EXPEDIENTE JUDICIAL

Justicia retoma denuncia penal contra Tabaré Vázquez por UPM

Renuncia de Masoller en 2017 generó reapertura del expediente judicial.

UPM: la empresa construiría su segunda planta al sur del Río Negro, en las cercanías de Paso de los Toros. Foto: Daniel Rojas
UPM: la empresa construiría su segunda planta al sur del Río Negro. Foto: Daniel Rojas

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza de dicha materia, Beatriz Larrieu, el desarchivo de una denuncia penal presentada por el abogado Gustavo Salle contra el presidente Tabaré Vázquez, el secretario de Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario, Andrés Roballo y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García por "hechos con apariencia criminal". Salle consideró que estos jerarcas negociaron con la empresa UPM un contrato de inversión, algo que no permitiría la ley de inversiones de enero de 1998.

Salle y el exfiscal de Menores, Enrique Viana, presentaron un escrito en el Juzgado pidiendo el desarchivo del expediente luego que el entonces número tres del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, presentara renuncia a su cargo por diferencias en las negociaciones entre el gobierno y la empresa UPM.

En el escrito, al que tuvo acceso El País, Salle y Viana adjuntaron el contrato firmado con la multinacional. También insistieron en que la Justicia citara a declarar a Vázquez y a otros jerarcas del gobierno.

Para Salle, el gobierno "está actuando del margen de toda competencia constitucional o legal. Asimismo, no ha habido un llamado o una licitación pública internacional previa a la negociación de ese contrato de inversión con UPM".

A juicio del abogado penalista, la negociación se realizó "en forma clandestina, a espaldas del pueblo, en la opacidad. Se obstruye de este modo el acceso del pueblo a un contrato en el cual el gobierno es parte en nombre del Estado e invocando la representación del pueblo", dijo a El País.

Salle consideró que, en el acuerdo, "el gobierno subordina su voluntad estatal a la de una empresa privada, comprometiéndose a dictar actos administrativos en función de un contrato, antes que en obediencia a la constitución y a la ley" (...) Es el Estado al servicio de UPM. Es el Estado contratado por UPM", agregó.

En su resolución, la jueza Larrieu citó a Salle a declarar el próximo viernes. Por su parte, el fiscal Pacheco escuchará la declaración de Salle para decidir si citará a Masoller o algún otro jerarca del gobierno.

Medida.

Salle y Viana amenazaron con presentar un recurso ante la Justicia Civil para impedir que el Poder Ejecutivo ejecute cualquiera de las obligaciones que asumió con UPM.

En particular, la inversión millonaria en infraestructura que tiene planificada a los efectos de lograr que la multinacional instale su segunda planta de celulosa en el país. El gobierno señaló que las inversiones se realizarán independientemente si la pastera decide instalarse o no, lo que Salle considera una mentira. "Qué sentido tiene hacer a nuevo la línea férrea entre Paso de los Toros y Montevideo si no es para UPM", se preguntó. "Es ridículo", dijo al portal de noticias ECOS.

El abogado insistió en que las acciones del gobierno son inconstitucionales, ya que Vázquez no está amparado por ninguna ley para negociar los recursos naturales, financieros y económicos del país.

El acuerdo no fue fácil primero se dijo que el gobierno y UPM firmarían el acuerdo en junio de 2017. Pasó junio y luego julio. Es que las exigencias de UPM para instalar su segunda planta era muy elevadas. Ello generó una interna feroz dentro del gobierno hasta que el acuerdo se firmó el 12 de septiembre de 2017.

El "Gurka" Masoller y los reclamos de UPM.

Antes de renunciar a su cargo en la dirección de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller tenía un rol absolutamente central en las tratativas con UPM.

Masoller se ganó el apodo de "Gurka" dentro del MEF por su franqueza y por no ceder fácilmente en una negociación. Al dejar el puesto aclaró que se iba por estar disconforme con cómo el gobierno estaba manejando las negociaciones con la multinacional. "Fundamentalmente (la renuncia) es por desacuerdos con la forma en que se está llevando adelante la negociación con UPM", dijo Masoller a El País. A este malestar con concesiones que el gobierno realizó a UPM para que se confirme la inversión, se sumó su enojo por la solución del Ejecutivo para los denominados "cincuentones".

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