“Cuello de botella físico”, “desborde de almacenamiento”, “archivo que no da para más”. Así de gráficos fueron los flamantes miembros del Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez al denunciar en la comisión de Lavado del Senado los problemas de recursos que enfrenta.

El Parlamento analiza modificaciones al régimen de declaraciones juradas establecido en la ley 17.060, pero el jueves pasado, el presidente Gil advirtió que aun sin entrar en vigencia la ley, para el año que viene tendrían “un cuello de botella físico, y cuando entre la nueva tanda de declaraciones juradas del Ministerio del Interior se nos desbordará nuestro almacenamiento”. Las declaraciones del Ministerio del Interior son unas 10.000 que se agregan a las 46.000 actuales que se hacen por año. Pero esas cifras son parciales porque la Jutep tiene 120.000 declaraciones juradas en papel guardadas.

Gil dijo, según la versión taquigráfica, que los problemas de recursos “no sólo se resuelven con más presupuesto, sino también con racionalidad”, y en ese sentido planteó la necesidad de aumentar la digitalización de las declaraciones juradas de sujetos obligados. De las 46.000 actuales hay 9.000 digitalizadas, pero del stock de 130.000 que tiene guardadas la Jutep hay 120.000 que figuran en papel, dijo Gil.

A esto se suma que, según la vocal Rodríguez Larreta, “tampoco da la plata para hacer la publicidad de los omisos” que debe concretarse a través del Diario Oficial y una publicación de circulación nacional.

Las carencias también pasan por el perfil de los recursos humanos. Según dejó en claro el vicepresidente Daniel Borrelli, la Junta cuenta con dos abogados que están en comisión de otros organismos y “probablemente esa comisión cese porque no llena nuestras expectativas”. Para el análisis de las declaraciones, Gil expresó que “examinar declaraciones juradas implica recursos humanos con un perfil distinto a los que tenemos hoy; estamos hablando de analistas, de contadores de análisis patrimonial, financiero” que “es distinto a procesar algunas cosas”.

La intención de las nuevas autoridades es que se llegue a un protocolo que permita abrir un determinado número de declaraciones juradas como forma de medir el riesgo de delito para derivar a la Justicia.

DECLARACIÓN JURADA