona que se encuentre incumpliendo la norma debe ser conducida a la Justicia y se le debe aplicar una pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario (artículo 14 de la Ley 19.120).

El juez de Faltas, Jorge Pírez dijo en su momento que no se puede procesar a personas que pernoctan en la calle cuando en los procedimientos no consta que se les haya ofrecido "una alternativa adecuada a su situación", lo que es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Las brigadas de calle agrupan a todos los que recogen en el mismo parte, sin discriminar entre las distintas situaciones y tampoco se hace constar la intervención del Mides

Las actuaciones policiales se han concentrado en esta primera fase en 13 de las 25 seccionales de la Jefatura de Montevideo. En caso de que la persona se niegue a cumplir la tarea que se le haya asignado, se los envía a prisión y se los ubica a los infractores en celdas individuales, aislados del resto de la población carcelaria.

Las infracciones más frecuentes son las de tránsito: incumplimiento de disposiciones básicas, como no poseer documentación habilitante, consumo superior de alcohol por litro de sangre, conducir al doble de la velocidad autorizada, o no emplear el casco.

La OSLA cuenta con diversos equipos técnicos para definir el perfil psicosocial de cada persona sin antecedentes penales que, en lugar de ser enviado a una cárcel, recibe como sanción una pena alternativa como trabajos comunitarios.

En estos casos, como en el mundo del delito, el porcentaje de hombres penados es "abrumadoramente mayor" que el de mujeres. El último documento manejado establecería una correspondencia de 90 a 10.

La Suprema Corte de Justicia otorgó 728 libertades anticipadas, 1.449 libertades condicionales y 23 libertades provisionales en el transcurso del año 2014.

Según los datos del Poder Judicial, el total de expedientes tramitados ascendió a 5.715, número inferior al año anterior y prácticamente idéntico a 2011.

El porcentaje de libertades anticipadas a penados o condenados sobre el total de asuntos tramitados fue de 39,14%.

El porcentaje de libertades condicionales -a penados con libertad provisional al momento de quedar ejecutoriada la sentencia de condena- sobre el total de asuntos tramitados fue de 97,97%

Las cifras surgen de un estudio estadístico realizado por la Sección Libertades y Visita de Cárceles.

Responsables destacan coordinación entre Justicia y Ministerio del Interior